El fiscal pide procesar a Camps por la llegada de la Fórmula 1 a València

El fiscal de la pieza que estudia la llegada de la Fórmula 1 a València ha pedido a la juez que procese al popular Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, al que acusa de haber llegado a un acuerdo verbal con Bernie Ecclestone, propietario de los derechos del mundial, "al margen de cualquier procedimiento administrativo y sin tener competencia como órgano de contratación". Lo habría hecho, pensando en su beneficio electoral, sostiene.

En su comunicado, la Fiscalía explica que "a instancia" de Camps se habría creado Valmor, una empresa privada con la que Ecclestone firmó los contratos pero "de manera simulada". Se trataría de una pantalla porque en realidad, sostiene, fue la Generalitat la encargada de ejecutar los trabajos y pagar el canon del evento. Se le podría procesar por malversación y prevaricación.

El fiscal, en cambio pide el sobreseimiento provisional para el resto de imputados, entre los que están la exconsellera Lola Johnson o Jorge Martínez 'Aspar', dirigente y uno de los propietarios de Valmor, junto a Bancaja y el empresario Fernando Roig.

El expresident, en declaraciones a Efe, ha resaltado "el cambio de criterio de la fiscalía" ya que, según él, al principio "decía que monté la Fórmula 1 para enriquecer" a 'Aspar' y ahora "sostiene que lo hice para ganar las elecciones de 2007".

Camps ha destacado que le genera "una grandísima indefensión" porque ahora se le acusa de cosas distintas y ha recordado que las encuestas previas a las elecciones de 2007 le daban una victoria "abrumadora" ya antes del anunció de la posible llegada de la F1. Ha recalcado también que no hizo "nada" por interés electoral.

Camps tiene que declarar la próxima semana por una de las tres causas que hay abiertas por la llegada y la gestión de la F1 a València, aunque el contenido de esa pieza es aún secreto.

Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat, ha apuntado que la de la Fiscalía "era una conclusión más que esperable" y ha insistido en que en caso de llegar a juicio se personarían "para garantizar que el dinero público de los valencianos y valencianas que se robaron ilegítimamente, vuelvan para atender servicios públicos".