El juez del 1-O pide al TSJC que impute al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga el 1-O, ha remitido una exposición razonada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) para investigue al vicepresidente del Govern i 'conseller' de Economia, Pere Aragonès, y a los actuales diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.

Según ha informado el TSJC, la sala civil y penal ha recibido la exposición razonada del titular del juzgado de instrucción número 13 para que asuma la causa respecto a tres investigados en su procedimiento, Aragonès, Jové y Salvadó, ya que entiende que la competencia sería del alto tribunal catalán dada su condición de aforados.

Pere Aragonés: "Habrá más 1-O"

La magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret será ahora la encargada de decidir si el alto tribunal catalán admite a trámite la solicitud planteada por el juez de Barcelona, que investiga a varios exaltos cargos del Govern por el referéndum unilateral del 1-O. 

Ataques al PSOE

Tras conocerse la noticia, el presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha reaccionado afirmando: "Intentan decapitarnos una vez tras otra. Pero no lo conseguirán". Aragonès, por su parte, se ha mostrado "sereno" y "tranquilo" por el trabajo hecho. "Persistiremos en nuestro compromiso de alcanzar una Catalunya independiente, socialmente justa, económicamente próspera. ¡Siempre adelante", ha escrito en su perfil de Twitter. El 'president' Quim Torra ha afirmado, también en Twitter: "ganaremos porque estamos en el lado correcto de la historia. Y porque no aceptaremos ninguna sentencia en esta causa general contra los derechos civiles y el derecho de autodeterminación de Catalunya". El dirigente de JxCat, cercano a Puigdemont, Albert Batet, ha espetado en Twitter: "Los gestos del PSOE dan pena, la credibilidad de Pedro Sánchez tiende a cero", en relación a la reciente afirmación del presidente del Gobierno de evitar nuevos choques judiciales con Catalunya.

La decisión, en septiembre

Fuentes del alto tribunal han explicado a la Agència Catalana de Notícies (ACN) que la decisión sobre Aragonès, Jové y Salvadó no se tomará hasta septiembre, ya que la sala es inhábil en agosto. Además, la jueza Alegret deberá dar traslado a la fiscalía para que esta se posicione sobre si deben investigarse o no los tres políticos de ERC. El pasado 8 de mayo, el juzgado de instrucción número 13 remitió un escrito al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para que sopesase la posibilidad de incluir a Salvadó y Jové en la causa por rebelión. Llarena rechazó la petición al no ver indicios de su participación en este delito.

Informe de la Guardia Civil

Según consta en un informe de la Guardia Civil reenviado al juez del 1-O en abril, Jové realizó diferentes gestiones para aprobar una transferencia por valor de 3,4 millones de euros para campañas publicitarias del referéndum, atendiendo a la petición de Aragonès.

La Guardia Civil halló estas gestiones tras analizar el correo de Jové, exnúmero dos de Oriol Junqueras en Economia antes de la aplicación del artículo 155. Aragonés, por su parte, era secretario de Economia; y Salvadó, responsable de Hisenda. Jové y Salvadó fueron detenidos durante el registro en la Conselleria de Economia, en el operativo policial del 20 de septiembre puesto en marcha para intentar parar la consulta, aunque ambos salieron en libertad al día siguiente.

Coste de seis viajes

En otro informe del instituto armado entregado al juzgado número 13 el pasado julio, se detectaron seis viajes al extranjero (Irlanda, Flandes, Londres, Noruega y a Eslovenia dos veces) efectuados por exaltos cargos del govern -tres de ellos por Aragonès- para reunirse con personalidades políticas de terceros países, directivos de entidades bancarias que operaban a escala internacional, responsables de fondos de inversión especializados en la adquisición de deuda soberana y entidades de calificación de deuda pública.

"Se ha podido determinar que todas estas reuniones tuvieron como principal objetivo tratar cuestiones vinculadas con la futura financiación exterior de una Catalunya independiente", advertía al juez la Guardia Civil, que añadió que en la práctica totalidad de los seis viajes bajo sospecha iban "importantes cargos públicos", entre los que destacó a Pere Aragonès y Lluís Salvadó. Según los investigadores, podría existir un delito de malversación de caudales al haberse pagado los vuelos y estancias con dinero público.