El Parlament aprueba el decreto de necesidades financieras del Govern

El vicepresidente del Govern y titular de Economia, Pere Aragonès, ha explicado en la Diputación Permanente del Parlament la necesidad de que este órgano parlamentario convalide un decreto del Govern para poder llevar a cabo operaciones financieras de aval público en el marco de la actual situación de prórroga presupuestaria. "Se han de adecuar necesidades financieras mientras se mantenga la prórroga presupuestaria", ha argumentado Aragonès. Finalmente la Diputación Permanente ha convalidado la medida.

Matrículas universitarias

En concreto se vota si se permite al govern siete avales, entre ellos el de la gestión de ayudas universitaris para permitir el aval a entidades financieras para ejecutar convenios con los que financiar el importe de la matrícula universitaria. También se trata de autorizar el aval al Parc Científic de la Universitat de Barcelona.

Aragonès también ha reclamdo la autorización para un aval de operaciones financieras de cooperativas agrarias "para preservar la financiación del sector agrario", así como un aval al Circuit de Catalunya para el gran premio de F1 del 2019. Así mismo el vicepreisdente ha reclamado aval para actuaciones de comprobación e inspección del IVA y el Consorcio del Parc de Recerca Biomèdica, entre otros. "En condiciones no excepcionales se hubiera incorporado el decreto ley de finales de abril", ha apuntado Aragonès.

La diputación permamente del Parlament -máximo órgano en períodos de no actividad plenaria- debate también un decreto por el que se asume la "gestión directa" del servicio de abastecimiento de agua a poblaciones por medio de la red Ter-Llebregat, de titularidad de la Generalitat, y se crea el Ente de Abastecimienot de Agua Ter-Llobregat.

La convalidación del decreto sobre medidas financieras y la ATLL se ha llevado a cabo en la Diputación Permanente y no en el pleno ordinario debido a que las desavinencias entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana en relación a la suspensión de los diputados soberanistas procesados han llevado al cierre de la actividad parlamentaria hasta octubre. La oposición ha reprochado al Govern que las disputas y dificultades internas de los independentistas hayan provocado que este decreto acabe en la Diputación Permanente.