El frustrado intento de quemar documentos en una incineradora
Quien hasta el despliegue del artículo 155 de la Constitución en Catalunya ejerciera de mayor de los Mossos d’ Esquadra, Josep Lluís Trapero, desconocía que algunos de sus agentes iban a intentar destruir documentos internos en la incineradora de Sant Adrià del Besòs en octubre del pasado año, días después de que tuviera lugar el intento de referéndum el 1-O. No obstante sí se interesó por saber qué se pretendía quemar desde la Comisaría de Información y, por tanto, con qué datos se había hecho la Policía y la Audiencia Nacional, tal y como prueba el análisis de algunos de los mails que han sido requisados por la investigación judicial en la que está inmerso.
Eso es al menos lo que concluye la Guardia Civil en un amplio y nuevo informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que se ha enviado tan sólo hace unos días a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Camela. Fue precisamente esta magistrada quien ordenó a agentes de la Policía Nacional que toda la documentación aprehendida a las puertas de la cincineradora fuera trasladada a la Audiencia, al existir sospechas de que podría estar vinculada a la organización de la consulta o a los altercados del 20 de septiembre el Barcelona, que ella investiga también por posible sedición.
Antes de que dicha documentación fuera requisada, los policías autonómicos que la custodiaban en tres furgonetas distintas y que se disponían a deshacerse de ella trataron de negársela a la Unidad de Intervención Policial que les aguardaba para impedir su quema. Pero las gestiones de la magistrada Lamela en aquellos momentos permitieron que los documentos, en soporte papel pero también digital, no desaparecieran. En las horas posteriores a estos sucesos fuentes de los Mossos aseveraron a la prensa que la documentación pertenecía al área de Información y que la quema de ese tipo de informes es algo "habitual", puesto que suele estar duplicada en soporte digital.
¿Qué es lo que se quiso quemar?
En el análisis que la Guardia Civil ha hecho para la jueza de la Audiencia sobre mails considerados clave en la instrucción de los sucesos del 20-S en Catalunya a raíz de los registros de la Operación Anubis, así de cómo lo acaecido en torno al 1-O, queda en evidencia que Trapero desconocía esta práctica concreta. O, al menos, que solicitó una serie de informaciones que así lo sugieren.
El día 26 de octubre de 2017 el comisario Gámez remitió un mensaje al comisario Joan Carles Molinero indicándole que, por orden de Trapero, se solicitaba la elaboración de un informe urgente sobre la documentación que la Policía Nacional había logrado intervenir a la Comisaría de Información en las puertas de la incineradora Tersa. Ese informe debía entregarse en 24 horas y debía especificar, según se relata, las razones por las cuáles se había ido en esa jornada a destruir documentación a la incineradora; qué servicios habían generado esa documentación y cuál era la tipología de documentos que se iba a destruir. Se demandaba asimismo que se hiciera "especial" referencia a si en esa documentación había alguna relacionada con el referéndum del 1 de octubre.
El aviso de la CIA
Según las conclusiones de la Guardia Civil, de ese correo concreto se deduce que la destrucción documental se intentó realizar "a iniciativa propia" de la Comisaría General de Información de los Mossos y que, por su parte, el Mayor Trapero lo que quería era "conocer con exactitud" qué documentos habían sido intervenidos por la Policía Nacional para tomar rumbo a la Audiencia Nacional.
En estos momentos esos documentos intervenidos permanecen bajo secreto sumarial. Sin embargo, EL PERIÓDICO ya desveló el pasado 21 de enero que uno de las cosas que los Mossos quisieron hacer cenizas fue la alerta que Estados Unidos había hecho llegar sobre un posible atentado en al La Rambla de Barcelona y que, en su día, tanto Trapero como el conseller de Interior, Joaquim Forn, tacharon de "montaje".
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