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EL JUICIO DEL 'PROCÉS'

Sànchez: "El problema de Catalunya no pasa por lo que haga esta sala, sino por el diálogo"

Asegura que las protestas de la Conselleria d'Economia "no fue un alzamiento de 60.000 personas"

"Puedo ser independentista, pero no idiota", contesta al fiscal ante el que condena el daño a los vehículos

Ángeles Vázquez / J. G. Albalat

Rull, Turull y Sànchez, en el juicio en el Tribunal Supremo.

Rull, Turull y Sànchez, en el juicio en el Tribunal Supremo. / EFE

El expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez esperó al final de su declaración ante el tribunal del 'procés' para lanzar su mensaje: “El problema de Catalunya no pasa por lo que pueda hacer esta sala con una sentencia, sino por el diálogo" y hasta dijo comparti, como había dicho el Rey este miércoles, que "no puede haber democracia sin ley", pero él añadió que "no puede haber una ley que ahogue a la democracia". A renglón seguido precisó que los derechos evolucionan y que aunque el de autodeterminación no esté recogido en la Constitución eso no significa que sea inconstitucional. 

Previamente Sànchez, en la línea de Oriol Junqueras y Raül Romeva, se había declarado "un preso político" en "un juicio político". Lo justificó en que los hechos por los que la fiscalía le acusa son "absolutamente falsos". "Se ha intentado generar un relato de que hubo un intento continuado de asalto y es falso". "No hubo un alzamiento de 60.000 personas" ante la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, aseguró.

El interrogatorio de Sànchez es crucial para la fiscalía porque la violencia necesaria para acusar por rebelión se basa justo en ese día y en el 1-O. Por eso hubo tensión con el fiscal Javier Zaragoza, mucho más inquisitivo que sus compañeros, tanto en relación con los vehículos de la Guardia Civil que fueron destrozados como con el 1-O. El acusado afirmó que él puede "ser independentista, pero no idiota", porque nunca quiso atribuir ese daño al Instituto Armado, sino a "algunos manifestantes que se aprovecharon del anonimato" y de la premura de la convocatoria de la movilización para protestar contra los arrestos de la Anubis.

"¿Pero por qué no hay imágenes? Esos daños existen y los condené entonces, como siempre he condenado la violencia, porque fue una torpeza política. Pero los daños solo fueron en vehículos, no en inmuebles ni personas", explicó. Consciente de lo que se juega fue muy taxativo: "No hubo en ningún momento bloqueo de la puerta, agresiones o lanzamiento de objetos".

Rifi-rafe con el fiscal

Tras horas dando vueltas al pasillo para la comisión judicial que acabó rechazando la Guardia Civil por falta de seguridad y los coches, en los que había sido advertido de que había armas, se produjo uno de los múltiples rifi-rafes que tuvo con el fiscal. Sànchez se preguntó cómo podía apartar a la gente concentrada para proteger las armas y Zaragoza le respondió con su actuación de medianoche sobre uno de esos vehículos: "En su caso parece muy fácil, coge el megáfono" y desconvoca.  

Con el 1-O el fiscal se centró en los tuits en los que llamó a acudir a los colegios para "proteger el recuento". "Hubo muchas iniciativas para intentar favorecer que la ciudanía fuera a votar" y recordó que "organizar un referéndum ilegal no puede tener un reproche penal". Replicó que le constaba que hubo una reacción policial desproporcionada en algunos colegios con métodos prohibidos, como el uso de pelotas de goma prohíbidas, pero no que agentes resultaran lesionados.

"Estábamos ejerciendo en un Estado de derecho el pluralismo y el debate de las ideas. Esto es la lógica de derecho. Lo que es sorprendente es que yo esté aquí y me enfrente a 17 años de cárcel. Jamás imaginé una respuesta de tensión o de violencia el 1-O, como que en una movilización de la ANC unos vehículos sufriesen daños", aseguró. 

A la afirmación de Sànchez de que "el Estado de Derecho que confía en sus instituciones no tiene que temer ante una movilización ciudadana así", el fiscal replicó: "La lógica del Estado de derecho es defender la legalidad". El presidente del tribunal, Manuel Marchena, les pidió que volvieran a los hechos, pero a la siguiente pregunta del fiscal, Sànchez recurrió al wassap del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, sobre el nombramiento del propio Marchena para presidir el alto tribunal. El exabrupto puso fin al interrogatorio fiscal.

Catalán

Como habían hecho todos los acusados al iniciar su declaración Sànchez criticó el que el tribunal optara por la declaración consecutiva (con intérpretes) y no la simultánea, aunque él aprovechó su intervención para reprender al alto tribunal. "Lamento que el Supremo haya perdido una oportunidad para hacer pedagogía de un Estado plurinacional del reconocimiento de la diversidad. Si tuviéramos una actitud distinta no habríamos llegado a donde hemos llegado", dijo en referencia al juicio al que se enfrenta junto con otros 11 líderes del 'procés'.

Explicó que la ANC es una entidad privada que "cumple y siempre ha cumplido con la legalidad". Ella utiliza "el derecho de reunión, el de movilización, con absoluto respeto a las normas de civismo, de no violencia", como, destacó, siempre ha ocurrido en las que ha protagonizado desde 2012, cuando se creó. Y aseguró que se considera un preso político porque está "convencido de que está aquí por haber sido presidente de la ANC desde el año 2012". A preguntas de su abogado, Jordi Pina, Sànchez negó conocer el documento Enfocats, en el que se basa la acusación fiscal. Lo calificó de "documento apócrifo, genérico", en el que "cuando intentó proyectar no dio ni una".

