EL ÓRDAGO INDEPENDENTISTA
Rajoy tacha de "chantaje" la ley de desconexión de Puigdemont
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Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El PeriódicoEl presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, ha calificado este lunes de "chantaje" y "amenaza" la ley catalana de desconexión que prepara el Ejecutivo de Junts pel Sí, y ha asegurado que la norma "no va a entrar en vigor" por mucho que lo intenten los independentistas. De hecho, el fiscal general del Estado ya ha anunciado que analizará el borrador de la ley de transitoriedad jurídica por si se incurre en ilegalidades.
Tras el comité ejecutivo nacional del PP, Rajoy ha emplazado al presidente catalán, Carles Puigdemont, a "dar la cara" y presentar su petición de referéndum de independencia en el Congreso de los Diputados. Si no acude, ha dicho, estará enviando el mensaje de que "pretende romper". El jefe del Ejecutivo central ha insistido en la invitación que trasladó el pasado viernes el Gobierno. "Para que la propuesta del señor Puigdemont eche a andar necesita el apoyo de la Cámara, no el mío", ha recalcado Rajoy.
"LA LIQUIDACIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL"
El mandatario conservador también ha querido dejar claro que si Puigdemont va al Congreso, él no apoyará "ni la liquidación de la soberanía nacional ni la liquidación de la unidad nacional". Y para hacerle frente ha asegurado que, si se debatiera en el Parlamento, él intervendría en el hemiciclo para dejar patente su rechazo. "Voy a dar la cara e invito a Puigdemont a que lo haga", ha reiterado el presidente, quien ha dicho que "un líder convencido de la bondad de sus propuestas debe ejercer el liderazgo y actuar con determinación, coraje y valentía". La semana pasada, el jefe del Govern de JxSí ya dejó entrever que no expondrá su plan en las Cortes, ya que puso como condición que antes de ello se hubiera pactado el referéndum, algo impensable a estas alturas.
"Es muy difícil encontrar un precedente tan antidemocrático", ha sentenciado el presidente popular en alusión a la supuesta ley de desconexión. En su opinión, esta norma es "un disparate y un delirio jurídico, político y social", y representa "la liquidación del Estado de derecho".
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