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EL ÓRDAGO INDEPENDENTISTA

Las 10 incógnitas del referéndum unilateral que debería despejar el Govern

La ley o leyes en que se basará el 1-O, el censo, los funcionarios y la junta electoral, entre los principales interrogantes

Fidel Masreal

El president, Carles Puigdemont, y el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, durante el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum.

El president, Carles Puigdemont, y el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, durante el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum. / JULIO CARBÓ

El próximo martes, en lo que se prevé como un nuevo gran acto del 'procés', el Govern prevé informar por fin sobre los detalles de la organización del referéndum y de la base legal del mismo. Estos son algunos de los interrogantes que deberá despejar el Ejecutivo de Junts pel Sí, que sostiene que todo se hará como en unas elecciones convencionales:

LA BASE LEGAL

Durante las semanas previas, el PDECat y ERC han discutido sobre si la consulta debe afianzarse legalmente en una sola ley, la de referéndums, o también mediante la llamada ley de transitoriedad, que viene a ser una desconexión con el marco legal estatal. Hacer el referéndum con las dos leyes aprobadas genera un mayor desafío al Estado porque este podría emprender el camino penal por sedición, mientras que si solo se hace a través de una ley de referéndums, generaría un castigo por la vía de la desobediencia. Sea como sea, ese marco legal propio representa un desafío a la legalidad española, que con toda seguridad responderá de inmediato.

EL PAPEL DE LOS FUNCIONARIOS

El 'president' Carles Puigdemont ha anunciado que se abrirá una bolsa de agentes electorales, pero los que más entienden de citas como la del 9-N y de procesos electorales recuerdan que debe haber fedatarios públicos reconocidos en toda elección o convocatoria a las urnas. Habrá que ver si solo son voluntarios los que llevan a cabo todas las funciones (mesas electorales, apertura de colegios o centros de votación, recuento...) o bien también participan trabajadores públicos. Los funcionarios pueden verse en situaciones complejas si las leyes marco del referéndum les permiten participar pero la legislación vigente estatal se lo impide y se produce por tanto una incompatibilidad de legalidades.

EL CENSO

El Govern debe despejar la incógnita de si podrá acceder al censo y enviar a cada domicilio, como en unas elecciones convencionales, el documento que acredita a cada ciudadano como inscrito en el censo. ¿Tomará prestada información del Institut d'Estadística de Catalunya? ¿El censo se irá conformando a medida que los ciudadanos voten, como en el 9-N sucedió finalmente?

LAS JUNTAS ELECTORALES

En unas elecciones convencionales las juntas las forman representantes judiciales, y no será el caso en esta ocasión, dado que la administración de justicia es un cuerpo estatal que, con toda seguridad, no participará en la organización de un referéndum que el Estado califica de ilegal. Habrá que ver quién integra esas juntas electorales o comisiones de control y hasta qué punto son profesionales del ámbito legal con perfil independiente o bien están vinculados al soberanismo.

LA NEUTRALIDAD DEL EJECUTIVO

El Govern ha prometido que actuará con neutralidad, pero es difícil de imaginar con qué medidas se puede garantizar tal cosa cuando todo el Consell Executiu y en especial su 'president' han demostrado su apuesta clara por el 'sí' en el referéndum. Como anécdota, se planteó que el acto en que se anunció la fecha y la pregunta incluyera una referencia a esta neutralidad. Finalmente no se hizo, habida cuenta que en ese acto en el Palau estaban la mayoría de diputados del 'sí', precisamente. Los de Junts pel Sí y la CUP.

LA COMPRA DE URNAS

El Govern no ha hecho efectiva todavía la compra de urnas. Licitó la operación, pero el concurso quedó desierto y tampoco dio explicaciones de cómo piensa conseguirlas, lo que enfadó a la CUP. Además, existe una querella contra la 'consellera' de Governació, Meritxell Borràs, y su exsecretario general, hoy director del Gabinete jurídico del Ejecutivo catalán, Francesc Esteve. La fiscalía entiende que, pese al fiasco del concurso público, el departamento de Borràs ha evidenciado una voluntad "deliberada" de infringir la prohibición del Tribunal Constitucional.

LOS PUNTOS DE VOTACIÓN

En los municipios gobernados por fuerzas no independentistas que han decidido no ceder espacios municipales ni colegios, el Govern deberá determinar cómo garantiza el derecho al voto de los ciudadanos. En grandes ciudades, como Barcelona, no ha de tener problemas porque existen numerosas dependencias de la Generalitat. Pero todo ello se debe explicar con antelación para que la población sepa dónde podría ejercer el voto.

EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

El 9-N, pese a no ser ni un referéndum, contó con un grupo de observadores internacionales. Además, el Colegio de Politólogos llevó a cabo un seguimiento con un informe final (que no fue hecho público). De momento, esta organización no ha recibido encargo alguno por parte del Govern. Habrá, ha afirmado el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, "comisiones de observadores internacionales". Habrá que ver el perfil ideológico de los mismos.

EL VOTO EXTERIOR

Son más de 220.000, según los últimos datos estatales, pero solamente 5.000 se han registrado en el recién creado registro de catalanes en el exterior. Las 'conselleries' de Exteriors -responsable del registro- y de Governació -impulsora del voto exterior por internet, que también va con retraso cara al referéndum- se echan la culpa mutuamente de no estar llegando a tiempo de garantizar la participación de este importante segmento de la población. Un voto que será imposible de llevar a cabo por medios convencionales, dado que es improbable que el Estado, que dispone del registro CERA de ciudadanos en el exterior, facilite la tramitación de este tipo de voto para el referéndum. "Les daremos todas las facilidades para que puedan votar", prometió Puigdemont en TV-3.

QUIÉN TENDRÁ DERECHO AL VOTO

Puigdemont y Junqueras ya explicaron en la entrevista de TV-3 del pasado 12 de mayo que no habrá opción para que los inmigrantes no nacionalizados españoles puedan ejercer el derecho al voto. Se escudan en que "las reglas del juego deben ser las mismas que en unas elecciones convencionales" porque, de lo contrario, se podría interpretar como "una manipulación". El 'president' aseguró que ello solo se podrá "corregir" si Catalunya se dota de las herramientas de un Estado. Tampoco votarán los jóvenes de 16 a 18 años.