La sexta semana del juicio del 'procés'

"Las instrucciones eran entrar, requisar el material e identificar a la gente. Nada más", ha explicado. 

"Se nos dio la instrucción de cumplir con el mandato del auto pero lógicamente hubo sitios donde no se realizó", ha dicho. 

"Se masticaba el odio y una rabia que yo no sé como la habían contenido tanto tiempo", ha dicho. "Yo no ví la producción de ninguna lesión", ha explicado. "No se hizo uso de la fuerza  excesivo. Fue proporcionado y congruente. No fueron agresiones sorpresivas porque los ciudadanos atacaron primero", ha dicho. 

"Los bomberos se pusieron en la primera línea de la resistencia", ha dicho. "había dos Mossos. Se opusierona  que entraramos y nos pedían qué mandato teníamos para entrar ahí", ha dicho. "Nos ha afectado a nivel pesonal. Aunque estamos acostumbrados a vivir de todo, afecta no solo a ti sino a tu familia, ya a la hora de pedir destino", ha dicho. "A mis hijos en el instituto les ha afectado. Soy una de las personas que denunció porque le sacaron a hacer una protesta con una pancarta a fuera del instituto a quejarse por nuestro trabajo. Mi hijo está orgulloso de su padre y quiere seguir con la profesión", ha dicho. 

"Yo sufrí algún arañazo y golpes. Recibí puñetazos en la espalda, pero no denuncié porque me ha pasado de todo en la vida", ha dicho. 

"Lo que viví ese día, no se me va a olvidar nunca. Era una muestra de odio y desprecio que no conocía, y eso que he estado en sitios que no quiero ni nombrar", ha dicho. "No había pacifismo por ningún lado. Pude oír los gritos de la gente. Derivó en una violencia inusitada", ha dicho. 

"Intervine el 1-O en un instituto de Sant Joan de Vilatorrada", ha asegurado el agente, que ha explicado que iba de paisano. "Vimos que a nuestro paso iban comunicando nuestros movimientos", ha explicado. 

"El oficial me dijo 'no vengas que esto es una puta locura'", ha explicado el agente. 

"Los palets venían con albarán. Se recibieron cuatro palets más. No venían con albarán, solo envueltos en film. El hombre que los trajo dijo que venían de la manipuladora", ha explicado el agente. 

"Había 180.000 carteles con la frase "Sí. Para echarlos fuera"", ha explicado. 

"Los trabajos fueron encargados por Jorge Miralles. Requisamos once planchas para el anuncio de las vías del tren y de la campaña 'toma partido por el sí'", ha explicado.

Hasta aquí el testigo. Ahora declara otro agente de la Guardia Civil que estuvo en el registro de Buzoneo Directo. 

Marchena llama la atención a la defensa de  porque parece que está "manteniendo un careo con el testigo" y eso "no procede". "No puede sostener una versión como si hubiera estado allí y contradecir al testigo como si no dijera la verdad", ha dicho. 

"Hubo un detenido porqeu una persona se echó sobre un agente y le mordió", ha dicho. 

"Los ciudadanos que estaban en el suelo no nos agredieron", ha dicho. "Pudimos retirarnos con dificultad pero sin problemas. Ninguno de los ciudadanos de los que bloqueaban la entrada nos intentó quitar las urnas incautadas", ha dicho. 

"Había gente que decía que no había que insultar, que había que estar callados. Había tres personas que habíamos detectado en tres puntos de votación", ha dicho. 

"Nunca por hacer mi trabajo me habían escupido. A día de hoy aún no lo enitendo. Por qué la gente del pueblo se había comportado como delincuentes", ha dicho afectado. 

"Había gente de todas las edades. Era un muro infranqueable para llegar al punto de votación. Todo el mundo grababa", ha dicho. "Al salir nos volvieron a insultar y escupir. Nos llegaron a  llamar 'asesinos'", ha explicado. "Sufrimos todo tipo de agresiones verbales, amenazas e intentos de agresión física", ha dicho. 

"Los compañeros del GRS pidieron a la gente que les dejaran actuar. Lo dijeron hasta cuatro veces. Había Mossos d'Esquadra pero no se ofrecieron a ayudarnos", ha dicho. 

"El 1-O estuve en un grupo. Nos trasladamos al CAP de Sant Andreu de la Barca. Íbamos escoltados pero de paisano. Estaba habiendo muchas complicaciones para hacer cumplir la orden del TSJC", ha dicho. "Al bajar del vehículo, los compañeros del GRS nos hicieron una cápusla y empezaron a insultarnos y a amenazarnos. Me escupieron e incluso nos miraban muy mal. Todo ocurrió en un trayecto de 40 metros", ha dicho. 

"El pedido fue realizado por un cliente de hace años, Òmnium cultural y la forma de pago era la 13. Aunque desconozco qué quiere decir", ha explicado. 

"Contamos 11 palets. En total había unas 6 toneladas de papel. Cada papel pesaba 400, 500 e incluso 900 kilos. Examinamos los palets. Tora era propaganda del referéndum", ha dicho. 

Hasta aquí la declaración del testigo. Es interrogado ahora otro agente, un sargento que estuvo en el registro de la empresa Disnet. 

"Eran 11 palets. Las cajas llevaban una pegatina con la empresa que había fabricado los papeles y de la empresa de distribución", ha dicho. 

"La empresa quería entregar el material de forma voluntaria. Rosa Sans nos facilitó el acceso y nos entregó el material sin ningún tipo de problema. La colaboración fue absoluta", ha dicho. "400.000 dípticos, 15.000 Flyers y otros 11.000 de otro tamaño además de 30.000 carteles de las vías del tren", ha explicado. 

Hasta aquí la declaración del testigo. Es interrogado ahora otro agente de la Guardia Civil que estuvo en el registro de Disnet. 

Sobre la reunión entre Puigdemont y los detenidos pore l 20-S, el testigo ha asegurado que él no sabía si la reunión fue convocada por Puigdemont, que él interceptó una llamada en la que se hablaba de ello, pero no sabe quién la convocó. 

Ante preguntas las preguntas realizadas por la defensa de Junqueras y Romeva, por parte de Andreu Van Den Eynde, el testigo ha precisado que no es informático y que no puede responder a las preguntas propuestas por el abogado, porque no "sabe de informática avanzada". 

"Si había que cerrar una web, abrían otra. Tenían dominios extranjeros, que son más dificiles de cerrar", ha asegurado, tras especificar que los medios con los que trabajaban eran todos de la Generalitat. 

El sargento primero que registró el domicilio del informático José Manuel Gómez, uno de los arrestados el 20 de septiembre, explicó al tribunal del 'procés' que tanto él como el resto de detenidos entonces fueron citados el 25 de septiembre por el jefe del gabinete de Jordi Turull, Alexis Sierra, en el Palau. Les advirtió que entraran por la puerta de atrás y que pasarían a buscarles. El guardia precisó que supieron que el encuentro se había producido pero no su contenido.

"El señor Gómez pretendía adquirir varios dominios. Una tenía .ws era con la que hacían pruebas según dijo, pero ese dominio es de Samoa", ha puntualizado ante la abogada del Estado. 

"Requisamos varios dosieres importantes: un registro de catalanes en el extranjero, otro para el e-voto con tecnología blockchain y un proyecto de dni catalán", ha dicho. 

"Hicimos el registro de la Administració Oberta de Catalunya. Tenían un despacho con una pizarra y un ordenador de sobremesa. Dejamos la pantalla y periféricos y nos llevamos la torre para analizarla", ha explicado. 

"Gómez ya avisó que el censo universal no iba a funcionar. Si no funcionaba iban a hacer un referéndum con el modelo kurdo", ha dicho. 

"1o.eu y red1o.cat fueron dos de los dominios comprados", ha asegurado. 

El testigo está dando información sobre la compra de dominios realizada por parte de la Generalitat. "Se compraron dominios con nombres ficticios", ha asegurado. 

El juicio se ha reanudado con el testimonio de un guardia civil que participó en los registros en el domicilio de José Manuel Gómez Sanz y en el CESICAT.

La Abogacía del Estado ha pedido apartar al Ayuntamiento de Barcelona de la acusación popular en la causa por las cargas policiales del 1-0 en la capital catalana, lo que el juez ya ha desestimado. Tras conocer la petición de la Abogacía del Estado, el tercer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, ha denunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utiliza la Abogacía para sus intereses políticos.

Esta tarde está citado otro agente que participó en el registro de Bigues i Riells, y otros que acudieron a los registros en la empresa Disnet y de Buzoneo Directo.

Se suspende la sesión hasta las 16 horas.

Concluye el interrogatorio de este testigo.

Asegura desconocer por qué su superior no incluyó en el acta la amenaza de muerte que recibieron por parte de los concentrados.

El testigo afirma que habían entre 150 o 200 personas. Su compañero ha hablado antes de 500.

"Creo recordar que las cajas venían de Madrid e iban destinadas a la Generalitat. No recuerdo el departamento", explica.