20-S

Aclarados los términos en los que iba a transcurrir la declaración, el fiscal Javier Zaragoza entró en el meollo del asunto: la concentración del 20 de septiembre frente a la Consejería de Economía para protestar por los registros de la operación Anubis, fecha clave para sostener el delito de rebelión que imputa el ministerio público. Según el representante del ministerio público, fue la secretaria general de ERC, la huida Marta Rovira, quien le avisó del operativo. Sànchez no supo aclarar si había sido en las tres o cuatro llamadas que mantuvo con ella o a través de los medios.  

A continuación explicó que el lema utilizado para protestar contra las detenciónes, "Defendamos las instituciones", no era propio de la ANC, sino que lo compartían muchas instituciones catalanas, como universidades, que compartían "muchas dudas sobre el motivo real de las actuación del Juzgado" de Instrucción número 13 de Barcelona. Según su versión, los registros y arrestos "generaron una sensación de indignación y de acuerdo con el mandato de la ANC, convocamos una protesta, porque forma parte del ordenamiento democrático. Una decisión judicial tiene que ser respetada, pero no le exime de ser protestada por considerarla no ajustada a la ley. Llamamos a movilizar a los ciudadanos en defensa de las instituciones de Catalunya", explicó, aunque más tarde admitió que no comunicó oficialmente la protesta hasta las 10 de la mañana. 

El fiscal le preguntó por los "cuatro o cinco" tuits que mandó para llamar a la movilización, lo que dio pie hasta para bromear con su abogado sobre que "todavía confía en él" y comprobará si algún comentario de los que le atribuye la acusación no fue realmente suyo. Señaló que en cuanto llegó a la consejería había ya centenares de personas y muchos medios de comunicación, "que estaban en la primera línea y en los vehículos oficiales" de la Guardia Civil que luego quedaron destrozados. "Cuando llegué ya no vi los vehículos hasta posteriormente cuando regresé al cabo de dos o tres horas", explicó.

Decía que aunque no tenía previsto regresar esa mañana lo hizo al recibir un mensaje o una llamada del entonces ‘conseller’ Joaquim Forn que le pidió ayuda "en la cuestión de seguridad y facilitar un pasillo para poder garantizar la entrada de persona de la comitiva judicial". Le contestó que colaboraría "en todo lo necesario".

"La moviilización nos sorprendió a todos por la gran respuesta que tuvo. Cuando comunicamos que íbamos a realizar esa concentración hicimos una previsión de 2.000 personas, porque se hizo sin previsión en un día laborable. Siempre hay una guerra de cifras, pero mi sorpresa es que quien nos acusa pone más manifestantes, habla de 60.000 personas", explicó.

Tensión por las armas

Según Sànchez, fue la propia Guardia Civil quien le comunicó que en los coches "sin vigilancia inmediata" había armas largas. "Ese fue el momento de tensión que he tenido e informé de ello al mayor Josep Lluís Trapero y a la intendente Teresa Laplana", ambos imputados en la Audiencia Nacional, según el acusado.

"No hay que confundir servicios de orden con orden público", en referencia a que esto último depende de los mossos y la Guardia Civil, aseguró a preguntas del fiscal, para justificar que él no tuviera ocuparse de lo de los vehículos. "Hubo un escenario con música y artistas y era un elemento festivo por parte de la mayoría de personas y en ningún momento se aprecia tensión", insistió pidiendo al tribunal que vea las imágenes de televisión. 

Sànchez lamentó que por la actuación de unos pocos se criminalice una movilización, lo que suscitó una rápida respuesta del que fue fiscal jefe de la Audiencia Nacional: "No se penaliza la movilización, sino los resultados y consecuencias de esa movilización".

Pasillo para detenidos

Explicó que cuando Trapero la pidió la necesidad de abrir un pasillo para que entraran los detenidos en los registros le puso "todas las facilidades". Posteriormente comunicó cuándo el pasillo para la comisión judicial "ya estaba formado y a su plena disposición, cosa que ya sabían porque hacía una media hora que estaba formado". El teniente del Intituto Armado consideró que no era seguro y nos pidió que desplazáramos a las personas que protestaban de la parte central. "No era razonable ni de sentido común desplazar, porque no había capacidad humana para hacerlo, para desplazar a miles de personas, para que unos vehículos pudieran entrar", sostuvo. Precisó que el tuit de la ANC que decía que ese pasillo no era para la Guardia Civil no era suyo, aunque considera que era real, porque no lo quiso utilizar.

A la pregunta de por qué no disolvió la concentración al comprobar que se obstaculizaba la operación judicial, Sànchez negó la mayor y sostuvo que "no hubo ningún detenido que dejara de estar presente en la consejería de Economía y la comisión judicial hizo su tarea", según declararon ellos mismos ante al entonces jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. 

"El derecho a la protesta existe, si no impide el ejercicio de otros derechos, no tiene que ser limitado y aunque yo hubiese querido no soy capaz de acabar con esa movilización", explicó Sànchez, que añadió que "por la noche" si lo pudo hacer porque "después de que los medios dijeran que estaba prevista" hasta la medianoche. "Lo cierto es que hubo situación de tensión y de enfrentamiento", le respondió el fiscal.  

Sànchez admitió que a las ocho de la tarde pidió “que nadie se vaya a casa porque será una noche larga e intensa", lo que justificó en que el teniente de la Guardia Civil le dijo que a la comisión judicial le quedaba para rato. Fue al filo de la medianoche cuando se subió a un vehículo y promovió la desconvocatoria, porque "a lo largo de las siguientes horas la comitiva judicial iba a finalizar". La única carga policial que hubo fue a la 1 y media de la mañana.