MANIFIESTO
Más de un centenar de profesores de Derecho Penal no ven ni rebelión ni sedición
Más de un centenar de profesores de Derecho Penal han firmado un manifiesto en el que se muestran muy críticos con la fiscalía y con la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Consideran que "de la conducta" desarrollada por los miembros del Govern depuesto y del Parlament disuelto "puede desprenderse, con alta probabilidad, la comisión de múltiples delitos, que deben ser investigados", pero ni el de rebelión ni el de sedición.
Los expertos sostienen que "ante la crisis política más grave vivida por nuestro país desde el golpe de Estado de 1981" deben pronunciarse, porque entienden que "la exigencia de responsabilidades penales por lo ocurrido tiene que realizarse con observancia estricta de nuestras leyes penales y procesales y respetando en forma exigente el principio de legalidad, de obligatorio cumplimiento".
En su opinión, "es gravemente equivocado considerar los hechos como constitutivos de un delito de rebelión", por "la poderosísima razón" de que no se da el requisito de violencia exigido, tras "una viva discusión en el Senado", para aplicarlo en exclusiva "a supuestos de la máxima gravedad que no se dan en este caso". Tampoco ven sedición, porque "en ningún momento se ha aportado o protagonizado ningún alzamiento tumultuario tal y como exige la ley, y no pueden atribuirse" a los imputados "sucesos ocurridos con anterioridad", en referencia a las protestas del 20 y 21 de septiembre en Barcelona, "o realizados por otras personas".
Crímenes del franquismo
También niegan "con rotundidad" que la Audiencia Nacional sea competente para conocer de estos delitos, como estableció su propia Sala de lo Penal en 2008 para la "rebelión" franquista. Añaden que entonces la fiscalía sostenía que "nunca ha formado parte de los delitos contra la forma de Gobierno", justo el argumento contrario al que ha utilizado ahora para presentar su querella contra el Govern en la Audiencia.
El manifiesto, promovido por los catedráticos de Penal de la Universidad Carlos III (Madrid) y de Granada, Javier Álvarez y María Luisa Maqueda, respectivamente, también lamenta que la jueza Lamela no aplazara la declación de los exmiembros del Govern, como sí hizo el Tribunal Supremo con la Mesa del Parlament, y su decisión de enviarles a prisión incondicional, al entenderla una medida "desproporcionada y carente de suficiente justificación".
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