La desobediencia al Estado tensa la relación entre el Govern y la CUP

Fue en Berga, de madrugada. Pero pudo haber sido en Vic o en cualquier otro punto de la geografía catalana. Ese destino fatal que los independentistas hace años que identificaron (la policía catalana deteniendo, reteniendo, conduciendo al juzgado a independentistas) se concretó en la persona de Montserrat Venturós, alcaldesa de la CUP de Berga. Tras negarse a declarar dos veces por sendas causas por desobeceder una instrucción de la junta electoral que le obligaba a retirar la 'estelada' del balcón consistorial, los Mossos fueron a buscarla a casa a primera hora de la mañana.

Las secuelas políticas siguieron fielmente el guion largamente previsto y que nadie ha podido evitar. La cólera de la CUP y su denuncia de que el Govern está sometido al entramado jurídico español mientras dice estar preparando la independencia, por un lado. Y en el otro, la plena solidaridad del Ejecutivo y su explicación de que los Mossos, como policía judicial, no puede hacer otra cosa, de momento. Y de fondo, la decisiva negociación presupuestaria.

Hace meses que la CUP exige a sus socios un acto de desobediencia. Lo intentaron en el Parlament, con algún resultado, como por ejemplo el que ha llevado a Carme Forcadell al limbo de los investigados por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), a instancias de la fiscalía. Visto lo visto, los anticapitalistas quisieron acelerar los tiempos emprendiendo una campaña en busca de decenas de microdesobediencias a escala local.

Por ejemplo, en Berga, donde el pleno municipal acordó, cuando Venturós no era ni concejal, adherirse a una campaña de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) a favor de izar la 'estelada', bandera sin rango oficial, en el balcón. Ahora, Venturós, en cumplimiento de lo que mandató el pleno municipal, se ha negado a retirar la enseña. Y ahí radica la queja irritada de la CUP.

El diputado Benet Salellas, flanqueado por la alcadesa, ha manifestado a la salida del juzgado de Berga donde Venturós ha prestado declaración que la edila "es un cargo electo elegido por la ciudadanía justamente para hacer lo que está haciendo" y ha exigido al Govern que aclare "de qué lado está: si con la justicia española o con los cargos electos independentistas". La propia alcaldesa lo ha calificado de "ataque antidemocrático contra todo el pueblo catalán". 

REACCIÓN DEL GOVERN

El Govern se ha apresurado a exigir a la CUP que no se fije en el mensajero, sino en el mensaje y su autor. Es decir, que la culpa de lo sucedido es del Estado y no de los Mossos. Alega el Ejecutivo del PDC y de ERC que la actuación de la policía autonómica ha sido "discreta" y por órdenes del juzgado. "El problema es la persecución política, no los Mossos", alegan en el Palau de la Generalitat.

El PDC confía en que lo sucedido no altere a la ya de por sí compleja negociación de los presupuestos con la CUP, un partido muy sensible a los vaivenes de la actualidad, como lo demostró al no acudir a la presentación de los anteriores presupuestos en protesta por la actuación de los mossos ante el conflicto del 'banc expropiat' en el barrio barcelonés de Gràcia.

Pero la discrepancia de fondo sigue ahí, y se hace evidente en situaciones como la de este viernes. La CUP quiere desobedecer para forzar el camino hacia la independencia y ampliar así su base social. El partido heredero de Convergència cree todo lo contrario, que se avanza hacia la centralidad porque el radicalismo en un momento todavía no oportuno genera rechazo en amplias capas de la ciudadanía. Por ello, el PDC camina sobre un cada vez más fino alhambre: por un lado apoya los actos de desobediencia y culpa al Estado de una persecución policial y judicial de orígen político. Por otro, se niega a aplicar actos de desobediencia y sigue recurriendo por ejemplo al Tribunal Constitucional (TC) o instando a la presidenta del Parlament a presentar alegaciones ante las invectivas de la fiscalía.

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Un equilibrio que se justifica, afirman, por la necesidad de esperar al momento oportuno para desobedecer o desacatar. Algo que nunca harán porque, como ha subrayado en varias ocasiones el 'president' Carles Puigdemont, el Govern nunca se desentendrá de la ley; lo que hará es obedecer a la ley catalana frente a la estatal, cuando se ponga en marcha la famosa "desconexión" respecto a la administración general del Estado.

Y, como una imagen vale más que mil palabras, cabe recordar que en un reciente acto de apoyo a Carme Forcadell en el Parlament, el portavoz de Junts pel Sí, Jordi Turull (PDC), bromeó cogiendo uno de los carteles de la CUP que rezan "'sense por, desobeïm per la independència'", si bien dobló el cartel para que no se viera la segunda parte de la frase tras el "sin miedo". Un Turull que, por cierto, y como muestra del ambiente enrarecido que se respira en el secesionismo, fue recibido con silbidos en Berga, en la concentración de protesta por la detención.