"¿Tiene algo más que añadir?", le pregunta el fiscal Jaime Moreno, que es inmediatamente reconvenido por el juez Marchena.

"No sé si alguien dirigía la masa. Bastante trabajo tenía yo con llevar el coche", afirma en respuesta al fiscal. "Algún vehículo sufrió un daño, creo que fue un retrovisor, pero eso ya no lo viví yo", explica.

Relata que recibieron insultos, escupitajos... "Se me grabó la cara de odio de un señor mayor, un odio extremo como si le estuviésemos quitando a su familia. El coche recibió golpes, aunque sin dañarlo", añade. "Recibimos amenazas: 'fora les forces d'ocupación', 'te mataremos'...", afirma, pero niega que al letrado del juzgado le dijeran que le habían reconocido.

"Cuando íbamos a salir, el letrado estaba bastante alterado y nos dijo que nos quitáramos los chalecos para que no nos identificaran", afirma antes de declarar: "No he vivido el conflicto vasco, pero por lo que dicen los veteranos, lo que vivimos se parece mucho".

"El material se cargó en ocho furgones. Al ser tan pesado, tuvimos que cambiar de uno a otro porque excedía el peso que podía cargar cada furgón", prosigue.

"Yo estuve haciendo todo el reportaje fotográfico y el agente que estaba fuera iba diciendo que se iba congregando gente. Desde dentro escuchábamos cánticos y algún golpe en el tejado", recuerda.

Explica que entraron en una nave con la llave que les proporcionó el dueño, Pau Furriol, que estaba detenido. "Había mucho material en cajas. Contenían papeletas del 1-O, sobres con el membrete de la Generalitat de Catalunya y sobres de constitución de mesa electoral, actas de constitución y escrutinio, carteles identificativos de mesa electoral", señala.

Termina este testigo. Comparece ahora un agente que intervino en una actuación en unas naves Can Barris, en bigues i Riells, el 20 de septiembre del 2017, donde se confiscaron papeletas del referéndum.

"Gritaban 'votarem', 'fora les forces d'ocupación', 'guardias civiles no sois bien recibidos', que qué hacíamos nosotros allí, que no íbamos a impedir el referéndum", añade.

"Era una calle que estaba en obras y todos los vehículos que iban delante nuestro cayeron en las zanjas porque habían quitado las planchas que se ponen para protegerlas. Salieron de las zanjas a base de insistir", añade. También coincide con su compañero en que los Mossos tuvieron una actitud de colaboración "en todo momento" y destaca que llegaron a realizar alguna carga.

"La salida fue mal. Nos encontramos con dos barreras de personas. Los Mossos trataron en todo momento de desalojar o negociar para que desalojaran una de las dos partes. Tubo que intervenir antidisturbios de los Mossos", continúa. También habla de que se metieron en una "ratonera". "Tiraron todas las vallas de protección de las obras y la masa nos volvió a increpar con insultos y amenazas", añade.

Explica también que la comisión judicial intentó acceder a la nave a las 17 horas. "No pudieron llegar hasta donde estábamos nosotros porque estuvieron retenidos durante dos horas", añade. Los Mossos intentaban negociar mientras con los manifestantes.

"A las 8 o 9 de la mañana ya había presencia de personas en los aledaños del local donde estábamos. Fue en aumento durante todo el día. Acabaron siendo centenares de personas. La calle estaba ocupada en ambos lados. Llevábamos un cordón de seguridad era solo para protección nuestra y la gente les provocaba, amenazaba, cánticos, grabaciones de todo tipo, no había visto una cosa igual en mi vida", continúa este testigo.

El agente reitera lo declarado por su compañero anteriormente. "De los sobres hallados se deducía que eran sobre el referéndum", relata.

Turno para el interrogatorio de un agente de la Guardia Civil que también participó en la inspección de Unipost, donde se intervinieron sobre con información censal y de las mesas del referéndum.

Se retoma el juicio en el Tribunal Supremo.

Concluye el interrogatorio. El presidente de la sala, Manuel Marchena, interrumpe la sesión hasta las 12.30 horas.

"Los Mossos se emplearon a fondo aquel día", insiste este testigo.

"Yo voy allí porque un superior me dice que tenemos que ir allí, porque ha habido una información que dice que allí puede haber elementos que pueden ser susceptibles de empleo el 1-O. No sé cómo se recibe esa información. No nos colamos allí, porque dejaron la puerta abierta. Abordamos al trabajador en el muelle de carga", explica.

Explica que otra persona les preguntó si tenían orden de entrada y registro judicial. "Le dije que no, que nosotros solo íbamos a hacer una inspección", destaca.

"No sé si lanzaron botellas, porque no estaba pendiente. Yo iba con el secretario judicial, que iba encapuchado, y le dijeron 'no te tapes, que sabemos quién eres'. Fue un momento muy tenso", recuerda.

El agente sostiene que entre los congregados fuera de Unipost estaba el decano de abogados de Terrassa. "Gritaban lo típico: fascistas, hijos de puta, fuera las fuerzas de ocupación, votarem... También tiraban claveles a los coches. Cuando por la tarde llegó la comitiva judicial ya no tiraban claveles, habían cambiado", añade.

"Por primera vez en mi carrera profesional, vi el odio reflejado en la cara de las personas que estaban allí", añade el agente.

El agente explica la salida de Unipost. Los Mossos habían estado haciendo "unas maniobras". Explica que les metieron por una calle que estaba en obras. "Era una ratonera. Era una calle estrecha y en obras. Había elementos susceptibles de impedir la marcha del convoy, había vallas, zanjas, escombros. Nuestro coche se metió en una zanja aunque por suerte pudimos salir. Desde nuestro vehículo no llegamos a percibir que los manifestantes tirasen nada, pero sí que vimos que los Mossos bajaron de las furgonas para quitar a la gente y retirar las vallas", declara.

"Los Mossos tuvieron que utilizar antidisturbios para que pudiera llegar la comisión judicial a la empresa", recuerda. La comisión tardó dos horas en poder llegar hasta Unipost.

"Hubo un momento, sobre las 9 de la mañana, que empezamos a ver que se congregaba gente en una de las partes de la calle. Al principio no eran muchas, pero durante el curso de la mañana aquello fue en aumento. Se cortó la calle por los dos lados. Podría haber unas 500 personas. Llevaban estelades, gritaban, cantaban, tenían una urna de cartón, nos insultaban...", explica sobre la gente que se concentró a las puertas de Unipost.

El agente afirma que cuando abrieron uno de los sobres hallaron la comunicación a una vecina de Sant Cugat para que participara como vocal en una mesa del referéndum del 1-O.

El testigo explica que el responsable de reparto de Unipost colaboró. "Nada más entrar en el muelle de carga vimos unos palés y encima diferentes cajas de folios, otras de color azul con cartas. Estaban allí a simple vista, las cajas estaban abiertas y se veía el contenido. Prácticamente no hubo que hacer una inspección. Había 5 o 6 palés, con 4 o 5 cajas. Las cajas tenían unos sobre, algunos venían engomados y clasificados por poblaciones, preparados para el reparto. Sobres blancos con un logo de la Generalitat, una ventanilla transparente donde se veía el nombre de una persona, una dirección, un código postal y una población", añade.

Participó en la inspección de Unipost en Terrassa el 19 de septiembre del 2017.

Termina el interrogatorio a este agente. Turno para otro que participó en la inspección de la empresa Unipost.

El testigo relata que frente a la Conselleria, donde se desplazaron tras detener a Sutrias, la gente que estaba concentrada estaba más excitada que en Rubí. Él entró por el párking para acceder al edificio porque se lo aconsejaron y, además, no se podía aparcar en la calle por la concentración de gente que había allí.

"Cuando se empezó a congregarse gente avisamos al instructor de la diligencia para comentarle lo que estaba pasando y que necesitábamos protección. El jefe nos dijo que todas las fuerzas que teníamos estaban en otras entradas y registros. A las 14.10 cuando acabamos, decidimos con los Mossos y la policía local -en total, unos 12 o 18- que una vez acabado la secretaria y yo, como íbamos de paisano, salir como si fuéramos vecinos del bloque, como pareja. Así lo hicimos y no tuvimos ningún problema. El único problema que hubo fue que un chico nos siguió y nos estuvo grabando, pero este chico no sabía lo que grababa, no tuvo mayor percance. Posteriormente sacaron al señor Sutrias detenido y el dispositivo policial de Mossos hicieron un buen trabajo, hicieron un pasillo y sacaron al señor Sutrias sin problema", explica sobre su salida del domicilio de Sutrias en Rubí. "Las personas que estaban fuera estaban concentradas, con pancartas, pero no con excitación, no nos insultaron", añade.

Concluye la declaración de este testigo. Comparece ahora un agente que también registró el despacho de Sutrias.

"Cuando registramos el despacho del señor Sutrias decidimos entrar por el parking por cuestiones de seguridad", contesta el guardia civil en respuesta a la abogada del Estado.

