Desahucios y pobreza energética tendrán que esperar

Sin duda una de las leyes sociales más conocidas de las aprobadas por el Parlament en los últimos años y suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC) a instancias del Gobierno del PP es la 24/2015, la de la lucha contra los desahucios y la pobreza energética. La norma fue el fruto de la recogida de miles de firmas por parte de los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular: la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatori DESC. Una ley que ahora tanto el Govern como el Gobierno dicen defender, por ser gobiernos con sensibilidad social. Pero en la práctica, unos y otros se culpan mutuamente de que siga bloqueda en el TC. El desbloqueo tendrá que esperar.

La ministra Batet alegó que son el Govern y el Parlament los que han de especificar cómo rectificarán los artículos de la ley que pueden ser inconstitucionales. "Las leyes han de cumplir el marco constitucional y se trata de que el Estado y la Generalitat negocien para ver si introduciendo modificaciones se puede desistir entonces del recurso ante el TC", ha alegado la titular de Política Territorial. En cambio el 'conseller' Maragall, enojado, contraatacaba: "Ni en una cuestión tan evidente como la vivienda ha quedado claro que podíamos ir a una solución inmediata, clara y cierta, todavía no está claro qué posición tienen".

Una ley pionera

La ley 24/2015 fue aprobada por unanimidad pero el PP se desmarcó de dos aspectos, relativos a la cesión obligatoria de pisos vacíos para alquiler social y las medidas para extinguir el sobreendeudamiento familiar y facilitar una segunda oportunidad a las familias atrapadas por las deudas.

Con todo, la norma tuvo una vigencia de tan solo 9 meses ya que el Gobierno de Mariano Rajoy la llevó ante el TC en lo relativo a la obligación de los bancos de ofrecer vivienda social para garantizar el derecho a la vivienda, y también en relación al impuesto a los pisos vacíos.

Ante la reunión de la bilateral Estado-Generalitat, los promotores de la ILP habían presionado -sin éxito, a la vista del resultado de la cumbre- a ambas administraciones para que tengan sobre la mesa de trabajo el desbloqueo de esta normativa. "La ley, durante los 9 meses que estuvo en vigor en su totalidad, garantizó una segunda oportunidad a las familias, se pararon miles de desahucios, aumentó el parque de vivienda pública, se aseguraron realojos adecuados y también se detuvieron miles de cortes de suministros", apunta los promotores de la iniciativa. Según datos de los promotores de la ILP cada día se producen en Catalunya 43 desahucios, el 65% de los cuales corresponde a vivendas en alquiler. 

La impugnación de normas sociales por parte del Gobierno del PP no es nueva. En el 2016 el Constitucional anuló el decreto de pobreza energética de Catalunya por considerar que invadía competencias estatales. A finales del 2013, el Govern prohibió a las compañías de luz y gas cortar el suministro, en caso de impago, a las personas en situación de vulnerabilidad económica durante los meses de más frío. Esta solución, considerada insuficiente por parte de las entidades sociales vinculadas a la lucha contra la pobreza energética, "invade la competencia estatal en materia de régimen energético", según el Constitucional.