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La lacra de la corrupción

El difícil papel de Prenafeta tras la confesión de Alavedra

El juicio de 'Pretoria' termina esta semana el interrogatorio de los acusados

Este miércoles empieza a declarar el más de un centenar de testigos previstos

Ángeles Vázquez

La fiscal pide para él 6 años y 10 meses de cárcel, junto al pago de una multa de 13,7 millones de euros. / EFE

Lluís Prenafeta y Macià Alavedra han compartido trayectoria durante años. Ambos gozaron de "una estrecha relación personal" con el que fue presidente de la Generalitat de Catalunya durante 23 años, Jordi Pujol, y ambos, según Anticorrupción, decidieron utilizar su paso por la política y las relaciones personales creadas en esos años para sus negocios personales. Pero el juicio del 'caso Pretoria' les ha hecho separarse. Alavedra optó por admitir las acusaciones formuladas por la fiscala Ana Cuenca y pagar más de 10 millones de euros para eludir la cárcel, y Prenafeta, salvo sorpresa de última hora, ha decidido arriesgarse.

El secretario de Presidència de la Generalitat entre 1980 y 1990 y su esposa, Lluïsa Mas Crusells, son los únicos acusados por la corrupción urbanística juzgada en el 'caso Pretoria' que aún no han declarado ante el tribunal. Lo harán este martes, cuando aclararán cómo resuelven la papeleta que supuso para ambos que quien fue 'conseller' de Economia entre 1990 y 1997 admitiera los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales de los que les acusa la Fiscalía. 

El pasado 23 de marzo la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional pudo oír cómo Alavedra admitía las acusaciones de Anticorrupción, y eso, aunque no quisiera, pasaba por reconocer que tuvo junto a Prenafeta "un papel relevante" en dos de las tres operaciones urbanísticas juzgadas: las de Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.

JUSTIFICAR LAS COMISIONES

Según Anticorrupción, ambos, "sabedores de la facilidad con la que se movía [el exdiputado socialista] Luis Andrés García en estos municipios y del ascendiente e influencia que también ellos ejercían sobre determinados cargos públicos de Catalunya, se concertaron con el anterior, planificando y ejecutando el manejo de los tiempos del desarrollo urbanístico y de las adjudicaciones". Ello "les permitió recibir ilícitas comisiones procedentes de los empresarios que, gracias a sus influencias, lograron las adjudicaciones en estos municipios".

Es cierto que durante su declaración, Alavedra, que demostró una muy buena memoria, justificó que cobraran comisiones del 4% en que proporcionaron los compradores. Fue una explicación muy similar a la que aportó 'Luigi' que, sin llegar a ningún acuerdo con Anticorrupción, admitió también el cobro pero insistiendo en que era el precio habitual del mercado por la gestión realizada, por lo que no hubo delito. 

Previsiblemente esa será la línea de defensa de Prenafeta, que se enfrenta a seis años y ocho meses de cárcel y multa de casi 14 millones de euros. Para su esposa, por un delito continuado de blanqueo, la fiscalía pide tres años y medio de cárcel y multa de 9,4 millones de euros. 

LOS IMPLICADOS EN LAS OPERACIONES

Concluidos los acusados, llegará el turno de los testigos. Desde el miércoles desfilarán por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional más de un centenar de personas que tuvieron alguna vinculación con las tres operaciones investigadas: Niesma, Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Se trata de constructores, funcionarios y cargos de los ayuntamientos afectados o de la Generalitat y abogados, alguno de cuales estuvo imputado en el procedimiento, como el exgerente del Institut Català del Sòl (Incasol) Emili Mas, el exalcalde de Sant Andreu Víctor Ros o el empresario Luis Casamitjana.

El jueves día 20 están citados como testigos el expresidente de Burberry Eugenio Mora y los abogados Antonio Peñarroja y Francisco Petrus, que, según la fiscala, controlaban la holandesa Ard Choille, a la que los acusados Josep Singla y Luis Andrés García vendieron las acciones que tenían en Centre Comercial Gramenet. 'Luigi' había pactado con ellos la venta de los terrenos y lograron una importante plusvalía cuando se revalorizaron. Mora, investigado en el caso BBV Privanza Jersey, fue condenado en 2015 por ocho delitos fiscales a pagar 31 millones de euros entre multa e indemnización.

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