SERVICIOS PENITENCIARIOS
El fiscal acusa al Govern de dar un trato de privilegio a Oriol Pujol
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. Albalat
La Fiscalía de Barcelona ha recurrido la concesión por parte de la Conselleria de Justícia del tercer grado penitenciario o de semilibertad a Oriol Pujol, que en la actualidad solo acude a la dormir a la cárcel para cumplir la pena de dos años y seis meses de prisión que se le impuso por el cobro de comisiones ilegales por el 'caso ITV'. El hijo del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, abandonó la cárcel de Brians el pasado 29 de marzo, 71 días después de haber ingresado de forma voluntaria.
La acusación pública solicita ahora que se le anule el tercer grado penitenciario y vuelva a pasar todo el día encerrado en un centro penitenciario. En su recurso, el fiscal sostiene que la Administración penitenciaria no ha valorado "adecuadamente" las variables que deben concurrir para que Pujol únicamente acuda a dormir a un centro abierto durante, al menos, ocho horas. En su escrito, el ministerio público pide al juez de vigilancia penitenciaria que revoque su tercer grado, al considerar que con él se transmite a la sociedad "un peligrosísimo mensaje de que es rentable delinquir" y de que "la ley no es igual para todos".
El fiscal destaca que el tercer grado tiene un "carácter excepcional" y solo es posible dicha clasificación inicial cuando se han cumplido todos los fines de la pena que, en el caso de Oriol Pujol, "no se han cumplido". Y los enumera: el fin retributivo, la resocialización, la reeducación ni la prevención general ni especial . En su recurso agrega que si bien al interno tan solo le consta esta condena, la actividad delictiva se produjo a lo largo de los años 2010 y 2012" y no fue "una acción aislada, sino una forma de actuar prolongada en el tiempo" y desde la "posición de poder" que ostentaba.
La acusación pública también hace mención también a la gravedad de los delitos cometidos por Oriol Pujol y la utilización de sus cargo públicos para conseguir su objetivo, "lo que incide más en el reproche social y penal", ya que, además de político era el hijo del expresidente de la Generalitat. Por eso, a su entender, devino un "referente social y político de la comunidad" y en una "especial facilidad para la comisión de los hechos". A todo ello hay que añadir que el exdiputado de CiU está siendo investigado en la Audiencia Nacional por la fortuna familiar en el extranjero.
Posible reincidencia
El fiscal incide que el expolítico "muestra más que un arrepentimiento por la comisión delictiva, pesar por las consecuencias que derivan de haber sido descubierto y condenado por esos hechos". A su entender, no se han eliminado los riesgos de una futura reincidencia, más cuando se transmite con la clasificación en tercer grado "ese vaciado de pena y esa sensación de impunidad para determinados delincuentes".
"El interno es un privilegiado social y económicamente, lo que aprovechó para la realización de los hechos delictivos, por lo que darle ahora un nuevo trato privilegiado" como es un tercer grado "sólo refuerza su sensación de que su status le permite aprovechar sus prebendas para la comisión delictiva y que si finalmente es descubierto, se le dará un trato preferente, alejando así otalmente el efecto intimidatorio de la pena", recalca el fiscal.
Argumenta también que los delitos que cometió Oriol Pujol se dan en "un determinado entorno social" y "sumamente privilegiado", por lo que el regreso al mismo y a "esa familia" ni puede ser considerado como un elemento contendeor, sino "más bien un factor de riesgo". Destaca que si el hijo del expresidente cometió el delito por "un puro ánimo de lucro, por pura codicia, pese a tener medios de vida más que suficientes". El fiscal concluye que en estos "casos de corrupción política se ha de extremar la cautela" para no dar la sensación de que la pena "puede ser burlada
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