Sánchez enviará a la Policía a Catalunya si los Mossos no actúan

Mientras el 'president', Quim Torra, iniciaba su retiro en Montserrat, Pedro Sánchez tomaba este lunes su decisión más delicada sobre Catalunya desde que está al frente del Gobierno. Tras los boicots de los Comitès de Defensa de la República (CDR), con el auge de Vox en la retina, bajo la presión creciente de PP y Ciudadanos para imponer mano dura frente al independentismo, y después de la llamada a la 'vía eslovena', el Ejecutivo advirtió por carta al Govern de que si los Mossos d'Esquadra hacen dejación de funciones, "se ordenará la intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuando proceda y en términos de proporcionalidad y necesidad".

La amenaza figura en la carta remitida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al 'conseller' de Interior, Miquel Buch, una de las tres misivas que el Gobierno envió este lunes al Ejecutivo catalán. Las otras dos las rubricaron la vicepresidenta, Carmen Calvo, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, también a sus cargos homólogos en el Govern (Pere Aragonès y Damià Calvet, respectivamente), reclamando explicaciones.

El Gobierno recuerda en sus cartas que es la propia Constitución en su artículo 104 la que establece "sin excepción" que la misión de la Policía y la Guardia Civil es proteger el libre ejercicio de derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Subraya también que la ley orgánica 2/1986 de fuerzas y cuerpos de seguridad también prevé que el Estado asuma las competencias a pesar de la existencia de policía autonómica "cuando lo estime necesario" puesto que "los bienes jurídicos protegidos no admiten inacción".

Calvo, además, critica la aparente "dejación de funciones, con consecuencias tanto de carácter económico y social como para la seguridad pública". Advierte de que evaluará si ha habido incumplimientos jurídicos y le solicita aclaraciones sobre la actuación de los Mossos de Esquadra ante "los altercados" en los peajes.

¿Más anuncios el miércoles?

La voluntad del Gobierno es que Sánchez pueda confirmar su decisión definitiva el miércoles en el pleno monográfico sobre Catalunya previsto en el Congreso, aunque no descartan que la situación se precipite y se adelante a las próximas horas. En todo caso, el Ejecutivo recuerda que, si bien la medida es "contundente", no se llegará a la aplicación del artículo 155 de la Constitución que reclaman las derechas, porque ese es, insisten, el último escenario.

Más allá de las consideraciones técnicas, está la trascendencia política. La decisión de intervenir a los Mossos dejaría prácticamente sin fuelle la llamada vía de la desinflamación, el intento de apaciguamiento entre el Estado y la Generalitat, ahora que el presidente necesita el apoyo del PDECat y ERC para tramitar los Presupuestos del 2019 en el Congreso.

Fuentes del Govern consideran que una eventual intervención de los Mossos 'rompería la baraja' de las relaciones institucionales, informa Fidel Masreal. "Esperemos que no se atrevan a hacerlo", apuntan. E instan al Ejecutivo a tomar bien la temperatura social en Catalunya. En el Govern esperan que Sánchez concrete este miércoles en el Congreso alguna propuesta sobre el conflicto catalán, más allá de opinar sobre la actuación de los CDR.

Refuerzos policiales

Ironías del destino, una de las iniciativas con las que el presidente quería allanar el diálogo y profundizar en la política de gestos hacia Catalunya, la celebración de un Consejo de Ministros en Barcelona el 21-D, todavía ha alimentado más el incendio. Después de que los CDR hayan llamado a boicotear la reunión y que el propio Torra haya despreciado la posibilidad de reunirse con Sánchez, el Gobierno se ha visto obligado a organizar un operativo especial de seguridad. Fuentes conocedoras de los detalles han asegurado a este diario que Presidencia del Gobierno ya está trabajando en el dispositivo y que serán 400 agentes de la Policía los que garanticen la seguridad del encuentro en la capital catalana.

El despliegue se prevé entre los días 19 y 22 de diciembre. El Govern insiste en que esa cita es una "provocación" que justifica que se lleven a cabo actos de protesta en contra de esta iniciativa anunciados por los CDR, y Torra sigue sin aceptar la propuesta de Sánchez para celebrar un encuentro bilateral en pos del diálogo entre administraciones.