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EL PULSO SOBERANISTA

Esquerra y CUP fuerzan al PDECat a aprobar la ley de ruptura antes del 1-O

La norma debe regular el paso de la legalidad española a la catalana en caso de que gane el 'sí' en el referéndum del 1-O

Fidel Masreal / Xabi Barrena / Barcelona

Presentación de la ley de transitoriedad jurídida y fundacional de la República. / ALBERT BERTRAN / EFE VÍDEO

Tras la tregua por los atentados de Barcelona y Cambrils, el independentismo pone toda la carne en el asador a casi un mes del 1-O. Se ha impuesto la tesis de ERC y la CUP frente a las voces del PDECat más prudentes, y antes del referéndum unilateral se aprobará la ley que regula de facto la independencia de Catalunya para que, si gana el 'sí', las leyes catalanas sean las únicas a tener en cuenta. Si ganara el 'no', la norma no entraría en vigor.

Es un triunfo, pues, de quienes quieren dejar claro que, como afirma en privado un miembro del Govern, "esto va en serio". O como ha explicado en rueda de prensa el 'cupaire' Benet Salellas, tras el 1-O y la eventual victoria del 'sí', "no se producirá el enésimo debate procesista sobre qué hacer"; es decir, no se podrá especular ni marear la perdiz respecto al período de transición hacia el Estado propio. No, porque en los 89 artículos de la ley, Junts pel Sí y la CUP trazan las líneas maestras de lo que podría denominarse una preconstitución.

No entran en detalle en algunos aspectos e incluyen lagunas importantes como el papel del ejército o la deuda de la Generalitat, pero sí regulan, por ejemplo, que el jefe del Estado no será el rey Felipe VI, sino el 'president', o que Catalunya se constituye en una "república de Derecho, democrática y social" y que "mientras no sea aprobada la Constitución de la República, la presente ley es la norma suprema del ordenamiento jurídico catalán".

Sin pisar charcos

Sin dar casi tiempo a digerir la semana y media posterior a los atentados, el independentismo saca así del armario su secreto mejor guardado. Y lo hace evitando pisar charcos, e incluso apelando en más de una ocasión a una (improbable) negociación con el Estado para tirar adelante algunos de los pilares del edificio del nuevo Estado catalán. Un escenario, el de la negociación, que hoy parece ciencia-ficción, dado que el Gobierno del PP ya ha advertido de que, del mismo modo que pasará con la ley del referéndum cuando sea aprobada, la de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (ese es su nombre completo) nunca tendrá efectos sobre el terreno porque será anulada.

No se pisan charcos respecto a la oficialidad del castellano junto al catalán, que seguirá vigente a la espera de lo que decidan los que redacten la constitución catalana. Tampoco hay grandes saltos respecto a la legalidad española en cuanto a la obtención de la nacionalidad catalana y queda claro que en todo caso no se perderá la nacionalidad española. Además, todo lo que la ley no regule seguirá como hasta ahora; es decir, cuestiones como el derecho local o normas europeas o españolas que no sean específicamente impugnadas (cosa que puede suceder, en el caso español, si decretos del Govern anulan normas como la 'ley mordaza' o la 'ley Wert').

En cambio, algunos aspectos de la estructura de la Catalunya independiente sí quedan establecidos con nitidez. Por ejemplo, se crea un Tribunal Supremo catalán (el actual Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) que incluye el  poder judicial propio, formado solo por jueces y una sala de garantías, el equivalente al Tribunal Constitucional español, que, obviamente, deja de tener poder sobre Catalunya.

También se regula la creación de una fiscalía no dependiente del Govern sino del Parlament y la supresión de la jurisdicción militar y de la actual Audiencia Nacional. En el terreno jurídico-político, se prevé una amnistía para los procesados o sentenciados por causas que tengan que ver con el independentismo. Y, como el propio Salellas ha dejado claro, sin necesidad de ser preguntado, en ningún caso "se amnistiará la corrupción".

La constitución, participativa

La parte final de la ley también tiene en buena medida el sello de la CUP, que siempre ha presionado en favor de definir la participación ciudadana en el proceso constituyente. Así, los últimos artículos regulan los seis meses que durará el período de confección de la carta magna catalana y la votación en referéndum tras las elecciones constituyentes, con especial participación de la sociedad civil y expertos. Una cuestión, la de la redacción de la constitución, que ya se debatió en la comisión de estudio del proceso constituyente, cuyas conclusiones ya fueron impugnadas por el Constitucional y que ahora reaparecen en esta ley, fijando la participación ciudadana en foros de debate sobre el texto constitucional.

Lo que sigue guardado en un cajón es cómo piensa el independentismo tirar adelante estas normativas que todavía no son realidad, más allá de estar ya en el registro del Parlament. Está guardado porque forma parte del juego del gato y el ratón que practican los gobiernos estatal y catalán a poco más de un mes de la consulta del 1-O. En todo caso, el soberanismo pone ya todas las cartas sobre la mesa.

11:08

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha insistido en que "no va a haber referéndum" el 1-O y ha subrayado que el Gobierno está "preparado" para tomar todas las decisiones necesarias. "Si se empeñan en que lo haya, nuestra obligación es que no lo haya", ha mantenido en una entrevista en la Cadena COPE, y ha confiado en que los Mossos d'Esquadra cumplirán la ley y el Estado de Derecho. "Cada medida que tomen tendrá una respuesta del Gobierno de España, pero con la ley en la mano", ha concluido.

11:07

El secretario general del grupo parlamentario de CiudadanosMiguel Gutiérrez, ha asegurado que la ley de transitoriedad jurídica es "un paso más en esa huida al precipicio" por el que la Generalitat quiere "arrojar a todos los catalanes". En declaraciones a RNE, ha opinado que esta norma debería ir al pleno del Parlament "y no presentarse en rueda de prensa", pero ha considerado que si no se hace es porque "nadie quiere tomar responsabilidad en una cosa como esta".

11:05

El líder del PSCMiquel Iceta, ha tachado de "disparate" el 'procés' y ha asegurado que el referéndum es "una operación sólo para independentistas". En este sentido, ha opinado que el Gobierno debe recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley de transitoriedad cuando se admita a trámite y ha avanzado que su grupo participará en el debate parlamentario, pero no en la votación. En declaraciones a la cadena SER, Iceta ha pedido a los votantes socialistas "que no participen en un proceso que carece de toda legitimidad democrática y garantías".

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