"La estructura de la Agencia Tributaria catalana no tenía sentido sin la indepenencia. A Salvadó se encontró un texto de un correo electrónico que hablaba que pedían financiación a China, 11.000 millones de euros", continúa el testigo. Según este texto, se calculaba que el dinero que necesitarían para "aguantar" entre la DUI y una estructura propia eran 22.800 millones. Además de estos 11.000 millones de China, se contaban 4.500 millones del sector público catalán, 6.000 millones de los ayuntamientos y 1.300 millones de impuestos propios. También recuerda sobre un inventario de valoración de bienes e inmuebles de la Administración catalana y la española.

Este guardia civil también analizó correos de Lluís Salvadó, exsecretario de Hisenda. Hallaron mucha información sobre el proceso independentista. "Mi papel era buscar todo lo relacionado con la malversación. Encontramos facturas de viajes al extranjero de Pere Aragonés, del señor Salvadó. Aragonés buscaba financiación internacional y el señor Salvadó cómo podían financiarse internamente. Se detectó que la Agencia Tributaria catalana no estaba preparada para actuar el día después de la independencia, pero tenían preparado un sistema informático que diseñó IBM y encontramos una factura de 240.000 euros", relata.

Explica que a su salida de la Conselleria de Economia seguía habiendo gente en la calle. "Salimos por el párking, nos rodearon, pegaron en el capó y nos pusieron estelades encima del coche. Íbamos sin chaleco y lo más discretos posible. Sacamos a la secretaria judicial con nosotros", añade.

"La secretaria judicial vino muy nerviosa, se tuvo que sentar. Nos estuvo contando que había tenido un hecho violento y tuvimos que esperar 15 minutos a que ella se tranquilizase. Nos contó que venía de Via Laietana, de la Conselleria de Exteriors. Tuvo que entrar por el párking", relata el testigo.

Declara un agente que participó en el registro del despacho de Francesc Sutrias el 20 de septiembre. Sutrias era entonces director general de Patrimoni y su despacho estaba en la Conselleria de Economia.

Arranca el juicio.

Le seguirán un total de cuatro agentes del instituto armado que entraron en Disnet y Buzoneo Directo, empresas de paquetería e imprenta, cuyos servicios fueron supuestamente contratados por la Generalitat para la preparación del referéndum.

También están llamados a declararar dos agentes que participaron en la inspección de la empresa Unipost, donde se hallaron en la misma fecha miles de tarjetas censales en cartas dirigidas a personas que debían integrar mesas de votacion el 1 de octubre.

Buenos días. La sesión de este jueves arrancará con las declaraciones de dos agentes que participaron en los registros del 20 de septiembre del 2017 en el domicilio y el despacho del que fuera director de Patrimonio de la Generalitat Francesc Sutrias, quien está imputado en la causa que investiga la organización del 1-O en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. El nombre de Sutrias ha aparecido en un informe de la Guardia Civil recientemente entregado a este juzgado y según el cual mantuvo un encuentro con los dueños de Unipost para abordar la destrucción de pruebas y cómo debían responder ellos y los trabajadores a los investigadores, después de que estos intervinieran en las naves de la empresa la correspondencia relacionada con el referéndum ilegal.

Hasta aquí las declaraciones por hoy. Mañana a las 10 Marchena reanudará la sesión con más testigos. 

"Hay un adjunto en uno de los correos de la bandeja de entrada. Era una propuesta de Turull a Junqueras para que proponga al Gobierno un gasto extaordinario", ha explicado. "Era de 3 millones del fondo de contingencia", ha asegurado. 

"El suelo estaba lleno de latas, botellas y papeles. Daba que pensar que había habido mucha gente", ha dicho. 

"Nos trajeron unos bocadillos para comer. No salimos del edificio para nada, estábamos trabajando", ha dicho.

"Mi oficial nos ordenó que custodiásemos los efectos. Que tuvieramos paciencia y que ya sadríamos", ha dicho. 

"Había gente sobre los vehículos policiales desde primera hora de la mañana", ha dicho. 

"Tanto los ordenadores como la documentación requisada se identificaron y se archivaron en cajas", ha dicho. "Los registros terminaron entre ocho y media o nueve. Yo no salí del edificio, pero supe lo que había fuera porque subimos a la terraza y lo vimos", ha explicado. 

"El vehículo lo dejamos a unos 100 metros de la conselleria. Era un vehículo sin logotipar y no podíamos aparcar. Una vez dentro de Economia, a las 8 de la mañana me identifico y comunico lo del vehículo, que no había sitio para aparcar. El vehículo no sufrió daños", ha dicho.  

"De los miles de correos se analizaron 5 que cumplían los criterios de selección", ha dicho. "En uno de ellos se pide una aportación extarordinaria de 3 millones", ha explicado. Los criterios, según ha dicho, eran relacionados con la campaña del referéndum y el posible uso de fondos públicos. 

Hasta aquí la decalración del agente. Ahora es interrogado otro guardia civil que analizó los correos de Oriol Junqueras. 

"No hay correos incitando a la violencia", ha dicho. 

"Las pautas de análisis de correos las marcó el instructor de la policía judicial", ha dicho. 

"En un correo recibido por Jordi Sànchez, había indicaciones sobre cómo proteger las urnas", ha dicho. 

"Hay correos remitidos por TV3 para organizar un acto, no se si era la presentación del referéndum", ha dicho. 

"En los correos buscábamos datos sobre movilizaciones, reuniones, posible malversación de fondos...", ha dicho. 

"Los correos cuando fui a analizarlos estaban abiertos. Leídos o no, depende del usuario", ha especificado. 

"En la web se pedía a la gente que estuviera atenta para defender los colegios de la Guardia Civil. Se les convocaba a las 5 de la mañana, una hora antes de que llegaran los agentes. El mismo día a las 5.30 de la mañna se mandó un mail instando a la gente a despertarse e ir a los colegios", ha dicho. 

"La web del referéndum del 1 de octubre se creó en 2006 pero estuvo inactiva hasta 2017. En esa web se incluía el cartel de las vías del tren y el vídeo de la Via lliure", ha dicho. "La web contenía logos de la Generalitat de Catalunya. Cualquier persona veía a primera vista que era una web oficial", ha dicho. 

"Pactepelreferéndum.cat se creó el 27 de diciembre del 2016", ha dicho. "La titularidad de la web pasó el 27 de enero al CTTI. Más adelante pasó a ÒMnium Cultural", ha explicado "En esta web se firmaba a favor del referéndum y se recogían donaciones", ha dicho. 

Hasta aquí el interrogatorio. Declara ahora el agente de la Guardia Civil que analizó la cuenta de correo electrónico de Jordi Sànchez. 

"De los 22 correos analizados ninguno era enviado por el señor Sànchez. Eran documentos recibidos", ha dicho. 

"Había un correo que instaba a la desobediencia y a hacer resistencia para que no se aplicara el 155", ha dicho el agente.  

"En los correos se habla de un referéndum en septiembre. Alguno hace referencia al censo de catalanes en el extranjero para que puedan votar. La mayoría de estos correos los mandaba Inma Caboti", ha asegurado. 

"Uno de los correos decía que para impedir la actuación de las fuerzas de seguridad se podían estacionar vehículos delante de los colegios electorales", ha explicado. "En un correo había un enlace a un Google Docs en el que hacían un filtrado de centros 'asegurados' en los que había ya gente dentro", ha dicho. 

"Analicé unos 3.800 correos de la cuenta de la ANC. Seleccionamos unos 22 correos", ha explicado. "Había correos en relación a la 'aturada de país' para conseguir el apoyo de CDRs, Bomberos, estudiantes...", ha añadido. 

Hasta aquí la declaración de la testigo. Entra ahora en la sala otro agente que analizó la cuenta de correo de Jordi Sànchez. 

"En ese correo se pedía también que la manifestación fuera pacífica", ha dicho la testigo. 

"Jordi Cuixart pidió que asistiera masivamente gente a la Conselleria de Economia porque la Guardia Civil había traspasado las líneas rojas al entrar en los edificios gubernamentales", ha dicho. 

La testigo afirma que "no se podía acceder a la zona del registro porque había mucha gente concentrada y no se podía acceder con los vehículos".

"Analizamos un correo con una nota de prensa que animaba a la gente a concentrarse frente a la conselleria de economia", ha dicho la agente. 

Marchena reanuda la sesión con otro interrogatorio a una agente de la Guardia Civil acerca de los correos de Cuixart.

Receso hasta las 16 horas.

El testigo afirma recordar que en la convocatoria de Òmnium el 20-S ante la Conselleria de Economia se llamaba a una protesta "firme y pacífica".

"En ningún correo vi unidad de acción entre Òmnium y el Govern", añade.

El testigo asegura no recordar ningún correo sobre reuniones sobre el proceso constituyente.

"Entre los correos de Cuixart, había un correo que hablaba de Òmnium. Era un recorte de prensa en que animaba a los catalanes a manifestarse", afirma este testigo. También sostiene que de los correos que analizó, en ninguno se daban pautas sobre el 1-O.

