La corrupción tensa las costuras de la alianza Rajoy-Rivera

La relación matrimonial entre el PP y Ciudadanos va a pasar en los próximos días una nueva prueba de fuego, en esta ocasión con Murcia como epicentro. Aunque el presidente de esta comunidad, Pedro Antonio Sánchez, lleva varias semanas imputado por cuatro delitos de corrupción, el partido naranja no ha decidido hasta este jueves poner en cuarentena el pacto de gobernabilidad que sostiene a los populares en el poder regional. Formalmente lo ha dado por roto y ha anunciado que abrirá contactos con el resto de grupos para explorar una moción de censura. Y lo ha hecho horas después de que Albert Rivera convocase al PSOE y a Podemos a acordar las medidas de regeneración política que su formación pactó con Mariano Rajoy y a las que ahora el PP le da largas.

Eso es lo que se ha dicho en público. Entre bambalinas, la realidad es algo distinta. En primer lugar, la forja de una moción de censura en Murcia supondría poner de acuerdo a tres partidos hasta ahora incompatible en un mismo gobierno: PSOE, Podemos y Ciudadanos (juntos suman un escaño más que el PP en la Asamblea Regional). De ahí que las tres fuerzas se pronunciasen este jueves con extrema prudencia, empezando por el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que recetó "ir paso a paso y no ponerse nerviosos".

Y es que el objetivo de Ciudadanos con este movimiento táctico es, en realidad, otro: redoblar la presión sobre el PP para que deje caer a Sánchez y proponga un nuevo candidato a la presidencia de la comunidad. "La cúpula del PP prefiere proteger a su imputado y romper el pacto de investidura antes que poner a un nuevo presidente del PP en Murcia", ha escrito Rivera en Twitter.

COMPROMISOS SIN FECHA

El pacto anticorrupción suscrito tras las elecciones autonómicas del 2015, que, junto a otras medidas, permitió la investidura de Sánchez, prevé "separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial". El presidente murciano declarará el próximo lunes en calidad de investigado por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la Administración, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos, por la construcción de auditorio durante su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras.

Cierto es que, pese a lo que firmó en su día en Murcia, Ciudadanos ha impulsado en el Congreso de los Diputados una reforma legal que pone la línea roja en la apertura de juicio oral para exigir la dimisión de los cargos imputados. Y esa es precisamente la doctrina que siempre ha abanderado el PP para eximir de la asunción de responsabilidades a sus cargos investigados.

Poco tiene de casualidad que horas antes de dar por rota la alianza murciana, Rivera anunciase en Antena 3 reuniones la semana próxima entre su partido y el PSOE y Podemos para buscar una mayoría alternativa que permita poner en marcha las medidas de regeneración democrática a las que se comprometió el PP en el pacto de investidura. Concretamente, el partido naranja busca limitar los mandatos del presidente del Gobierno a ocho años, eliminar los aforamientos y crear una comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP. Tres compromisos a los que los populares.

Rivera ha advertido de que "si el PP no quiere cumplir", Ciudadanos buscará "otras vías parlamentarias para sacar las medidas adelante", convencido además que los votantes del partido mayoritario están de acuerdo en limitar mandatos y aforamientos pero el problema es que "Rajoy va en contra de los tiempos de regeneración que necesita el país". "Es una persona inmovilista que tapa la corrupción de su partido", ha añadido.

ACUERDO COMPLICADO

Esos contactos promovidos por Ciudadanos serán teóricamente la semana que viene. Para lo que no hay fecha aún es para la primera reunión de los partidos de la oposición en Murcia para fijar la estrategia a seguir. Tampoco va a resultar sencillo consensuar un candidato alternativo entre los 45 diputados que conforman la Asamblea Regional. El artículo 33 del Estatuto de Autonomía establece que la moción de censura deberá ser propuesta al menos por el 15% de los diputados regionales (siete de los 45).

El grupo popular lo integran 22 diputados y la oposición en su conjunto suman un total de 23, con los 13 del PSOE, los seis de Podemos y los cuatro de Ciudadanos, que serían la llave para arrebatar a Sánchez un Gobierno en el que lleva desde el 2015.