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SEGUIMIENTO EN BÉLGICA

La baliza que espió a Puigdemont en Bélgica era española

La investigación de la Fiscalía de Bélgica revela que las dos tarjetas de teléfono móvil utilizadas para seguir al 'expresident' fueron compradas en España

L.Rendueles / J.J. Fernández / V. Lozano

Esta es la baliza de geolocalización hallada en los bajos del coche que usaba Carles Puigdemont en Bélgica.

Esta es la baliza de geolocalización hallada en los bajos del coche que usaba Carles Puigdemont en Bélgica.

El dispositivo de seguimiento adosado a la Renault Espace que usaba Carles Puigdemont en Bélgica operaba con dos tarjetas SIM compradas en España, según las pesquisas que la fiscalía belga está realizando sobre quiénes y cómo colocaron la baliza ('chicharra' o 'lapa' en argot policial) en el vehículo. El dato lo ha confirmado una operadora de telefonía preguntada por la fiscalía de aquel país, informan a EL PERIÓDICO fuentes cercanas a la investigación.

En febrero, un mes antes de la detención de Puigdemont en Alemania, uno de los mossos d'esquadra que daba seguridad al 'expresident' en Waterloo (Bélgica) –supuestamente el sargento del Grupo de Escoltas de la policía catalana Lluís Escolá– detectó la baliza en los bajos de la furgoneta. Puigdemont y sus abogados pusieron una denuncia ante la fiscalía belga, considerando que el expresident y sus acompañantes habrían sido objeto de seguimientos ilegales.

La baliza encontrada por el escolta es similar a las utilizadas habitualmente por fuerzas policiales y servicios de inteligencia para seguir a sus objetivos. En este caso, iba recubierta con cinta aislante y un arnés para las baterías.

El dispositivo de seguimiento colocado en los bajos del coche que usaba Puigdemont iba recubierto con cinta aislante. / EL PERIÓDICO

El aparato obtenía datos de geolocalización por el sistema GPS y los enviaba a través de su tarjeta de teléfono integrada mediante mensajes SMS a la otra tarjeta, colocada en el teléfono de la persona o entidad que controlara el coche.

En busca del comprador

La fiscalía belga investiga ahora quiénes pueden ser los titulares de esas tarjetas telefónicas adquiridas en España –donde es obligatorio que el comprador aporte su DNI en el contrato– y que acabaron en los bajos del vehículo, matrícula 1KKN586, el mismo en el que Puigdemont fue detenido el pasado 25 de marzo en territorio alemán, cuando trataba de regresar a Bélgica tras dar una conferencia en Helsinki (Finlandia).

En esa ocasión, según fuentes cercanas al operativo de seguridad que seguía a Puigdemont en ese viaje, no fue necesaria una baliza; bastó con seguir uno de los móviles smart de los acompañantes del 'expresident', que tenían activado el sistema de geolocalización. En el coche viajaban con Puigdemont los mossos Xavier Goicoechea y Carlos de Pedro, el profesor universitario Josep Lluís Alay y el empresario y amigo del 'expresident' Josep Maria Matamala.

Fuentes conocedoras del caso auguran, sin embargo, que localizar al dueño de las tarjetas no será una tarea sencilla. Los operativos de vigilancia suelen adquirirlas a nombre de terceras personas (testaferros) y lo más probable es que quienes estuvieran realizando los seguimientos se deshicieran de la segunda tarjeta cuando se supo que la chicharra que le enviaba los datos había sido descubierta.

Aparatos resistentes

Para controlar los desplazamientos de vehículos, en Europa las fuerzas de seguridad suelen elegir balizas con tres rasgos característicos: una batería con mucha autonomía –o que el aparato sea capaz de 'dormir' hasta que lo active el movimiento del coche–, un imán potente para que no se desprenda con los baches y un cierre estanco para que la humedad no lo desactive.

Los dispositivos más utilizados –informan fuentes policiales- son los Yatek de la serie 200, con 120 días de autonomía y capaces de emitir datos de posicionamiento cada 20 segundos. Su uso se ha generalizado ya a las empresas propietarias de flotillas de vehículos de transporte, pero en ese ámbito sigue siendo discutible legalmente. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, emitida en diciembre pasado, limitó la legalidad de la geolocalización de vehículos comerciales a solo las horas laborales de sus chóferes.

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