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TRAS EL 'FERNÁNDEZGATE'

El exdirector de Antifrau solicita el traslado como juez fuera de Catalunya

El CGPJ concede a Daniel de Alfonso un juzgado de vigilancia en Santander

Cuando el acuerdo se publique, el magistrado tendrá 20 días para incorporarse a su nuevo destino

Ángeles Vázquez

Daniel de Alfonso, exdirector de la Oficina Antifrau, durante su comparencia en el Parlament por el ’Fernándezgate’.

Daniel de Alfonso, exdirector de la Oficina Antifrau, durante su comparencia en el Parlament por el ’Fernándezgate’. / ALBERT BERTRAN

El exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) Daniel de Alfonso ha optado por no quedarse mucho tiempo en Barcelona. El pasado 15 de septiembre, sin ni siquiera haber transcurrido dos meses de su vuelta a la Audiencia Provincial, solicitó al Consejo General del Poder Judicial el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Cantabria, con sede en Santander. