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EL 'CASO LEZO'

El juez deja libre a Ignacio González bajo fianza de 400.000 euros

Anticorrupción informó a favor de la garantía al entender disminuido el riesgo de fuga y la reiteración delictiva

El magistrado impone al expresidente madrileño retirada de pasaporte y comparecencias semanales

Ángeles Vázquez

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González / VICTOR LERENA (EFE)

Algo más de seis meses ha necesitado el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del 'caso Lezo', haya decidido imponerle una fianza para abandonar la cárcel de Soto del Real (Madrid), en la que está internado desde el pasado 21 de abril. El magistrado ha fijado en 400.00 euros en efectivo la cantidad que tendrá que afrontar.

La Fiscalía Anticorrupción se mostró a favor de esta garantía al responder a la última petición de la defensa del exresponsable del PP, que veía cómo los arrestados con él iban quedando en libertad y que el considerado su mano derecha en Sudamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, optaba por colaborar con la justicia. Cuando haga efectiva la fianza, González deberá realizar comparecencias semanales en el juzgado, tendrá prohibido salir del territorio nacional y se le retirará el pasaporte.

El fiscal Carlos Yáñez sostenía en su escrito que el riesgo de reiteración delictiva y el de fuga se habían atenuado según avanzaba la instrucción, que a su vez había permitido corroborar los indicios de criminalidad existentes contra González fundamentalmente por la gestión de la empresa pública madrileña de agua Canal de Isabel II. El auto atribuye a González la compra de Inassa en el 2001, que se pagó hasta el 2012, "con grave perjuicio de fondos públicos"; la adquisición de la brasileña Emissao en el 2013; prácticas corruptas en licitaciones públicas en Panamá y República Dominicana; organización criminal, y revelación de secretos.

Según el auto, González permitió el pago de Inassa con "pleno conocimiento de un hecho delictivo no denunciado" y "dio cobertura ilícita a los presuntos autores del delito". Esa operación se produjo durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón al frente de la Comunidad de Madrid. 

Dinero de los madrileños

En cuanto a Emissao, el juez sostiene que "la organización criminal" creó "una estructura societaria" con la que "indiciariamente ocultó en terceros países, como SuizaLuxemburgo, Liechtenstein o Reino Unido, el dinero público desviado". Luego lo retornaba con préstamos instrumentales, fondos de inversión o ampliaciones de capital en negocios aparentemente legales.

González responsabilizó a su antecesora, Esperanza Aguirre, de la concesión de las obras del campo de golf, construido en terrenos del Canal, pero el juez dice que la instrucción ha acreditado "una realidad fáctica bien distinta" y cifra en 1,2 millones de euros las comisiones ilícitas obtenidas a costa de fondos públicos de la comunidad.

Pese a la gravedad de los hechos investigados, el juez entiende que pueden atenuarse las medidas que pesaban sobre él, porque las actuaciones desarrolladas en Colombia y Panamá le impiden manejar los fondos con los que contaba allí. 

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