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EL ÓRDAGO INDEPENDENTISTA

La Generalitat preveía obtener datos fiscales de archivos que no requieren permiso

Contaba con el acceso a los que no necesitan "autorización expresa" y con pedir el resto de información a los ciudadanos

Los estudios de los asesores del Govern apuntan que la Hacienda catalana habría costado entre 350 y 500 millones anuales

Europa Press

El exvicepresidente y exconseller de Economia de la Generalitat Oriol Junqueras, el pasado 2 de noviembre, día en que acudió a declarar a la Audiencia Nacional.

El exvicepresidente y exconseller de Economia de la Generalitat Oriol Junqueras, el pasado 2 de noviembre, día en que acudió a declarar a la Audiencia Nacional. / AP / PAUL WHITE

La Generalitat preveía acceder a través de la Hacienda catalana a información de los contribuyentes, si el Estado no se la proporcionaba, procedente de bases de datos para cuya obtención no se necesita una "autorización expresa". El resto de información se la iba a pedir a los ciudadanos mediante una "campaña social". Así consta en un informe del Consell Assessor per a la Transició Nacional, que cifra en entre 350 y 500 millones de euros el coste de la puesta en marcha del fisco catalán.

El "objetivo estratégico y prioritario" durante la primera fase del proceso de implantación de la Hacienda catalana, según consta en los documentos, era el acceso a la información de los contribuyentes para poder disponer de una base de datos como herramienta fundamental para llegar a la "soberanía fiscal".

Los estudios de que disponía el Govern ahora cesado apuntaban a destinar unas 5.000 personas a la puesta en marcha de la estructura. No obstante, precisaban que, según la Comisión Europea, debería haber unos 1.000 empleados públicos por cada millón de habitantes para la gestión tributaria, por lo que, en el caso de Catalunya, serían de 7.000 a 8.000. En cuanto a la recaudación, se barajaba un mínimo de 70.000 millones, o llegar hasta los 100.000 millones en caso de elevarse la tasa de presión fiscal.  

Copias de las declaraciones

La "campaña social" que la Generalitat tenía prevista pasaba por pedir a ciudadanos y empresas que entregaran "voluntariamente" una copia de sus declaraciones de renta. No obstante, los expertos admitían que la eficacia de esta medida dependería del grado de colaboración que estuvieran dispuestos a prestar los ciudadanos.

Los supuestos planes de la Hacienda catalana centraron la encendida polémica que condujo a la dimisión de Santi Vidal como senador de ERC el pasado enero. El exjuez había asegurado en varias conferencias que el Govern obtendría la información fiscal de los contribuyentes de forma ilegal. Entre sus controvertidas manifestaciones, apuntó: "El Govern de la Generalitat de Catalunya tiene todos vuestros datos fiscales. Esto es ilegal porque está protegido por la ley de bases de datos del Gobierno español. Pero tontos no somos, porque ya sabemos que no nos las facilitarán de manera voluntaria. Y esto sirve para el censo electoral y sirve para tantas, tantas cosas". Unas palabras que la vicepresidencia del Govern, con Oriol Junqueras al frente, y ERC desmintieron.

Inversión en tecnología

El estudio incluía un presupuesto de entre 50 y 80 millones de euros anuales para tecnologías de información y comunicación. Y cifraba en unos 100 millones de euros el presupuesto inicial de inversión para la adquisición de equipos informáticos, la compra de licencias, el diseño del sistema y la formación del personal técnico responsable de su implantación y mantenimiento. La estimación partía de los números de las grandes organizaciones, puesto que no habían podido analizar en profundidad las inversiones necesarias para crear un organismo tributario de nueva planta.

La creación de un banco central de Catalunya para centralizar el flujo de la tesorería tributaria y emitir deuda pública era otra de las medidas previstas. 

Los informes consideraban, además, necesario garantizar la continuidad entre los sistemas tributarios catalán y español. Para ello, proponían establecer, de manera transitoria, un periodo de prescripción de las infracciones tributarias más largo que el actual, de cuatro años, y asumir la gestión de las obligaciones tributarias pendientes.

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