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Los empresarios acusados admiten la financiación ilegal del PP de Valencia

Aceptan un máximo de 15 meses de cárcel sustituible por multas de más de 100.000 euros

Anticorrupción espera firmar mañana el acuerdo definitivo con los nueve que faltaban

ÁNGELES VÁZQUEZ / NACHO HERRERO / MADRID / VALÈNCIA

Francisco Correa, al llegar al juicio de la ’Gürtel’ en la Audiencia Nacional, en San Fernando de Henares.

Francisco Correa, al llegar al juicio de la ’Gürtel’ en la Audiencia Nacional, en San Fernando de Henares. / JUAN MANUEL PRATS

Todos los empresarios acusados de financiar ilegalmente al PP de Valencia durante las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008 han alcanzado acuerdos, que se prevé que ratifiquen este viernes, con la Fiscalía Anticorrupción por el que admiten penas de un máximo de 15 meses sustituibles por multas que superarán los 100.000 euros, confirmaron fuentes fiscales.

Dichas fuentes explicaron que, una vez admitidos los hechos que se les atribuían en el escrito de acusación fiscal, las penas que se les impondrán serán de doce meses de prisión por el delito de falsedad documental y tres meses por delito electoral, por lo que en el peor de los casos se les impondrán 15 años de internamiento, con la previsión de que la prisión sea sustuible por multas, con lo que el erario público queda resarcido.

La rebaja de petición de pena es sustancial, porque Anticorrupción solicitaba para los nueve empresarios penas de entre cuatro y seis años de prisión por delitos en las cuentas electorales y falsedad en documento mercantil.

El juicio por estos hechos está previsto que se inicie el próximo 13 de marzo, pero la baja por enfermedad del titular del Juzgado Central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, que ha obligado a sacar la plaza en comisión de servicios, puede retrasarla.

En esta pieza del 'caso Gürtel', remitida desde Valencia se investiga la presunta financiación de forma ilegal del PP en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008. Con el acuerdo suscrito con los empresarios, la defensa del partido queda muy tocada de cara a poder negar estos hechos.

Los empresarios siguen la pauta marcada por los tres primeros arrepentidos. El pasado mes de abril Enrique Ortiz, Alejandro Pons y José Francisco Beviá confesaron entonces haber financiado ilegalmente al partido a cambio de una reducción de condena. Además de la Fiscalía Anticorrupción en este procedimiento también ejerce la acusación el PSOE valenciano.

UNA VEINTENA DE ACUSADOS EN EL BANQUILLO

Por estos hechos, se sentarán en el banquillo una veintena de personas por financiar de forma ilegal el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) entre 2007 y 2008, en concreto, las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.

Entre los acusados se encuentran también el presunto líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa; su 'número dos', Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. Además, se acusa a cinco ex altos cargos de la formación política, entre ellos Ricardo Costa y Vicente Rambla.

Ente los empresarios acusados figuran el ex consejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín y el sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, Vicente Cotino.

La empresa de la trama Orange Market participó en 2004 actos para el PP en la ciudad o la presentación de la America's Cup y la Cámara de Comercio. En 2006, el PPCV empezó a contratar a Orange Market para preparar sus campañas autonómicas y municipales. Por ejemplo, abonó, sin tributar ni contabilizar, unos 1,15 millones en las autonómicas de 2007 y un total de 78.878 euros en las municipales de ese año por actos, entre los que se encontraba uno protagonizado por el presidente del Gobierno en funciones Mariano Rajoy en Alicante (16.882 euros).

Según el juez, el sistema de pago de los gastos que realizaba Orange Market para el partido se abonó "presuntamente de forma dual, es decir que al menos una parte relevante se abonó con cantidades económicas ajenas al circuito económico legal, mientras otra se hacía de forma legal mediante la emisión de factura".