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Protesta salarial

Más de 200 funcionarios de prisiones se encadenan a las puertas de Instituciones Penitenciarias

Exigen la equiparación de salarios entre prisiones para los mismos trabajos

Irán a la huelga el 24 de abril si no se abre una negociación

Juan José Fernández

Funcionarios de prisiones se encadenan a las puertas de la sede madrileña de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Funcionarios de prisiones se encadenan a las puertas de la sede madrileña de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Atados con una larga cadena a las puertas de la sede de la Secretaría General de Instituciones Penitenciaras, 210 funcionarios de prisiones protestan este miércoles en Madrid para exigir al Gobierno una negociación colectiva y la equiparación de los salarios entre las distintas cárceles que administra el Estado.

La movilización ha comenzado a mediodía, y tiene previsto extenderse diez horas. Todos los funcionarios que se han encadenado son delegados de los sindicatos ACAIP, UGT y CCOO, y corean peticiones como "mismo trabajo, igual salario" y "somos funcionarios, no lacayos".

700 euros de diferencia

Los sindicatos han convocado esta protesta contra las diferencias salariales, en ocasiones de hasta 700 euros brutos, entre trabajadores de la misma categoría y con el mismo trabajo según la prisión en la que lo cumplan.    

El Estado tiene clasificados los centros penitenciarios en nueve categorías,  que a su vez deparan nueve salarios distintos para funcionarios de la misma clase.

Hoy integran el colectivo de funcionarios y personal laboral de Prisiones 23.000 trabajadores, que podrían declararse en huelga a partir del próximo 24 de abril.

Los sindicatos quieren que los presupuestos del Estado contemplen la equiparación, que tendría un coste de 57 millones de euros, según han informado a los grupos parlamentarios, y supondría un incremento medio de 500 euros para los funcionarios afectados.

Los sindicatos reclaman, además, que se cubran 3.000 plazas que permanecen vacantes en las prisiones bajo administración del Estado (excluidas las catalanas).

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