AYUNTAMIENTO DE MADRID

Carmena recurre ante el TSJM la suspensión de inversiones que solicita el Gobierno

La delegación pidió cancelar cautelarmente créditos de 272 millones para no "incumplir" el techo de gasto de 2017

El Ayuntamiento defiende sus más de 500 inversiones alegando que cumple la regla de gasto

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. / EFE

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El Periódico / Servimedia

El Ayuntamiento de Madrid remitió este jueves al Tribunal Superior de Justicia de Madrid un escrito en el que defiende la legalidad de los créditos extraordinarios destinados a la financiación de más de 500 inversiones, que la Delegación del Gobierno pidió suspender cautelarmente por incumplir, a su juicio, las exigencias del Ministerio de Hacienda y Función Pública para compensar el exceso de gasto del Consistorio en 2016.

El propio Consistorio informó este viernes de este escrito para contrarrestar la petición de la Delegación del Gobierno de suspender los acuerdos de pleno que aprobaron destinar 272 millones a actuaciones de asfaltado, reforma y rehabilitación en calles y centros municipales de toda la ciudad.

Las medidas cautelares que pide el Gobierno, alega el escrito, perjudicarían "a los intereses generales, a los intereses públicos del Ayuntamiento de Madrid y también, directamente, a los intereses particulares de los beneficiarios de esos importes".

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Además, la tesis del Ayuntamiento es que esos 272 millones de euros proceden del remanente de tesorería del 2016 y han sido destinados a Inversiones Financieramente Sostenibles, por lo que no deben computar en la regla de gasto, de acuerdo con la disposición adicional sexta de la ley de Estabilidad Presupuestaria.

Es decir, según esa tesis se están respetando los acuerdos de no disponibilidad por valor de 238 millones que le impuso el Ministerio de Hacienda por incumplir la regla de gasto en 2016, y los créditos extraordinarios para sufragar esas inversiones salen de otro sitio: del remanente de tesorería que el Ayuntamiento puede emplear con toda legalidad, habida cuenta de que en 2016 contaba con un superávit superior a los 1.000 millones de euros