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El fiscal apela a Homs para que el Tribunal de Cuentas investigue los gastos del 9-N

Se opone al archivo solicitado por la Generalitat y pide que se nombre un instructor

Destaca que las comunidades no pueden convocar consultas como saben sus responsables

ÁNGELES VÁZQUEZ / MADRID

Homs, Mas, Rigau y Ortega, en Madrid el pasado febrero, cuando el expresident testificó en el juicio del primero.

Homs, Mas, Rigau y Ortega, en Madrid el pasado febrero, cuando el expresident testificó en el juicio del primero. / JUAN MANUEL PRATS

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres Morato, se ha opuesto al archivo de las actuaciones iniciadas por presunta malversación en los gastos que generó el 9-N solicitado por la Generalitat. En un informe, en el que propone que se nombre un delegado instructor, se remite a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al 'exconseller' de Presidència Francesc Homs a 13 meses de inhabilitación para defender la necesidad de investigar los 5,1 millones de euros gastados en la consulta de 2014.

El escrito sostiene que "los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, reiterados de forma clara y sin fisuras", de forma pública, "dada su evidente trascendencia, permiten afirmar que la falta de competencia de Catalunya para convocar consultas, incluso no referendarias, que versen sobre cuestiones que afectan al orden constituido y al fundamento mismo del orden constitucional".

Y eso "es un hecho notorio e, indudablemente, de conocimiento indiscutible para todos aquellos que ostentan alguna responsabilidad pública y, especialmente, para aquellos que han dirigido y ejecutado el proceso de participación ciudadana".

Por eso, considera imprescindible que se investiguen todos los gastos que generó la consulta, por tratarse de "un posible menoscabo del erario público debido a la adopción de decisiones de gasto y pago que pudieran haber carecido del suficiente respaldo normativo".

Para acreditarlo, el fiscal se remite a la sentencia del Tribunal Supremo contra Homs que, pese a que no le condenó por malversación, describe los gastos que supusieron la contratación de la empresa informática T-Systems y se destinó a publicidad.

DENUNCIA DE ASOCIACIONES 

El Tribunal de Cuentas abrió diligencias a raíz de la denuncia de la asociaciones Societat Civil Catalana, Associació Cívica y Cultural, y Abogados Catalanes por la Constitución, que consideran que los cuatro exresponsables del Govern condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya o el Tribunal Supremo, el expresidente Artur Mas y los 'exconselleres' Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs,"dispusieron de fondos para llevar a cabo un proceso de participación ciudadana carente de cualquier cobertura constitucional y prespuestaria". Cifran la malversación en una cantidad "no inferior" a 5.129.834 euros.

Las asociaciones denunciantes consideran bajo sospecha los 14.837,60 euros que se destinaron para la página web del 9-N; 70.532,08 para la fabricación y transporte de urnas y papeleta; 2.800.735,13 para ordenadores; 828.171,42 euros para la campaña institucional; 1.409,26 euros para seguros para los voluntarios; 1.106.185,88 para labores de apoyo informático, y 307.962,71 para envío de información.