Comparece otro guardia civil, el que analizó la cuenta de correo de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural.

Concluye el interrogatorio al testigo.

El guardia civil afirma que Forn decía en sus correos que tendría un "papel relevante" en el referéndum del 1-O, y que este no sería simbólico sino que tendría consecuencias jurídicas "importantes".

El testigo matiza ahora sus palabras, a preguntas del abogado de Forn. Afirma que los correos en los que se expresa la oposición a la designación de Pérez de los Cobos fueron enviados al 'exconseller', que él era simplemente el destinatario y no había su opinión.

Preguntado por si los Mossos hablaron de transporte de material electoral, el testigo sostiene que el material que trasladó este cuerpo fue en todas las ocasiones cuando ya habían terminado las votaciones en el punto de votación y los responsables facilitaba al binomio el material electoral del que disponían. "E incluso hacen referencia en algún caso que se encontraron tirado en el suelo ese material electoral y desde la sala se les pedía que levantaran acta de que lo habían intervenido", subraya.

"La instrucción de los Mossos era alejarse de los guardias civiles y los policías nacionales que actuaban en las escuelas, que no se les viese a nuestro lado", añade.

"Yo vi unidad de acción entre los responsables políticos y el mayor Trapero", asegura.

"Había algún caso concreto en los que sí que decían (los Mossos) que habían estado hablando con responsables de locales de votación y que les habían comentado su estrategia para actuar contra Guardia Civil y Policía Nacional", responde el testigo sobre la utilización de niños y personas de avanzada edad en primera línea en los colegios.

Este testigo también participó en el análisis de las conversaciones por radio de los Mossos durante el 1-O. Sostiene que de esas conversaciones quedaba claro que los Mossos habían recibido órdenes verbales de vigilar a Guardia Civil y Policía Nacional. "Era una orden que tenía prioridad sobre cualquier otra, sobre nuestros movimientos. Se llegó a dar casos en los que se siguió a convoyes nuestros para ver dónde íbamos, a pasar placas de matrículas de vehículos camuflados y en algún caso se ordenó mandar fotos de los mismos", explica

Señala que en otro 'mail' del 29 o 30 de septiembre se mencionaba los colegios habilitados para el 1-O y a la "ocupación de centros".

El testigo asegura que solo recuerda un correo de Cuixart a Forn en el que le invitaba al 'backstage' del acto de la Diada.

El agente recuerda que sobre el nombramiento de Pérez de los Cobos como coordinador de los cuerpos policiales el 1-O, Forn se opuso desde el principio.

El agente dice que Trapero envió un correo a Forn en que hacía referencia a los principios de actuación de los Mossos el 1-O y se recordaba que "siempre había que evitar causar un mal mayor al cual se intentava evitar".

"El 'exconseller' Forn decía que era consciente de que les intentarían poner contra la cuerdas porque tenía claro que el referéndum se celebraría tanto sí como no. Decía que era consciente de que iban a llegar instrucciones de la fiscalía y de la justicia, si bien iba a tener en cuenta que iban a intentar ponerles contra la pared porque él tenía claro que el referéndum se iba a celebrar. Incluso hablaba que las instrucciones había que leerlas muy bien para no caer en la trampa y que no incluso si había que hacer la cuadratura del círculo, mirar cómo hacer para por un lado no desacatar los mandatos judiciales o del fiscal y por otro la celebración del referéndum", relata el guardia civil. "Solo hay una ocasión en la que se queja e incluso se disculpa ante el mayor de los Mossos por una entrevista en la que ponían un titular que decía que la única opción que guardias civiles o policías nacionales pudieran seguir en Catalunya después del 1-O era pasar a los Mossos. Él le dijo a Trapero que en ningún momento había dicho esas palabras y se disculpaba. Me chocó porque nunca había hecho mención sobre las mismas", añade.

"Siempre se refería al referéndum como una votación normal, totalmente legal, pero incluso decía que en el caso de que hubieran contradicciones no le cabía ninguna duda que iba a prevalecer la legalidad catalana, que emana del Parlament", señala.

El agente explica que en los primero correos siempre expresa "orgullo y emoción" por haber sido elegido 'conseller' ante la proximidad del 1-O. "Que era un orgullo, un privilegio", añade.

Concluye el interrogatorio. Ahora comparece otro agente para declarar sobre el análisis que realizó de los correos de Joaquim Forn.

El testigo explica que en uno de los 'mails' se hablaba del registro de catalanes en el extranjero. "Que se iba a utilizar para una prueba piloto, y que había que darle publicidad para apuntarse más gente al registro", señala, antes de considerar que parecía que iba a utilizarse como censo electoral en la prueba piloto.

"Entre los correos analizados encontramos algunos relacionados con el voto de catalanes residentes en el exterior", explica.

Concluye el interrogatorio de este agente y empieza el del guardia civil que analizó el correo de Meritxell Borràs.

Turno para las defensas. El abogado de Bassa pone contra las cuerdas al testigo, que a sus preguntas se muestra dubitativo sobre los contenidos de los correos. Explica que se desecharon los correos personales y los que no tenían relación, a su juicio, con los delitos investigados.

Pregunta la Abogacía del Estado. El testigo explica que durante el registro, muchos de los trabajadores bajaron a la calle y se concentraron a la puerta de la conselleria a dar gritos "contra el Estado español, contra la Guardia Civil y a favor del referéndum".

Sobre los correos, explica que en uno de los Bassa felicitaba a los trabajadores por su actitud ante una actuación de la fiscalía "injusta". Les daba las gracias por su "firmeza y constancia". Habla también sobre el mail enviado a CCOO sobre el referéndum del 1-O que ha mencionado su compañero.

Coincide con su compañero que ha declarado antes en que debido a la concentración en el exterior tuvieron que salir por una vía alternativa.

También intervino en el registro de dos despachos en el Departament de Treball el 20 de septiembre del 2019.

Declara otro guardia civil que analizó correos de Dolors Bassa.

Se reanuda el juicio.

Este es el vídeo con la declaración de un agente que ha situado al 'president' Quim Torra en la nave en la que se incautaron de casi 10 millones de papeletas del referéndum del 1-O.

La Guardia Civil sitúa a Quim Torra en la nave donde se intervinieron 10 millones de papeletas. / SEÑAL SUPREMO (EFE)

Concluye el interrogatorio del testigo y Marchena fija un receso de media hora.

El guardia civil explica el Bassa facilitó el volcado de los correos y que estaban todos los que tenía en el buzón de entrada, entre 1.000 y 1.5000. De estos, se seleccionaron 14 de las carpetas de enviados y recibidos.

El testigo no sabe explicar cómo metieron los coches en el parking de la finca colindante a la Conselleria de Treball.

Intervienen las defensas.

Turno para Vox. El agente afirma que no vio que fueran mossos d'Esquadra a la conselleria ante la concentración que se formó en la puerta. "Salvo el binomio de mossos en la entrada y el escolta de Dolors Bassa, no vi más mossos", señala.

Según explica, la concentración de personas ante la conselleria bloqueaba la salida y fue gracias al personal de la conselleria que pudieron encontrar otra vía. "Yo no definiría como pacífica la actitud de las personas que estaban concentradas, que nos insultaban", añade.

El testigo explica que durante el registro no hubo ningún inconveniente.

Pregunta la abogada del Estado.

"Hay un correo, del 21 de septiembre, referente a los altercados de la concentración en la conselleria, en el que Dolors Bassa recibe un documento, una nota interna, que le da el visto bueno y dice que debe ser remitido a todos los trabajadores en el que les felicita por la respuesta de indignación por el acto injusto de la fiscalía".

Sobre la huelga general del 3 de octubre, el agente explica un correo de Bassa a una colaboradora en el que le da indicaciones que deben trasladarse a los trabajadores de la conselleria y en el que se informa que la Generalitat se ha adherido al paro.

Sobre el análisis de los correos de Bassa, el agente explica que en un mail que envió al secretario general de CCOO para pedirle que le transmita a los trabajadores que trabajan el 1 de octubre su derecho a ausentarse para ejercer el derecho al voto. Este documento iba acompañado de la ley del referéndum, de la ley de convocatoria dle referéndum y le hablaba de un acuerdo del Govern en el que se autorizaba a los departamentos que hicieran los trámites necesarios para la celebración del referéndum.

A preguntas del fiscal, el guardia civil explica que durante el registro a la conselleria observaron muestras de rechazo a su presencia. "De repente, todas las paredes y ascensores se llenaron de publicidad con el eslógan de 'votarem' y la urna. Realizando el registro del despacho del señor David Palanques hubo un incidente porque fue sorprendido el señor Francesc Iglesias cuando estaba grabando un vídeo de la comitiva judicial. Esto fue advertido al secretario judicial, que procedió a identificarle, le requirió el móvil y se vio que efectivamente había grabado el vídeo. Poco a poco se fue aglutinando gente en la calle, no puedo precisar el número de personas pero por el equipo de seguridad calculo que habían unas 300 o 400 personas, muchos eran funcionarios de la misma conselleria. Terminada la diligencia judicial, debido a la concentración, dificultaba nuestra salida, nos insultaban, gritaban contra la Guardia Civil... Intentar salir por allí era un conflicto. Alguien de la conselleria propuso una ruta alternativa, a través del parking de la conselleria se accedía al parking de la finca colindante, que tenía una salida directa a la ronda litoral", explica.

