CITAS CON LAS URNAS

El plan del PP en Catalunya: 155 y expediente para los "adoctrinadores"

Casado abre la puerta a que las comunidades autónomas puedan devolver competencias

Los populares exigirán la "correcta" jura de la Constitución para los cargos electos

Pablo Casado y la candidata por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, en el acto de presentación del programa electoral en la ciudad condal.

Pablo Casado y la candidata por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, en el acto de presentación del programa electoral en la ciudad condal. / JOSEP LAGO / AFP

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Pilar Santos

El primer punto del programa electoral del PP recoge el compromiso de Pablo Casado con el "fortalecimiento de la nación". Según los conservadores, el 1 de octubre fue "un golpe al Estado" y "es necesario recuperar la legalidad, la convivencia y la prosperidad" en Catalunya. Para conseguirlo propone aplicar el artículo 155 de la Constitución "por el tiempo que resulte inexcusable" y que vele especialmente por los medios públicos como TV-3 y Catalunya Ràdio, el régimen penitenciario, la hacienda pública y la educación. Además, quiere reformar el Código Penal, para volver a tipificar como delito la convocatoria de referéndum ilegal y reformar la ley del indulto para prohibirlo en casos de rebelión sedición

En Barcelona, donde Casado ha presentado su programa electoral, el líder del PP ha explicado que en el asunto de la educación quiere reforzar la Alta Inspección del Estado y fortalecer sus competencias, de manera que cuando los funcionarios detecten "adoctrinamiento" en profesores o casos de "humillación" en los alumnos por motivos políticos puedan expedientar directamente a los responsables. Además, Casado quiere que esas irregularidades tengan consecuencias para la institución escolar y para conseguirlo quiere "vincular" esos casos a los fondos públicos que reciba el centro afectado. 

El sucesor de Mariano Rajoy también ha incluido en su programa la aprobación de una moratoria que paralizará la cesión de nuevas transferencias a las comunidades autónomas, para que se pueda hacer una "completa evaluación del funcionamiento del Estado Autonómico" y decidir qué medidas tomar para que el sector público sea "más racional y viable". En este capítulo, Casado ha incluido también que quiere que se establezcan "los cauces necesarios" para que aquellas comunidades que así lo deseen puedan devolver competencias "para que puedan ser administradas de manera más eficaz desde el Gobierno de la nación". El PP no concreta qué leyes habría que reformar para poder llevar a cabo esta opción. 

Más infraestructuras para la Policía y la Guardia Civil

En un futuro Gobierno controlado por el PP, se reforzará la "presencia del Estado" en todas las comunidades autónomas, un objetivo que quieren lograr con aumentar los "recursos materiales y humanos" a disposición de las delegaciones del Gobierno y también con la ampliación de las infraestructuras a disposición de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para así reforzar "sus capacidades ante los nuevos desafíos". 

En este apartado sobre el "fortalecimiento de la nación", también se incide en la necesidad de eliminar "organismos superfluos y duplicidades administrativas" y se avisa de que "se clausurarán todos los organismos e instituciones que socaven" la competencia del Estado de dirigir las relaciones internacionales, en referencia al trabajo que hacen en el extranjero las llamadas 'embajadas'.

Los juramentos y la Constitución

En el acto de Barcelona, Casado ha hecho solo referencia a algunas de las 500 medidas del programa electoral y una de ellas ha sido que exigirá el "correcto" cumplimiento de la prestación de juramento o promesa de la Constitución para ser parlamentario o cargo público, con lo que no valdrá ninguna "variación o añadido" en este acto que deben hacer todos los cargos electos. "No vamos a admitir ni mítines, ni soflamas ni ultrajes" a la hora de acatar la Carta Magna, ha advertido. Por eso, el PP propone que incumplir la fórmula de acatamiento constitucional supondría la pérdida de la condición de parlamentario. Una medida dirigida, entre otros, a los diputados independentistas catalanes, los de Podemos, o los "batasunos", según Casado, que suelen acatar la Constitución añadiendo a la fórmula "por imperativo legal". 

El castellano 

Los conservadores aspiran a desarrollar el artículo 3 de la Constitución a través de una ley orgánica para garantizar el uso del castellano en todas las comunicaciones públicas realizadas en cualquier parte del territorio nacional. "Nadie podrá ser multado o sancionado por utilizar el castellano", se puede leer en la medida número 12 del programa. 

En el apartado sobre educación, el PP quiere que "la lengua vehicular ordinaria de la enseñanza en todo el territorio español" sea el castellano y añade que en aquellas comunidades en las que existan lenguas cooficiales, "estas podrán también ser previstas como lenguas vehiculares".

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