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La jueza de los ERE procesa al 'chofer de la coca' por las ayudas públicas recibidas

Manda a juicio también al exdirector general de Trabajo Javier Guerrero por prevaricación, malversación y falsedad documental

JULIA CAMACHO / SEVILLA

El exchófer de la Junta Juan Francisco Trujillo, en marzo del 2013, tras prestar declaración como imputado.

El exchófer de la Junta Juan Francisco Trujillo, en marzo del 2013, tras prestar declaración como imputado. / EFE / RAÚL CARO

La jueza que instruye el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía ha procesado al exdirector general de Trabajo Javier Guerrero por las ayudas públicas de millón y medio de euros que concedió a su chófer, Juan Francisco Trujillo, y que este gastó, entre otros, en regalos varios y la compra de cocaína. La jueza concluye que su actuación es constitutiva de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsificación en documento mercantil y tráfico de influencias.

En el auto dictado este viernes aparecen incluidos también un directivo de la empresa aseguradora Vitalia, Antonio Albarracín Muñoz, que habría tramitado las ayudas, y al socio del chófer en una de las empresas que se benefició de las subvenciones, Isidoro Ruiz Espigares. No obstante, exculpa de cualquier delito a la madre y a la esposa del conductor, Estrella Blanco y Juana Gallego, aunque esta última sí deberá responder como beneficiaria "a título lucrativo" de las ayudas que recibió su marido, ya que admitió haber comprado en el 2008 una vivienda con el dinero que le dio este "procedente de un préstamo que le hizo un amigo".

"SIN JUSTIFICAR NADA"

La jueza María Núñez Bolaños pone así fin a esta pieza de los ERE, una de las centenares en las que se disgregó la causa, y considera que de forma indiciaria puede afirmarse que Javier Guerrero, considerado principal responsable de las irregularidades, otorgó "de forma arbitraria y con ánimo de lucrarse él mismo y Juan Francisco Trujillo (…), cuatro ayudas". Para tal fin, "sugirió" a su chófer que creara dos empresas dado que, como "tenía facultades para conceder subvenciones y que no tenía que justificar nada, podía otorgárselas presentando una memoria muy simple", según admitió el conductor.

Así, Trujillo siguió estas indicaciones y creó dos sociedades, que recibieron sendas ayudas de 450.000 euros en los años 2004 y 2005. En una tercera sociedad que el chófer tenía con un socio también se benefició de otra ayuda por esa misma cuantía. Según establece en el auto de procesamiento la jueza instructora, el mecanismo para conceder el dinero siempre era el mismo: Guerrero las otorgaba "sin más trámite, y posteriormente, para realizar el pago celebraba un convenio entre este y el IFA en virtud del cual dicha institución debería realizar el pago de las ayudas concedidas, indiciariamente, de forma arbitraria para el señor Guerrero para su lucro y el de sus amigos o conocidos a sabiendas del carácter ficticio de dichas empresas y de la finalidad indiciariamente ilícita de la ayuda concedida".

EN LA CUENTA DE SU MADRE

Para la jueza existen además indicios de una cuarta ayuda que se concedió "con la única finalidad de beneficiarse económicamente tanto el señor Guerrero como Trujillo y que se articula mediante una póliza individual" por importe de 125.028,01 euros cuya beneficiaria es la madre del conductor, Estrella Blanco, llegando el chófer a falsificar la firma de su progenitora. Este dinero se ingresó en la cuenta de la madre de Trujillo, que retiró luego los fondos y, según reconoció, lo empleó en "realizar numerosos regalos al señor Guerrero además de la compra de cocaína para ambos", precisa el auto.

La jueza concluye diciendo que no ha quedado acreditada la existencia de "mínimos indicios de la participación dolosa" de la madre en los hechos, por lo que acuerda el sobreseimiento con respecto a la misma, y también con respecto a la esposa, de la que señala que "no existe prueba de su participación directa en los hechos", aunque sí para llamarla a las presentes actuaciones como partícipe a "título lucrativo".

Tras este auto de conversión de las diligencias en procedimiento abreviado, la jueza pide ahora al fiscal y a las acusaciones que en el plazo de 10 días soliciten la apertura del juicio oral, con escrito de acusación, o el sobreseimiento de esta causa.

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