Concluye la declaración de este agente. Ahora comparecerá un guardia civil que analizó los correos de Dolors Bassa.

El agente insiste en que a las 10 horas empezaron a concentrarse personas frente a la nave de Bigues i Riells y asegura que no sabe si eran periodistas. También declara que no recuerda haber dicho esto antes.

El testigo explica que el grupo que rodeó la furgoneta estaba formada por unas 30 personas. "Había un señor que se tiró delante de la furgoneta. Más que pesado, era un inconsciente", añade.

Turno para las defensas.

"En los correos destacaba el objetivo del referéndum y que este legitimaría la declaración unilateral de independencia", añade.

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, reprende al abogado de Vox sobre las preguntas que realiza al guardia civil, al considerar que le pide que saque conclusiones cuando lo que debe hacer es explicar son hechos de los que fue testigo.

"La investigación constató que dentro de la estructura del Govern se desarrollaron todas las medidas necesarias para organizar un referéndum", añade. "Toda la estructura de la Generalitat está al uso del referéndum", insiste.

Niega que constara en la documentación analizada una lista de edificios sensibles durante el referéndum del 1-O.

Pregunta Vox. El testigo explica un correo electrónico de un trabajador T-System a un colaborador en el que menciona que se iba a celebrar una reunión con personal de los Mossos, de la comisaría general de información, y en ese encuentro "se hablaba de crear un sistema de inteligencia policial". También se hablaba en otro correo de la creación de estructuras de Estado. En julio del 2017 detectaron otro 'mail' dirigido a Trapero en el que se habla de una reunión donde se habló del papel de los Mossos en un escenario futuro.

Tiene la palabra la abogada del Estado. El testigo relata que durante la vigilancia a la nave en la que se requisaron las papeletas se vio a Quim Torra entrando y saliendo de allí.

Este testigo también declara sobre el análisis de correos electrónicos. Explica que la primera información sobre estructuras de Estado se obtuvo en el análisis de correos de Lluís Salvadó. "Encontramos un apartado relativo a la defensa, en el que se decía que los Mossos iban a tener un papel importante y se tenía que modificar la estructura actual para poder llegar a eso". En otra documentación, la intervenida a Josep Maria Jové, hallaron una anotación sobre una reunión a la que asistieron Mas, Puigdemont, Junqueras, Rovira y Romeva en la que señalaban que el Estado español no les estaba atendiendo a sus requerimiento y que habría que tomar la vía unilateral y se vuelve a analizar el papel de los Mossos. También hallaron un documento en el que aparece un informe jurídico sobre las consecuencias que sufrirían los Mossos de su participación en el proceso independentista.

Ante las dificultades para salir, este agente abortó la salida y decidió pedir ayuda. Los Mossos pasaron a media mañana para preguntar si necesitaban apoyo, y les dijo que quizás para la salida sí. A las 4 se presentó una patrulla de seguridad ciudadana compuesta por dos agentes y se dirigieron al joven que parecía que organizaba la concentración y luego transmitieron a la Guardia Civil que había dicho que se apartarían porque no querían que hubiese imágenes de violencia de los manifestantes con los Mossos. Entonces hacen un pasillo y las furgonetas empiezan a circular. "Pero de nuevo tenemos problemas porque algunas personas se vuelven a poner delante de los convoyes y bloquean la salida. También nos gritan, era un ambiente hostil, nos estábamos llevando las papeletas. Se lanzan latas de coca-cola llenas, botellas de plástico llenas, se golpean los vehículos.. Cuando se para de nuevo el convoy vuelven a intervenir los Mossos y este chico joven también media para que estos dos señores se levanten. Lo consigue y se reanuda la salida, durante unas decenas de metros seguimos rodeados de gente. Una persona simuló un atropellamiento, pero los Mossos actúan y la situación no se desbordó. La consecuencia final fue daños a los vehículos, no hubo daños a los agentes afortunadamente", relata. Hasta las 5 de la tarde no consiguieron salir.

El guardia civil explica que sobre las 14 horas dieron por finalizado el registro y los primeros que salieron de la nave fueron los letrados de la administración de justicia acompañados de dos agentes, pero los concentrados les impideron salir. "A través de la policía local, que estaba presente, tuvieron que convencerles de que ahí no iba material electoral y de esta manera poco a poco fueron abriendo camino. La situación fue muy tensa, con gritos, cuando sale el vehículo recibe golpes y patadas. La salida fue muy lenta. Cuando salió el otro letrado tuvo que gritar por la ventanilla del coche que él era el letrado del turno de oficio", añade. "La siguiente fase, la complicada, una vez cargados los furgones, fue disponernos a salir. Es difícil calcular cuántas personas habían, unas 200 o 300. Se intentó salir en dirección contraria porque por ese extremo de la calle habían menos concentrados. Pero fue materialmente imposible porque el primer vehículo, un turismo con el detenido, los compañeros pudieron hacer un hueco justo para pasar el vehículo, pero la primera furgoneta que venía detrás nuestro ya no pudo pasar", continúa.

"Incautamos casi 9,9 millones de papeletas y unos 6.000 sobres con documentación electoral dentro. Claramente vimos que procedían de la Generalitat", añade el testigo. Explica que iniciaron el registro a las 9 de la mañana sin ningún incidente. Fueron acompañados de dos equipos de orden público, seis agentes, e hicieron un cerco de seguridad. Hasta las 10 de la mañana no se detectó ninguna actividad, pero a esta hora empezó a concentrarse personas con carteles a favor del referéndum. "Sobre las 11, me comunican que van aumentando los concentrados y se detecta un grupo de jóvenes de unos 20-25 años y uno de ellos da consignas de cómo organizarse para evitar nuestra salida, que se iban a sentar en el suelo para bloquear la salida del dispositivo", relata.

Cuando entraron en una de las naves descubrieron numerosas cajas, en las que habían papeletas del referéndum, sobres con el logo de la Generalitat de Catalunya y dentro, actas de constitución de las mesas, participación de votantes, y los carteles sobre las mesas que se cuelgan en los colegios electorales.

El agente explica que se llegó a esas naves a través de las escuchas telefónicas ordenadas por el juzgado de instrucción número 13. El director de Patrimoni, Francesc Sutries, ofrecía a Josep Maria Jové una persona que quería ayudar en los preparativos del referéndum. Vigilaron una entrevista que mantuvo el responsable de la empresa con Sutries y Jové. Y tras otra vigilancia, siguieron a una mujer que les llevó hasta las naves donde se hallaron después las papeletas.

Empieza preguntando el fiscal a un guardia civil que participó en el registro de una nave de Bigues i Riells el 20 de septiembre.

Arranca el juicio.

La Guardia Civil irrumpió este martes en el Tribunal Supremo. La imagen de los cuatro mandos que contestaron a las preguntas de las acusaciones y las defensas no se distribuyó fuera de la sala, pero su testimonio buscó afianzar la tesis de la fiscalía de que en otoño del 2017 se produjo un alzamiento violento en Catalunya. Crónica de Daniel G. Sastre y Ángeles Vázquez sobre la jornada de ayer.

Tras este testimonio, empezará el desfile de agentes que revisaron los correos electrónicos de los acusados, empezando por el que analizó los de la 'exconsellera' de Treball Dolors Bassa.

La sesión de este miércoles arrancará a las 9.30 horas y primero declarará un agente que estuvo presente en la entrada y registro de la empresa de Bigues i Riells donde la Guardia Civil se incautó de casi 10 millones de papeletas del referéndum independentista.

Buenos días. Retomamos la narración de todo lo que acontezca en la sala del Tribunal Supremo donde se juzga a los 12 líderes y políticos independentistas por el proceso independentista.

Marchena suspende el juicio hasta mañana a las 9:30. 

"Vi varias grabaciones con actuaciones de la Guardia Civil. El uso de la fuerza era proporcionado", ha dicho. 

"En el material gráfico del que disponemos no hay violencia policial", ha dicho. "Se hacían pasillos de seguridad para sacar a la gente y acceder a los centros de votación", ha especificado.  

"No nos dieron la instrucción de primar la seguridad ciudadana. Sí que nos dijeron que actuáramos con proporcionalidad", ha explicado. 

La defensa de Cuixart ha tratado de que el testigo presenciara un vídeo en relación con la actuación de los mossos, pero el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le ha recordado que no se puede tratar de convencer al testigo de cuál es su "percepción" sobre lo ocurrido y que la Sala obtendrá su conclusión del visionado de todos los vídeos, de la declaración del testigo y de múltiples informes.

