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EL MINISTRO DE CULTURA Y EL FISCO

La Agencia Tributaria avisó en 2009 de que perseguiría fraudes como el de Maxim Huerta

Una nota pública de Hacienda dio cuenta de la detección de trucos para rebajar impuestos entre "algunos profesionales"

Juan José Fernández

Màxim Huerta llega a la primera reunión del Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, el pasado 8 de junio.

Màxim Huerta llega a la primera reunión del Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, el pasado 8 de junio. / DAVID CASTRO

El 22 de octubre de 2009, gobernando Zapatero y siendo ministra de Hacienda Elena Salgado, el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria emitió una nota para conocimiento de contribuyentes, abogados y asesores fiscales advirtiendo de que numerosos profesionales liberales estaban recurriendo a trucos fraudulentos para reducir el pago de impuestos. Es la práctica que le achacaría después Hacienda al entonces colaborador de la televisión y hoy ministro de Cultura Màxim Huerta.

"El Departamento de Inspección  Financiera y Tributaria está detectando la utilización indebida de ciertos mecanismos por parte de algunos profesionales, con el objeto de minorar la base imponible susceptible de ser gravada", alertaba la nota.

En declaraciones a la Ser, el ministro ha dicho que el hecho que provocó su condena por irregularidades fiscales y la obligación de pagar 365.938 euros (lo defraudado más recargo) fue "un cambio de criterio" de Hacienda. Pero la nota alertaba de que se daba una oportunidad a quienes quisieran regularizar su situación: "El Departamento de Inspección está realizando una búsqueda sistemática de aquellos contribuyentes que hayan podido utilizar estos mecanismos de fraude y procederá a iniciar comprobaciones inspectoras para regularizar su situación tributaria –decía el aviso– siempre que no se produzca con anterioridad la presentación de declaraciones extemporáneas tendentes a corregir las irregularidades comentadas".

La inspección alcanzó a Huerta en 2012. Entre la publicación de la nota de la Agencia Tributaria y esa fecha, el hoy ministro de Cultura no corrigió las irregularidades. La inspección del Fisco sobre las cuentas de Huerta abarcó los años 2006, 2007 y 2008. 

Sociedades instrumentales

La nota de la Inspección Tributaria colocaba como primer ejemplo de este tipo de irregularidad la "percepción de retribuciones a través de sociedades interpuestas", práctica que por entonces diseñaban numerosos asesores fiscales a profesionales autónomos con alto poder adquisitivo. "La sociedad interpuesta –decía la nota–, titularidad del profesional, a través de la que recibe las retribuciones por sus servicios a la sociedad profesional, carece de estructura para realizar la actividad profesional que se pretende, al no disponer de medios personales y materiales suficientes y adecuados".

Según los inspectores "el único objeto de interponer estas sociedades es obtener una ilícita reducción de la carga fiscal", pues sobre una estructura como esa pesa el tipo del impuesto de sociedades (25 por ciento), bastante menor que el del IRPF, de hasta un 48 por ciento.

Maxim Huerta había creado una empresa –Almaximo profesionales de la Imagen SL- para la organización de espectáculos, según ha informado El Confidencial, a través de la cual facturaba sus colaboraciones en distintos medios. El ministro también cargó a la contabilidad de esa empresa como gastos la compra de un apartamento en Alicante. 

La nota de la Inspección Tributaria señalaba como típicamente fraudulenta la práctica de la "deducción de gastos o inversiones no relacionados con el desarrollo de la actividad profesional", y entre los posibles gastos citaba "inmuebles, reparaciones o reformas de su vivienda particular, vehículos de turismo...". También citaba como típico el "efecto splitting" que se provocaba al colocar en la sociedad instrumental "como socios de la entidad interpuesta famiiares del provesional".

Aquel aviso de 2009 adoptaba un tono especialmente severo cuando relataba: "A fecha de hoy ya se han remitido algunos expedientes al Ministerio Fiscal por presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública", si bien contaba que, en algunos casos, ya se habían producido "regularizaciones administrativas con imposición de sanciones".