NUEVA ETAPA

PP y Cs se lían y confunden "transgénero" con "transgénico"

El acuerdo para la Junta busca la reforma de la administración pública y la bajada de impuestos

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Julia Camacho

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Una reforma total de la administración pública y medidas económicas y sociales para dejar Andalucía de forma "que no la va a reconocer ni la madre que la parió". Así se refirió en las redes sociales el portavoz de Ciudadanos en el CongresoJuan Carlos Girauta, al acuerdo con el PP para abrir una nueva etapa en la Junta. El programa de Gobierno entre populares y naranjas incluye 90 medidas de calado para ahondar en la transformación de la comunidad, aunque sin memoria económica que la justifique.

Además de la bajada de impuestos y la racionalización de la administración, el acuerdo no elude el acento social incluyendo incluso medidas que prometió el PSOE en campaña, como la educación gratuita de 0 a 3 años. La apuesta de PP y Cs no escapó, no obstante, de un patinazo a la hora de redactar su acuerdo programático que ha convertido a ambos partidos en objeto de burla y crítica. El error se produjo en el punto en que se comprometen a defender "los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénico e intersexuales" para garantizar su no discriminación.

Los usuarios de Twitter se fijaron en seguida en el término transgénico, una expresión que se usa para alimentos manipulados genéticamente, pero que no tienen absolutamente nada que ver con las personas transgénero, que es a lo que presuntamente se refería el acuerdo. Así, por ejemplo, un tuitero identificado como Víctir Guinot ironiza con que "los tomates transgénicos también tienen derechos" y explica la causa de ese error: "Cuando uno no sabe de lo que habla comete erratas así".

Pese a necesitar el apoyo de Vox para sacar adelante no solo la investidura, sino también el día a día de la legislatura, el decálogo de medidas que propone la formación de ultraderecha apenas tiene acomodo en el acuerdo suscrito entre PP y Cs estas navidades. Es más, el texto hace una defensa del Estado de las autonomías, frente a la devolución de competencias que promueven la formación de Santiago Abascal en Educación, Sanidad o Justicia.

Tampoco se atiende la derogación de las leyes de violencia de género, promoviendo un pacto regional en la materia, o de la de memoria histórica, y menos aún la de la repatriación de los inmigrantes. Es más, el pacto no va más allá de la implantación de plan de mejora de la gestión migratoria y el aumento de medios y personal para la vigilancia de las fronteras, y propone aumentar los recursos para atender a los menores inmigrantes.

"Redimensionamiento" de la tele pública

Como única concesión podría entenderse la creación de un grupo de expertos para el "redimensionamiento" de la televisión pública. El grueso del acuerdo, no obstante, se centra en la bajada de impuestos masiva y la reforma total de la administración y su despolitización: desaparición de la administración paralela, reducción sustancial de los altos cargos y que estos tengan una dedicación exclusiva; directivos de empresas públicas elegidos siempre por concurso público, abierto y transparente por un período de seis años; promoción vertical y horizontal de los funcionarios con garantías jurídicas para evitar la discrecionalidad de los poderes públicos, y agilización de los trámites burocráticos.

En materia sanitaria, se comprometen a equiparar el sueldo a profesores y médicos con la media nacional y a un plan de choque para reducir "de forma efectiva" las listas de espera, aunque sin dar plazos ni cifras. Ambas formaciones asumen, además, la defensa de la educación concertada, extendiéndola al Bachillerato.