Aquest és el vídeo que Marchena no ha permès que es visionés avui a la Sala. Es veu com, contràriament al que ha declarat un testimoni, els Mossos fan un cordó per encapsular la Guàrdia Civil i desallotgen els manifestants, molts d'ells asseguts en actitud de resistència passiva pic.twitter.com/WKLAfbJE9p

— Òmnium Cultural (@omnium) 19 de marzo de 2019

"En algún punto si que hubo presencia de menores y ancianos", ha dicho. 

"Había presencia mínima de Mossos, pasividad y falta de colaboración", ha dicho. "Hubo enfrentamientos entre Mossos y Guardia Civil, propiciados por los Mossos, nunca por la Guardia Civil", ha dicho. Un agente de Mossos le dijo "que no reconocía ni al Constitucional ni al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que solo reconocía al mayor Trapero", recuerda el mando de la Guardia Civil.

"Fascistas, hijos de puta", eran algunos de los insultos que ha asegurado que recibían los agentes en los colegios. "Siempre tratábamos de avisar a la gente de nuestra actuación. Ni nos escuchaban. Éramos increpados y la comunicación era imposible", ha explicado. 

"Lanzamiento de sillas hubo en dos sitios. Una silla metálica se lanzó en Sant Joan de Vilatorrada", ha explicado en Guardia Civil haciendo referencia a las múltiples respuestas violentas que ha asegurado que hubo durante el 1-O. 

"En Sant Esteve Sesrovires hubo un intento de atropello con una moto. Tras intentar detenerlo, el hombre trató de sacar el arma al agente", ha dicho. "Hubo actos más graves. Patadas en la cabeza a dos agentes", ha especificado. 

"El día 1-O encontramos mucha gente en los centros de votación. Había una organización para obstaculizar nuestra actuación. Todo el mundo llevaba móviles y avisaban de nuestra localización", ha dicho. "Pusieron tractores en la calzada y barricadas de paja", ha explicado. 

"El itinerario de salida tras el registro lo eligieron los Mossos, era una calle estrecha y en obras, de difícil acceso. La gente nos tiraba vallas de obra. Estaban pegados al convoy. Tras ello, una vez salimos ya llegamos al juzgado de Terrassa sin problemas", ha asegurado. 

"En la sede de Unipost había gente concentrada. Los Mossos actuaron para desalojar a esta gente y entonces encontramos la sede de Unipost", ha dicho. 

"En Unipost se encontraron cajas con sobres. En esos sobres se citaba a una señora a un colegio de Sant Cugat del Vallès, con motivo del referéndum ilegal", ha asegurado. 

"Una llamada anónima nos indicó que en Unipost podría haber guardado material apra el referéndum. Entonces se nos autorizó el registro", ha dicho. 

En ese registro y el de Manresa la Guardia Civil requisó 45.000 sobres con notificaciones de las mesas del 1-O. 

Declara ahora el Comandante de la Guardia Civil responsable del registro de Unipost en Terrassa del 19 de septiembre. 

Hasta aquí la declaración del Guardia Civil. Marchena ordena un receso de 15 minutos. 

La abogada defensora de Forcadell acusa al Guardia Civil de falso testimonio porque la presidenta del parlament no estuvo ahí, contrariamente a lo declarado por el agente. 

"Tiraron claveles al principio, cuando la manifestación era reivindicativa y con poca gente. Después ya no había", ha explicado el Guardia Civil tras un pequeño enganchón con la abogada Roig, de la defensa, cuando ésta le ha confrontado por uans declaraciones. 

"Los Mossos no hicieron ningún pasillo a la salida de departamento de Asuntos Exteriores", ha dicho. 

"Nadie sufrió lesiones graves. Alguna magulladura que no fue ni tratada", ha explicado. "la entrada del registro transcurrió con normalidad. Nadie irrumpió en la diligencia", ha añadido. 

"No se vio ningún ademán de asalto. Se actuó en previsión de que pudiera ocurrir", ha dicho ante la insisitencia de Van de Eynde para matizar su declaración. 

"El ese momento había un tumulto de gente. No puedo concretar si una persona en concreto organizaba los ataques", ha dicho. "En el momento que vieron que salía personal o pensaban que era Guardia Civil, no creo que supieran quien era y pensaban que todos éramos Guardias Civiles, iniciaron el ataque inmediatamente", ha dicho. 

"Jamás lo había vivido", ha dicho. "Pasaron dos vehículos oficiales cuando le comentaba el plan de evacuación a los Mossos", ha dicho. "Del vehículo trasero se bajó la ventanilla y se vio a la señora Forcadell, que sacó la mano para agitar a la masa", ha dicho. 

"Los Mossos miraban lo que ocurría", ha dicho. 

"De varios golpes rompieron los cristales del vehículo", ha asegurado. "El detenido no daba crédito de lo que veía. Estaba viviendo un capítulo de terror total", ha asegurado. "El detenido solo decía 'sáqueme de aquí, por favor, sáqueme de aquí'", ha explicado. 

"Al siguiente registro, la secretaria llegó muy nerviosa. Estaba temblando", ha dicho. "Despué shubo una segunda situación, si cabe más grave todavía. Quedaba el detenido dentro del departamento y decidí realizar la misma maniobra de evacuación porque el ambiente estaba aun más peligroso", ha dicho. "Después de la secretaria pensabamos que iban a entrar en el departamento", ha dicho. "La multitud se agolpó de tal manera que querían sustraer al detenido de la cápsula", ha narrado. 

"Los Mossos que había eran de seguridad ciudadana. No de antidisturbios. Pedí que mandaran refuerzos y me dijeronq ue no podían", ha dicho. "Cuando tratamos de sacar a la secretaria pero empezarona  tirarnos botellas. La secretaria estaba llorando dentro del vehículo de Guardia Civil, estaba con las manos en la cabeza, horrorizada porque zarandeaban el vehículo"; ha dicho. 

"Hablé con Mossos. Pregunto por el responsable y le comento el plan de evacuar a la secretaria antes de que esto vaya a más. Si esa gente asaltaba el departamento, los efectos serían devastadores", ha asegurado. 

"Me insultaron, me amenazaron, etc", ha asegurado. "Poco antes de finalizar el registro, ya había 200 o 300 personas. Serían las 11:40 y el ambiente ya estaba crispado", haa segurado. "Preveía que ocurrirían actos violentos", ha asegurado. "Por eso decidimos evacuar a la secretaria judicial. Era un ambiente muy agresivo", ha dicho.

"En la conselleria empezó a concentrarse gente rápidamente. Quizás llevábamos media hora de registro", ha dicho. "Eran gente con un descontento hacia nosotros", ha asegurado. "Cuanto más tiempo pasaba más se agrandaba el grupo. Hubo un cambio en el ambiente, ya no era solo reivindicar que querían votar o el descontento con la acción, los comentarios entonces ya eran insultos, amenazas de muerte, una actitud cada vez más crispada", ha dicho. 

"El señor Puig Farré llevaba un portátil y un móvil, se le intervinieron en el momento de la detención", ha dicho. 

"El conserje, tras realizar varias llamadas me dijo que el responsable no estaba allí. Tras aparecer un señorita, la convencimos de que nos llevara al despacho y esperamos frente al despacho hasta que llegó el detenido", ha dicho. 

Es el turno ahora de un sargento de la Guardia Civil que participó en las investigaciones que han precedido al juicio. Concretamente, este sargento estuvo presente en el registro de la conselleria de exteriores del 20-S. 

Hasta aquí la declaración del cabo primero de la Guardia Civil. 

"En esa campaña se habla de una opción clara de decidir de forma directa lo que pasa en nuestro país, con un mapa de Catalunya en relieve, con un sí o no (...) La campaña se tiene que publicitar antes, si se hace dos días antes no se puede votar", explica relacionando el resgistro de catalanes en el exterior con la campaña del referéndum. 

"En la sede de Unipost encontramos un contrato para poder prorrogar el servicio y hacer los servicios encargados por al Generalitat", ha dicho. 

"Estamos insistiendo en la integridad de unos atestados que no van a ser objeto de valoración por el tribunal, perdemos el tiempo; los atestados no van a ser fuente de prueba, van a ser fuente de prueba las respuestas de este señor, pero desvinculadas a los atestados", ha explicado Marchena.  

"El registro del domicilio del señor Jové trasncurrió sin incidentes y con normalidad", ha dicho. 

"Investigamos entidades bancarias y hoteles para obtener información sobre el movimiento de los observadores internacionales a través de Diplocat", ha asegurado. 

"Las personas que estaban frente al domicilio de Jové se levantaron voluntariamente, después de haber estado unos 15 minutos", ha dicho. 

"Yo, responable del registro, jamás le participé a nadie que se iba a realizar el segundo registro", ha dicho. 

"Intentó cobrar la factura porque el servicio fue vigente", ha asegurado. 

"El análisis de software no lo hicimos los Guardias Civiles, lo hizo la empresa que gestiona la contabilidad de Unipost", ha dicho. 

