El juez Llarena plantea a Alemania alternativas a la rebelión

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no quiere que si Alemania no entrega al expresidente Carles Puigdemont por rebelión sea por haber dejado de hacer algo que está en su mano. Por eso, en un escrito dirigido a la fiscalía alemana plantea por primera vez "alternativas" a ese delito a la hora de tipificar los hechos que describe en el auto de procesamiento y por los que reclama a través de una euroorden la entrega del 'expresident'. Los tipos que incluye son los de sedición y desobediencia a la autoridad, aunque él mismo admite que por este último no cree que acuse el ministerio público al estar castigado solo con multa.

El escrito, redactado en tono pedagógico, precisa que "con independencia de cuál sea el delito que en Alemania constituyan los hechos" por los que han sido procesados los 23 responsables del 'procés' "o cuál sea la gravedad de la calificación conforme al ordenamiento jurídico" alemán, está "convencido" de que son actuaciones que también "son constitutivos de algún tipo de infracción penal", por lo que debe entregarse al reclamado. El juez también ha remitido un escrito a las autoridades belgas para que los 'exconsellers' Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig respondan ante la justicia española.

Alemania aclara que aún no ha descartado entregar a Puigdemont por rebelión

"No resultaría entendible que los hechos descritos en nuestro auto", aunque "se ejecutaran con capital exclusivamente privado, puedan ser cometidos por el presidente de un Land, sin contrariar la ley penal alemana en ninguno de sus preceptos", abunda el magistrado, que dice estar dispuesto a aportar la información suplementaria que haga falta para la entrega de Puigdemont. Explica el ofrecimiento en que el relato de hechos se ha hecho en función de las necesidades de la legislación española, por lo que puede omitir datos que con relevancia en Alemania.

En el auto de confirmación del procesamiento, el magistrado recordaba que en el sistema procesal penal español son las acusaciones los que fijan los delitos a los que se acabarán enfrentando los encausados. Eso significa que la fiscalía, Vox y la Abogacía del Estado pueden acusarles por rebelión, pero también por sedición o conspiración para la rebelión, aunque este delito no lo plantea en el escrito enviado a Alemania. La sedición se castiga con hasta 15 años de cárcel más la pena que corresponda por la malversación de caudales públicos, delito este sobre el que argumenta que tiene indicios suficientes para juzgar a los reclamados, pero no los reproduce, porque entiende que es incardinable en la corrupción prevista en las euroórdenes. La rebelión puede estar penada hasta con 30 años de cárcel, al verse agravada con la malversación.

No se podría juzgar

En cualquier caso el magistrado mantiene que el delito que se cometió fue rebelión y envía vídeos de agresiones y escraches a agentes desplazados a Catalunya para impedir la votación ilegal del 1-O. Rebate uno de los argumentos que hicieron creer que Alemania no entregará al 'expresident' por este delito planteando que si para entender que se produjo debía haberse visto comprometida de manera efectiva la capacidad de decisión del Gobierno, "seguramente los tribunales españoles no estarían en condiciones de juzgar a los gobernantes del nuevo Estado implantado". Y destaca la movilización de un millón de personas lograda por los independentistas para ejemplificar "la trascendencia que podía llegar a tener un alzamiento popular masivo".

Señala que la justicia española también entiende como violencia la coactiva, que cree que se produjo con los cortes de carreteras y "barricadas de fuego" que se levantaron en las calles e insiste en el 1-O, cuando se intentaron cerrar los colegios y se demostró que los 6.000 guardias civiles y policías enviados a Catalunya eran "insuficientes".

"La violencia ha tenido una entidad suficiente como para condicionar todos los resortes del gobierno y poderes del Estado", puesto que tuvo que intervenir el Rey y se necesitó aplicar el artículo 155, lo que "tiene que tener reflejo en el tipo penal", asevera el magistrado.