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Las víctimas de Hipercor, pendientes de reconocimiento

El Estado rechazó tramitar algunas indemnizaciones alegando que se presentaron "fuera de plazo"

El presidente de ACVOT avanza que llegarán hasta Estrasburgo porque se trata de una "auténtica aberración jurídica"

Júlia Regué

Cara a cara entre una víctima del atentado de Hipercor y el jefe del comando Barcelona de ETA. / JOSÉ LUIS ROCA

Nuri Manzanares y Enric Vicente perdieron a sus dos primeros hijos en el atentado de Hipercor a manos de ETA. Ella perdió además a su hermana, que fue la que acompañó a los menores al centro comercial ese 19 de junio del 1987. Con el anuncio del fin de la banda armada, aún son muchas las heridas que quedan abiertas y la historia de esta pareja demuestra que las cuentas pendientes no quedan arrinconadas solo en el bando terrorista.

Casi 31 años después, Nuri y Enrique aún no han sido reconocidos como víctimas del terrorismo. "Nos dicen que las secuelas que tenemos no son de acto terrorista porque no estábamos allí", espeta Nuri, ante los micrófonos de RAC1. Durante todo este tiempo, asegura que no ha recibido ninguna comunicación del Gobierno. "Seguimos teniendo muchos problemas burocráticos y aún espero que alguien del ministerio del Interior me llame diciéndome si necesito algo. Nunca en la vida. Y se llenan la boca de palabras afirmando que están con las víctimas", reprocha.

"Enfermedad común"

Más allá de que no se la reconoce como víctima, por no haber presenciado el lugar y momento de los hechos, tampoco el Estado le aprecia sus heridas emocionales y el terror de ver truncada su familia a manos de ETA. 

Tanto ella como su marido solicitaron la baja por impacto terrorista pero, lejos de parecérsele, les asignaron un permiso por "enfermedad común". Se les discute que las incapacidades que han desarrollado provengan del impacto psiquiátrico que les desató el sangriento atentado. Llevaron esta resolución ante los tribunales y la ganaron. Pero al cabo de unos meses, el ministerio del Interior decidió recurrir y entonces les bloquearon su recibo. Para más inri, su marido tuvo que devolver las pagas dobles que le habían abonado.

Demanda al Estado

Cuando se dio a conocer la sentencia del primer juicio por este atentado, la defensa de las víctimas vio una grieta para revalidar sus derechos. El ahora asesor de la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT), Robert Manrique, fue uno de los que impulsó la demanda contra el Estado como responsable civil subsidiario ante la "inacción de los cuerpos policiales" para desalojar el recinto después de las reiteradas amenazas de bomba. Manrique siguió trabajando como carnicero en Hipercor y fue recabando las identidades de otras víctimas para sumarlas a la causa, ya que "el ministerio se negaba a facilitar la colaboración entre ellas". 

Unieron fuerzas y 13 personas sacaron adelante la demanda, entre ellas Álvaro Cabrerizo, ahora ya fallecido, que perdió a su mujer y a sus dos hijas. Presentaron un requerimiento conjunto ante la Audiencia Nacional, y consiguieron así su debido reconocimiento. "La sentencia señaló [en el 1994] que la actuación de la policía no fue la correcta y nos indemnizaron", relata Manrique.

Desde su puesto de trabajo siguió tejiendo red con otras víctimas y les animó a seguir su misma camino. Pero no llegaron al mismo puerto. Los 33 que reclamaron unos años después se les denegó la petición por estar "fuera de plazo". 

Esta fue la suerte de Nuri y Enric, y también del actual presidente de la Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT), José Vargas. Recurrieron al Tribunal Supremo pero este se posicionó junto a la Audiencia Nacional, e incluso cerró las puertas a un nuevo recurso. "¿Pero cómo puede haber un plazo para esto?", se indigna Manrique, y recuerda que en el 2003 se retomó otro juicio contra los etarras por el mismo atentado. "No hemos cobrado lo que nos pertenece por dejadez y negligencia de algunos responsables", añade Vargas. 

Hasta Estrasburgo

Un informe del Defensor del Pueblo señala cómo muchas familias víctimas de ETA se han quedado "sin acceso a la justicia" porque "han permanecido desinformadas a lo largo del tiempo", algo que contradice directamente su "derecho a la verdad".

Vargas avanza que llegará hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH). "Se ha acabado ETA pero quedan muchos cabos sueltos. Todo esto es una auténtica aberración jurídica", zanja.

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