Macrooperación en varios ayuntamientos por contratación irregular de semáforos y videocámaras

La Policía Nacional ha desplegado este martes una amplia operación en toda España por el presunto amaño de adjudicaciones de contratos públicos vinculados a sistemas de control de tráfico, como semáforos y videocámaras, que afecta a 40 municipios, ocho de ellos catalanes. La macrooperación ha salpicado, además de al PP y al PSOE, por primera vez a Ciudadanos, ya que entre los más de 30 detenidos figura el alcalde de Arroyomolinos (Madrid), Carlos Ruipérez. 

Los agentes han practicado 49 registros y han detenido a 39 personas, entre alcaldes, cargos municipales, policías locales y empresarios. Entre los arrestados figura también el empresario José Luis Ulibarri, investigado por el 'caso Gürtel'.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona ha coordinado la macrooperación. A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ha ordenado el registro en ayuntamientos, despachos, empresas y domicilios particulares. El objetivo es "completar la investigación" sobre la empresa Aplicaciones Gespol (integrada actualmente en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales, que pertenece a Sacyr), con sede en Barcelona y que habría obtenido contratos administrativos "vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local", según la fiscalía. Por esa razón, entre los detenidos hay jefes de policías locales, como el de Vélez-Málaga o Fuenlabrada (Madrid).

Fuentes de la investigación han indicado que los hechos presuntamente delictivos se remontan, sobre todo, al 2012 y el 2013, aunque algunos contratos datan del 2010. Los investigadores sospechan que no solo supuestamente se amañaban las adjudicaciones, sino que también se manipulaban datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con una finalidad puramente recaudatoria. La empresa pagaba supuestamente comisiones a los cargos públicos y policías locales. Otra operativa usada era inflar el precio del servicio de manera desproporcionada.

De Mollet a Lleida

En Catalunya, la policía ha detenido a cinco personas. Dos de ellas, responsables de la empresa Aplicaciones Gespol, donde también se ha practicado un registro. Esta compañía ha anunciado que ha abierto una investigación interna. En Mollet del Vallès (Vallès Oriental), ha sido arrestado un funcionario; en Tiana (Maresme), un policía local, y en Lleida, el cabo de la guardia urbana. Este último ha quedado después en libertad. La causa está declarada secreta.    

Entre los ayuntamientos registrados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional hay varias capitales de provincia: Lleida, León, Teruel, Huesca, Oviedo y Palencia. El juzgado ha autorizado, además, la entrada en dependencias de otros 17 municipios, como en los municipios madrileños de Fuenlabrada, Majadahonda, Parla, Pinto y Torrelodones, además de Mollet del Vallès. En la Diputación de Alicante y en 18 ayuntamientos, como Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar (Maresme) y Rubí (Vallès Occidental), únicamente se ha requerido información sobre determinados expedientes.

El Ayuntamiento de Pineda de Mar ha explicado en un comunicado que, de momento, no les consta relación con la empresa Aplicaciones Gespol, pero que, a petición de la UDEF, están preparando la información requerida de determinados expedientes de contratación de sistemas de control de tráfico con cámaras de seguridad y radares.

De todos los colores

En el dispositivo, bautizado como operación Enredadera, han participado 580 policiales. Las autoridades y funcionarios implicados en las presuntas anomalías pertenecen a municipios gobernados por PP, PSOE y Ciudadanos. Entre los cargos vinculados a la formación naranja detenidos e investigados, además de Ruipérez, está Sadat Maraña, asesor de la Diputación de León, y el portavoz en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) y diputado provincial, Juan Carlos Fernández.  Desde el partido de Albert Rivera ya se ha anunciado que se expulsará a los imputados.

En principio está previsto que solo 15 detenidos, entre los que hay empresarios y cargos públicos, pasarán a disposición judicial. Los hechos investigados pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.