Se reanuda la declaración del cabo de la Guardia Civil. Es interrogado ahora por las defensas. 

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, suspende la sesión hasta las 16 horas.

Sostiene que el registro en Unipost se hizo con mandato judicial, que se les permitió el acceso pero no colaboraron con nosotros.

El testigo insiste que los expertos del Diplocat estaban en Catalunya para hacer de observadores del referéndum.

"No tengo constancia de que la CCMA haya renunciado al cobro de la factura para emitir la campaña de Civisme", explica el agente.

Acaba el interrogatorio de la fiscalía. Toma la palabra la Abogacía del Estado.

Sobre el registro en el Diplocat, afirma que encontraron referencias en informes de que los observadores internacionales hicieron labores de observación durante el referéndum del 1 de octubre. "Solo se tiene constancia de este informe, pero no constaban los nombres de los observadores. El pago lo hizo la delegación del Govern en Bruselas. Se emitieron dos transferencias a The Hague Centre for Strategic Studies y quedaba por hacer un pago", añade.

"Las facturas de Unipost se intentaron cobrar, pero la primera vez el sistema las rechazó por un error de forma. La segunda factura que se intenta cobrar la rechaza un funcionario del Departament de Treball. No se pagaron las facturas", explica.

"En el despacho de Pablo Raventós, en la sede de Unipost de L'Hospitalet, había una nota manuscrita con cinco departamentos de la Generalitat y que se repartían las cantidades de las cartas sobre los miembros de las mesas del reféndum, unas facturas proforma y unos sellos de entrega de cada uno de estos departamentos que constituía un pedido formal del encargo", afirma el agente, que cifra en unos 900.000 euros estos trabajos.

Las defensas vuelven a protestar al considerar que el testigo está declarando sobre actuaciones en los que no estuvo presente.

"En el registro de la casa del señor Antoni Molons (secretario de Difusió) encontramos una tarjeta SIM con el número de teléfono que los interrogados identificaban como el del 'tal Toni'", explica el guardia civil.

El testigo narra ahora las intervenciones de cartelería sobre el referéndum en septiembre del 2017 en empresas de artes gráficas. "Eran unos posters con el anuncio de las vías de tren de diferentes tamaños. Todos llevaban la misma imagen, que hacían referencia indiscutible al referéndum", declara.

El guardia civil explica que a través de un correo electrónico, Núria Llorach, de la CCMA les comunicó que la campaña Civisme era de pago y aportó las facturas. Y señala que se pagaron con un fondo de contingencia.

"La agencia Carat renuncia a hacer la campaña de Civisme porque cree que no es para fomentar la democracia, sino para otra cosa", explica, antes de asegurar que Focus también renuncio a ella cuando los medios a los que llevó la campaña le dijero que era sobre el referéndum.

"Es obvio" que la campaña de 'Civisme' "era para potenciar la participación en el referéndum del 1 de octubre", subraya.

El presidente de la sala, Manuel Marchena, rechaza la protesta de las defensas sobre la impertinencia del testigo, al estar respondiendo a cuestiones que no constaban en su petición.

Este agente también investigó la campaña de registro de catalanes en el exterior. "Las empresas que lograron la adjudicación fueron Focus y una UTE que se encargó de la difusión. Esta publicidad consistía en un cartel y con unas casillas con un 'sí' o un 'no', y se preguntaba si se quería disponer de carnet joven o si querían decidir sobre el futuro de Catalunya", añade. "Sospechamos que Focus Media se financió con fondos públicos", prosigue este testigo.

"Gritaban 'votarem', 'independencia', 'fora les forces d'ocupació'...", continúa el testigo, que asegura que los concentrados también pegaron pegatinas en los vehículos, pero que no causaron ningún daño.

"La concentración no inspiraba confianza de que no se produciría ningún incidente. Yo quise asegurar que no pasase nada, que se llevaran al detenido o destruyeran alguna prueba", explica. Una vez en el coche, asegura que la gente se sentó en el suelo y no dejaban pasar al vehículo de la Guardia Civil. Cuando fueron a pedir ayuda a los Mossos, los concentrados les oyeron y decidiron levantarse para "no darles el gusto de que les sacaran los Mossos".

El guardia civil relata que tras acabar el registro en el domicilio tenían que ir a registrar el despacho de Jové en la secretaría de Economía y Hacienda. Cuando llegó el dispositivo de seguridad, el teniente le comunicó que era imposible ir al despacho y que Jordi Sànchez, entonces presidente de la ANC, le había dicho que no iban a permitir la entrada de ningún coche.

A medida que avanzaba el registro, se fue concentrando gente en las proximidades del domicilio. Incluso tractores, explica el testigo. "No se previó el uso de agentes de seguridad. Ante las 300-400 personas comunico al secretario de las diligencias que tienen que enviar a alguien allí. El comandante contacta con el grupo de seguridad y mandan una unidad. El regisro finalizó a las 12.15 horas, la gente no se dispersaba, y la unidad de seguridad llegó sobre las 14.30 horas. Habían efectivos de los Mossos y de la policía local", continúa.

Se decidió entrar en la vivienda para asegurarla y cuando llegó el abogado se procedió al registro. "En el momento de la detención se le intervinieron tres teléfonos móviles, dos móviles se intervienen en el interior del domicilio, dos ordenadores, varios pen drives, dos agentes moleskine y el documento 'EnfoCATs'. Este documento estaba anillado en una espiral y todos los papeles estaban cogidos, igual que las agendas. Las agendas eran del año 2016 y del 2006. Había referencias al referéndum, a testaferros de ERC y por eso se decidió analizarlas con más detenimiento. 'EnfoCATs' hablaba del referéndum", explica el agente.

"El 20-S se iban a hacer 48 registros, una serie de detenciones y el instructor me comisiona para detener a Josep Maria Jové y efectuar el registro en su domicilio y tras ello, llevarlo a su despacho y registrarlo", explica. Como Jové salía antes de las 8 de la mañana de casa, no se le detuvo en su casa, sino que se le efectuó un seguimiento, y pasadas las 8 se procedió a su detención. Tras ello, fueron a su domicilio. "Nada más llegar paró un vehículo, se paró y bajó una persona que saludó a Jové, un alcalde de una localidad de Barcelona y cargo de ERC. Esa persona estaba allí antes de hacer el registro. La secretaria judicial no quiso empezar el registro hasta que no estuviera presente el abogado del señor Jové", añade.

También ha participado en la investigación del empleo de fondos públicos en la organización del referéndum. También en el registro de la sede de Unipost en L'Hospitalet, de la sede del Diplocat y el registro del despacho y detención de Antoni Molons.

Empieza la fiscalía.

Se retoma el juicio con el interrogatorio a un guardia civil que participó en el registro del domicilio de Josep Maria Jové, el que fuera número dos de Oriol Junqueras.

Receso de 30 minutos.

El agente cae en una contradicción al decir en un primer momento que en uno de los dos edificios que se registraron aquel día no había agentes en la puerta, y ahora sostiene que sí.

Explica que pese a la concentración, la circulación era fluida frente a la Secretaria de Hacienda de la Generalitat.

Asegura que en el interior de los vehículos se encontró sangre, que se mandó a criminalística por si constaba en su base de datos. La prueba dio negativo. Asimismo, asegura que no le consta que en el interior de los vehículos hubiera armas largas.

El agente asegura que comunicó al Colegio de Abogados la detención de Salvadó. El abogado Jordi Pina le pregunta por un comunicado de esta entidad quejándose, precisamente, de que no habían sido informados. El testigo insiste en que sí que lo comunicaron.

El agente asegura que él se encargó de hacer la traducción de las palabras que Junqueras pronunció ante la sede de la Conselleria de Economia el 20-S.

Señala que investigaban a Salvadó sobre la creación de una Hacienda catalana.

El guardia civil explica que en el registro del domicilio de Salvadó no estuvo su abogado.

Preguntan las defensas. 

Turno de Vox. El testigo afirma que no vio si alguien dirigía a los concentrados frente a la Secretaría de Hacienda.

El testigo señala que en la Secretaria de Hacienda tampoco se puso ningún impedimento para el registro.

Explica que en el caso de actuaciones judiciales, sean secretas o no, se comunican siempre a los Mossos d'Esquadra porque tienen las competencias en orden público.

El guardia civil explica que Salvadó permitió la entrada a su vivienda y no puso ningún impedimento para el registro.

Pregunta la abogada del Estado.

Sobre los coches de la Guardia Civil, señala que se halló basura dentro, además de un bolso y una riñonera. Se localizó a sus propietarios. Una de estas personas dijo que se lo habían robado y había una denuncia presentada. La otra persona afirmó que lo había perdido, pero cuando visionaron los vídeos de aquella noche era una de las personas que "más hostigó" la labor de la Guardia Civil aquel día, afirma.

Explica que hubo una concentración de unas 50-80 personas en la calle durante el registro. "Llevámamos nuestra unidad de seguridad. La gente se mantuvo a distancia pero gritando 'votarem', 'fora les forces d'ocupació', 'feixistes'...", añade, antes de asegurar que esta concentración no les dificultó su tarea.

