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VISTA EN BRUSELAS

Bélgica rechaza la entrega de Comín, Puig y Serret

El tribunal esgrime un error de forma en la orden de detención y entrega emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena

L. Rendueles / J.J. Fernández / V. Lozano/ Silvia Martinez

La justicia belga rechaza entregar a España a los ex consejeros. / ATLAS VÍDEO

El contencioso abierto entorno al caso catalán sigue dando giros insospechados y este miércoles ha dado un vuelco importante. La justicia belga ha rechazado tramitar la euroorden cursada por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, contra los ex consellers Toni Comín, Lluis Puig y Meritxell Serret por defectos de forma, según ha anunciado la Fiscalía de Bruselas.

“Vista la ausencia de órdenes de arresto nacionales conformes, el ministerio fiscal ha pedido al Tribunal que declare irregulares las tres órdenes de detención europeas. El Tribunal ha aceptado esta petición” y “el procedimiento de entrega ha sido declarado sin objeto”, han anunciado a través de un comunicado en el que aseguran que a la decisión cabe recurso pero que la fiscalía no va a recurrir. 

La decisión supone un enorme varapalo para la justicia española, que podría hacer todavía un tercer intento si lo considera conveniente, y una victoria para los tres políticos catalanes que permanecen en Bélgica desde finales de octubre. Los tres han mostrado su “rotunda satisfacción” por la decisión. “Se considera tal y como habíamos propuesto que es una euroorden que no cumple con los requisitos que las normas reguladoras prevén y, por tanto, es irregular”, ha celebrado Comín que ha pedido al Supremo y al Estado español que dejen de abusar del Código penal para perseguir a políticos democráticamente elegidos.

Llarena decidió reactivar la orden de detención y entrega contra los tres políticos catalanes tras el viaje del ex president Carles Puigdemont a Finlandia. En el caso de los dos primeros por los cargos de malversación de fondos y desobediencia y en el caso de Comín, que mantiene su acta de diputado, por rebelión y malversación.

Sin entrar en el fondo

La justicia belga no ha llegado a entrar en el fondo del asunto y ha denegado la extradición por motivos de forma al considerar que la euroorden emitida por Llarena no se corresponde con la orden de detención nacional cursada previamente por la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, y que no fue modificada a raíz de la segunda euroorden. “Todos hemos estado de acuerdo, defensa y fiscalía, y el juez ha tomado la decisión. Es una decisión excepcional que ocurre muy raramente”, ha indicado el abogado Christophe Marchand. 

“Hemos coincidido tanto las defensa como la propia fiscalía belga que la petición cursada por el Estado español era irregular y debía rechazarse la euroorden”, “ha resumido Jaume Alonso-Cuevillas que ha explicado que la justicia alemana y la escocesa podrían seguir el ejemplo de Bélgica ya que existe el mismo defecto de forma en las órdenes emitidas contra Puigdemont y Clara Ponsatí. “Técnicamente estamos en la misma situación. No quiero anticipar lo que pueda pasar en Alemania. Es otro escenario y cada Estado tiene su propio ordenamiento jurídico y normas procesales que condicionan el debate y no tenemos todavía en Alemania un calendario definido pero hoy por hoy la situación es idéntica”, ha avisado el abogado de Puigdemont.

Los tres exconsellers, arropados a las puertas del Tribunal por los eurodiputados catalanes Ramón Tremosa (PdCat), Jordi Solé y Josep María Terricabras (ErC) así como algunos simpatizantes, se han mostrado exultantes tras las decisión. “Todo este problema se deriva del error de haber judicializado una disputa política que nunca debería haberse trasladado a los tribunales”, ha valorado Comín. “Se está abusando del Código penal para perseguir a unos responsables políticos. Se está abusando del sistema europeo de detención. Es el momento de pedir que se cese y se acabe con este abuso”, ha añadido. 

La misma satisfacción han expresado Lluis Puig que confía ahora en que el resultado sirva ahora a Puigdemont, Ponsatí y a Marta Rovira para que “toda Europa diga, vea y haga lo mismo que se ha resuelto aquí en Bélgica”. Ninguno de los tres políticos, que ahora quedarán libres sin medidas cautelares, se ha pronunciado sobre su futuro. “Hoy toca celebrar que somos libres”, ha dicho Meritxell Serret.

"Debe ser una errata" 

Tras recibir la euroorden de Llarena, el fiscal belga advirtió del primer error. En la documentación enviada contra Comín, Puig y Serret no figura ninguna orden de detención nacional, para el territorio español. La directiva de la UE que regula la Euroorden establece que, si la justicia de un país quiere reclamar a un ciudadano, debe haber emitido antes en su propio territorio sentencia inculpatoria u orden de detención.

El fiscal pidió explicaciones a Llarena: "¿Cuál es la reclamación en que se sustenta?". El magistrado español, según un informe de la fiscalía belga, contestó que era su auto de procesamiento. Contra los exconsellers que se fueron de España, así como contra Puigdemont, hay orden de detención local, vigente en territorio español, pero emitida por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

En su contestación, en la casilla de fecha, Llarena escribió en su respuesta: "21/11/18", una fecha que aún pertenece al futuro. El fiscal belga entiende en su informe: "Debe ser una errata". Llarena dictó su auto de procesamiento el 21 de marzo de 2018.

El precedente del camionero

La defensa de los exconsellers huídos a Bélgica ha hecho valer ante la justicia belga un precedente recogido en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ratifica la necesidad de una orden previa de detención local para poder hacer efectiva una orden de detención europea.

Se trata del caso de un camionero rumano, Niculaie Aurel Bob-Dogi, detenido en su país y reclamado por la justicia húngara. Rumanía denegó su extradición en 2015 y el TJUE le dio la razón el 1 de junio de 2016.

El 27 de noviembre de 2013, circulando a más velocidad de la permitida, Bob-Dogi atropelló con su camión e hirió gravemente a un motorista en una carretera de Hungría. Los tribunales de aquel país emitieron una euroorden de detención, que fue ejecutada por la policía rumana en Cluj el 2 de abril de 2015. Pero el Tribunal Superior de Cluj se negó  a entregarlo por el defecto de forma de que no hubiera una orden de detención previa en Hungría.

Los tribunales húngaros recurrieron al TJUE, que falló: "Cuando una orden de detención europea (…) no menciona la existencia de una orden de detención nacional, la autoridad judicial de ejecución no podrá darle curso si (…) dicha autoridad comprueba que la orden de detención europea no es válida por haber sido emitida sin que se huiera dictado efectivamente una orden de detención nacional distinta de la orden de detención europea".

Ahora, a Alemania

Tras este revés para la justicia española, los abogados de Carles Puigdemont harán valer también el precedente Bob-Dogi ante el tribunal del estado alemán de Schleswig-Holstein que examina las acusaciones contra el expresident de la Generalitat por malversación y sedición.

Los abogados utilizarán la decisión de Bélgica y algunos informes del Ministerio de Hacienda español que niegan que esté probado el uso ilegal de caudales públicos para el 1-O.

El juez español envió la semana pasada nuevos informes de Hacienda que sí sustentarían la acusación de malversación. Antes, había hecho llegar a Alemania una entrevista concedida por el ministro Cristóbal Montoro al diario El Mundo en la que desmentía ese delito.