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HABEAS CORPUS RECHAZADOS

La Guardia Civil atribuye el delito de sedición a los detenidos

Los jueces legitiman por el momento las detenciones, al negar el habeas corpus a tres de los siete arrestados que lo han solicitado

En libertad tres de los detenidos en la operación contra el referéndum

J. G. Albalat / Barcelona

Los agentes de la Guardia Civil salen de la Conselleria de Economia, esta madrugada.

Los agentes de la Guardia Civil salen de la Conselleria de Economia, esta madrugada. / ELISENDA PONS

La Guardia Civil atribuye a los detenidos en la operación de ayer contra la organización del referéndum el delito de sedición, además de los de desobediencia, prevaricación y malversación. Tanto la malversación como la sedición implican penas de cárcel. En el primer caso, hasta ocho años de prisión y en el segundo, hasta 15 años.

Durante la cuarentena de registros que se practicaron, se clonaron ordenadores, se requisaron papeles y a los detenidos se les incautaron móviles y dispositivos informáticos.

De los 14 arrestados, tres de ellos han sido hasta este momento puestos en libertad. Se trata de David Franco, jefe de desarrollo del área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Joan Ignasi Sànchez, asesor de la Conselleria de Governació, y David Palanques, de la oficina técnica de proyectos del Departament de Treball i Afers Socials. Los tres se negaron a declarar ante la Guardia Civil

Por otra parte, un juez de Martorell ha denegado tres de los siete habeas corpus (procedimiento por el cual cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante el juez para que este determine la legalidad del arresto) solicitados por los detenidos. Los otros cuatro habeas corpus han sido solicitados en Barcelona --entre ellos los de Josep Maria Jové, secretario general de la Vicepresidència y de la Conselleria de Economia i Hisenda, y el de Lluís Salvadó, secretario de Hisenda--, pero en este caso los jueces todavía no se han pronunciado.

Así, todavía quedan 11 personas detenidas, que se encuentran repartidas entre el cuartel de la Guardia Civil de Travessera de Gràcia, en Barcelona, y el de Sant Andreu de la Barca, a la espera de pasar a disposición judicial.