"Poco antes de terminar el registro escuchamos gritos y vítores. Se presentó allí el señor Junqueras. Le dijimos que no podía hablar con el señor Salvadó porque estaba detenido, pero hizo caso omiso. Le saludó, mantuvieron una pequeña conversación. Iba acompañado de unas 10 personas y alguna de ellas iba con móvil e iba grabando, a pesar de que les dijimos que no podían grabar. Pero hicieron caso omiso, hubo un pequeño forcejeo", añade el testigo.

El agente explica que encontraron papeles en una papelera. Ocho folios rotos en los que se podía leer 'Escenarios posteriores al referéndum' y que dividía en cuatro fases: la noche electoral, el recuento y actos simbólicos, transitoriedad jurídica y proceso constituyente.

En el despacho hallaron "abundante documentación" escrita, material informático que se clonó in situ, se volcaron los correos corporativos. "Nos llamó la atención un documento de dos folios manuscritos con los títulos 'escenario de guerra' y 'escenario de guerrilla' y versaban sobre las medidas jurídicas del Estado español en caso de secesión y las vías de subsistencia que podía tomar contra las mismas Catalunya". También hallaron documentos sobre la creación de una agencia tributaria propia, la secesión en la UE, las medidas para conseguir un reconocimiento internacional o las medidas para llegar a un Estado propio.

Tras este registro, acudieron al despacho de Salvadó en la Gran Via de Barcelona en presencia del exsecretario de Hacienda del Govern en calidad de detenido.

El guardia civil explica que en el domicilio de Salvadó se hallaron documentos sobre un catastro en Catalunya en el momento de la desconexión o el inventario de los bienes inmuebles del EStado en Catalunya.

En la sala del tribunal se está llevando a cabo un debate entre las defensas y el presidente por las conversaciones grabadas. Las defensas reclaman que se puedan escuchar en la fase de pruebas.

El agente explica que el 20-S fue el jefe del dispositivo judicial establecido para la detención de Lluís Salvadó. Acudió al domicilio del exsecretario de Hacienda de la Generalitat para registrar su despacho y proceder a su detención. Explica que tardó un poco en abrir porque estaba hablando por teléfono con su secretaria. Y cuando abrió les comentó que estaba hablando con su secretaria, que le había llamado para decirle que la Guardia Civil estaba en su despacho. Después, comprobaron que esta conversación hubiera tenido lugar puesto que tenían las llamadas intervenidas. En ella, se escucha a Salvadó decir a su scretaria: "Entra al despacho, coge la pila de papeles que hay encima de la mesa y tíralas al patio". Y ella, continúa el agente, le contestó: "Ya he cogido algunas, pero está aquí la Guardia Civil y no me da tiempo".

Pregunta el fiscal Javier Zaragoza.

Empiezan las declaraciones de los guardias civiles -queda aplazada la de David Badal, funcionario del Departament de Treball-, que han pedido preservar su imagen por lo que no se les verá el rostro. En primer lugar, comparece un agente que participó en el registro del despacho de Lluís Salvadó.

Concluye la declaración de Felipe Martínez Rico.

Martínez Rico reitera que se recibió una comunicación en el ministerio por parte del Govern según la cual se suspendía el envío de información, pero admite que se siguieron remitiendo los informes semanales.

"Yo no tengo conocimiento de que el ministerio vinculara con el referéndum los expedientes de gasto (sobre el registro de catalanes en el exterior)", añade.

La abogada de Jordi Cuixart realiza una batería de preguntas al testigo sobre el Diplocat (gastos de observadores...), pero en todas ellas responde "no lo recuerdo".

Martínez Rico destaca que se llevaron incumplimientos a la fiscalía por retrasos en el envío de documentación. Y señala que si la comunidad autónoma requería un aplazamiento se le otorgaba.

Tienen la palabra las defensas.

Pregunta Vox. "Uno de los motivos por los que se establece un control reforzado en julio del 2017 es la recepción por parte de la intervención de la generalitat de gasto ejecutado de una partida suspendida, por un importe superior a los 20.000 euros", explica. "A juicio del ministerio, hubo varios envíos que motivaron el envío de una denuncia a la fiscalía. Los momentos en que se envían esas denuncias coinciden con la información recibida por una campaña pública para participación ene el proceso refrendario y otro vinculado con la modificación presupuestaria a finales de agosto por parte del Govern", añade.

"La voluntariedad se exigía de la adhesión al mecanismo. Una vez la comunidad autónoma se adhería al mecanismo, estaba obligada a remitir la información", señaal.

Concluye el interrogatorio de la fiscal. Toma el relevo la abogada del Estado.

"¿El 1-O se financió con fondos públicos?", le pregunta la fiscal. "Desde Hacienda se solicitó al servicio jurídico del Estado en enero del 2018 que se personase en las causas en las que pudiera haber un perjuicio económico a la hacienda pública estatal. Dentro del marco de control de seguimiento presupuestario, el ministerio hizo un seguimiento de cómo se gastaba el presupuesto. Lo que fuera la realidad material de los hechos...".

Sobre la campaña de publicidad institucional 'Civisme', Martínez Rico explica que Hacienda admitió un crédito con cargo al fondo de contingencia, pero asegura no recordar qué argumentos dio la Generalitat para pedir este crédito para que fuera aceptado por el ministerio. No obstante, subraya que no se llegó a ejecutar el gaso.

Martínez Rico declara que se requirió información sobre los gastos del Diplocat, y la no hacerlo se comunicó a la fiscalía. También recuerda gastos relacionados con el registro de catalanes en el exterior.

"Se hizo un requerimiento, a instancias del juzgado de instrucción, sobre las partidas que podían tener que ver con la organización del referéndum", explica.

"En muchos casos (la información) fue completa y exacta y en otros no, y se tomaron medidas, se llevó a fiscalía", continúa.

"Los certificados llegan hasta donde llegan y tienen los límites que tienen. La realidad material es mucho más compleja.  Una contratación irregular contraria a las pautas del sector público es irregular y por tanto quedaría al margen del control", destaca.

Martínez Rico afirma no tener constancia de que la Generalitat recurriera esta última decisión de Hacienda de 15 de septiembre.

A finales de julio, los 'consellers', el vicepresidente y la interventora de la Generalitat asumieron la responsabilidad de los envíos de los informes. Se emitieron los informes hasta septiembre del 2017. El día 13 de septiembre, El Govern comunicó a Hacienda que no iba a remitir más información. "Esta comunicación se denuncia a la fiscalía y se adopta un nuevo acuerdo el 15 de septiembre y se refuerza aún más el seguimiento presupuestario de la comunidad autónoma", explica Martínez Rico. A partir de ese momento, toda la financiación que recibía Catalunya del Estado se canaliza directamente a los acreedores de la comunidad autónoma y se establece un nuevo sistema de certificación para que se dé constancia de que el expediente de pago no es contrario al ordenamiento jurídico.

Rico explica que Catalunya siempre cumplió con los requerimientos de Hacienda y no recurrió el sistema de control hasta que se adoptó el acuerdo del 21 de julio.

El testigo explica que el 21 de julio se adopta un acuerdo para que los informes al Estado por parte de Catalunya pasen de una periodicidad mensual a semanal.

Catalunya debía mandar un certificado mensual: información presupuestaria con un nivel de detalle muy elevado y una calificación de que en este tipo de expedientes de gasto no se tenía conocimiento de que hubiera gastos "contrarios al ordenamiento jurídico", señala el exsubsecretario de Hacienda.

Rico explica que Catalunya se acogió al fondo de liquidez autonómica y que este mecanismo exigía un plan de ajuste y el envío de información sobre los gastos. Pero a esta comunidad se le impuso un seguimiento más exhaustivo que a otras autonomías "con motivo de la situación económica", pues, añade, su deuda estaba tipificada como "bono basura".

Pregunta la fiscal Consuelo Madrigal sobre un documento de partidas presupuestarias de Catalunya, que antes del referéndum tuvo sus cuentas intervenidas para evitar que se pudieran destinar fondos públicos al referéndum.

Arranca el juicio con la declaración de Felipe Martínez Rico, exsubsecretario de Hacienda y mano derecha de Cristóbal Montoro.

El TSJC notificará este martes a los 'cupaires' Antonio Baños y Eulàlia Reguant el acuerdo del Tribunal Supremo de multarles por no declarar como testigos en el juicio del 'procés'.

El abogado del Estado Edmundo Bal, fichado por Ciudadanos para concurrir en las listas electorales al Congreso por Madrid, ha asegurado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que prometer que no habrá indultos en caso de que haya una sentencia condenatoria en el juicio del procés. "Habría que preguntarse qué pasará el día de mañana, si hay una sentencia condenatoria y si el presidente del Gobierno puede prometer que no habrá indultos, eso es lo más importante", ha asegurado Bal en una entrevista en RNE, al ser preguntado por el desarrollo del juicio.