El fiscal usa unas declaraciones de Junqueras para acusar a Borràs

Unas declaraciones del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, servirán de prueba a la Fiscalía Superior de Catalunya para acusar a la 'consellera' de Governació, Meritxell Borràs, por la compra de 8.000 urnas. En su viaje a EEUU a principios de este mes, el también 'conseller' de Economia subrayó que el anuncio de la compra de urnas por parte del Govern era "un paso importante" de su compromiso "con el mandato democrático recibido para organizar un referéndum", afirmación que después matizó el líder de ERC pero a que la que el ministerio público se aferra para demostrar la supuesta ilegalidad.

En concreto, el fiscal acusa a Borràs y al secretario general de su 'conselleria', Francesc Esteve, de los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos. Para ello, aparte de las declaraciones de Junqueras, se apoya también en otras pronunciadas por la 'consellera' de Ensenyament, Meritxell Ruiz, quien afirmó que el Govern pondrá urnas "donde haga falta", y así como de otras del presidente del grupo de JxSí en el Parlament, Jordi Turull, quien manifestó que "urnas, habrá, porque la determinación del Govern con el referéndum es absoluta". La intención del representante de la acusación pública es probar que las urnas que quiere comprar el Ejecutivo son para un plebiscito ilegal por mucho que en la licitación solo se hable de procesos electorales.

En la querella, de 52 páginas, el fiscal sostiene que Borràs y Esteve han hecho caso omiso reiteradamente de las resoluciones del Tribunal Constitucional en las que se advierte al Govern contra cualquier intento de iniciar los trámites para celebrar el referéndum y les acusa de querer ampararse en unas leyes "sabiendo que ninguna de ellas resulta de aplicación". Asimismo, asevera que los dirigentes de Governació pretenden "enmascarar" la preparación de la consulta con una "fórmula" que no concreta el destino de la licitación, "comprometiendo fondos públicos (200.000 euros) para su aplicación a unos fines interesados y contrarios a la legalidad: la adquisición de material para la celebración de un referéndum inconstitucional".

ENFRENTAMIENTO Y RUPTURA

El mismo escrito de acusación señala que, con su acción, Borràs y Esteve vulneran frontalmente los mandatos del TC evidenciando así su pertinaz, inequívoca e irreversible voluntad de llevar adelante su proyecto político por la fuerza de los hechos consumados, con total desprecio de la Constitución de 1978". Asimismo, les acusa de querer "derogar" el sistema constitucional, "dinamitar" el sistema de competencias autonómico y de llevar "al pueblo español y a todos los ciudadanos de Catalunya a una indeseable crítica situación de enfrentamiento y ruptura".