La Audiencia Nacional empieza a juzgar la corrupción urbanística de 'Pretoria'

Apenas empezaba a conocerse la magnitud del saqueo del Palau de la Música, pero aún faltaba mucho para que estallase el escándalo del 3%, cuando una operación ordenada por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón llevaba a prisión a dos de los hombres que habían gozado de la máxima confianza del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. El 27 de octubre del 2009, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, junto con el entonces alcalde de Santa Coloma de Gramenet, el socialista Bartomeu Muñoz, y el exdiputado del PSC Luis Andrés García, 'Luigi', compartieron furgón en dirección a la cárcel. Este lunes volverán a coincidir en el juicio que casi ocho años después comenzará a celebrar la Audiencia Nacional, y que se solapará con el que sigue en pleno apogeo en Barcelona por el 'caso Palau'.

El 'caso Pretoria', con el que se destaparon las irregularidades urbanísticas cometidas entre el 2001 y el 2009 en Santa Coloma, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, permitió descubrir cómo alguien con suficiente influencia sobre cargos públicos de administraciones que adjudicaban obras decidía a quién debía ser concedido determinado contrato a cambio de mordidas, que luego se ocultaban a través de complicados entramados societarios en paraísos fiscales, que iban desde la cercana Andorra a las lejanas Islas Vírgenes.

La fiscala Ana Cuenca, que recientemente consiguió la condena de la 'trama Gürtel' en Valencia, solicita penas que van desde los ocho años de prisión y multa de más de 22 millones de euros para Luis Andrés García a los 11 meses que propone para Josep Singla, cuya empresa, Proinosa, fue adjudicataria de muchas de las obras cuestionadas. Para Muñoz, Alavedra y Prenafeta la petición de pena es de seis años y 10 meses, y multas que van de cuatro a 13 millones. Otras seis personas compartirán con ellos el banquillo de los acusados, entre ellas, Maria Lluïsa Mas, esposa de Prenafeta, que se enfrenta a tres años y medio por blanqueo.

CONOCIDO POR EL ENTORNO EMPRESARIAL

En su escrito, la fiscala define al que fue diputado del PSC de 1980 a 1988 como una persona "conocida en todo el entorno empresarial" inmobiliario y de la construcción "por su papel de conseguidor, facilitador o intermediario". Lo lograba porque "era notoria la relación e influencia que ejercía sobre los cargos públicos" que debían decidir las adjudicaciones. Para su labor se ayudaba de Manuel Valera (que se enfrenta a dos años y nueve meses de cárcel), administrador de las sociedades que utilizaba para lucrarse con las operaciones inmobiliarias o para ocultar sus ingresos al fisco.

El ascendente que 'Luigi' ejercía sobre Bartomeu Muñoz y sobre Manuel Dobarco (para quien se pide un año de prisión), responsable de Urbanismo en Santa Coloma, era tan fuerte que era quien, en realidad, "dirigía y tomaba muchas de las decisiones urbanísticas" que el alcalde "asumía como propias, percibiendo por ello cuantiosas e ilícitas comisiones". Gracias a ello pudieron lucrarse con la 'operación Pallaresa', adjudicada a la UTE de la que formaba parte Proinosa, "en detrimento de los intereses municipales".

INFLUENCIAS MUTUAS

Alavedra y Prenafeta, "sabedores de la facilidad con la que se movía Luis García" en Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, y gracias "a la influencia que también ellos ejercían sobre determinados cargos públicos de Catalunya, se concertaron con él, planificando y ejecutando el manejo de los tiempos del desarrollo urbanístico de las adjudicaciones", con lo que consiguieron "comisiones de empresarios que, gracias a sus influencias, lograron adjudicaciones".

En Sant Andreu, como sabían que se iba a producir una importante modificación urbanística, adquirieron unas fincas a través de Niesma Corporació y las vendieron cuando se revalorizaron. La compradora ingresó en Poliafers, propiedad de Prenafeta, 451.769 euros, que se repartió con Alavedra y García. En Badalona, detrás del grupo inversor que adquirió unas fincas próximas al puerto deportivo estaba 'Luigi', que logró "manipular la adjudicación de los terrenos para obtener cuantiosas comisiones en claro perjuicio para los entes públicos propietarios", sostiene la fiscala.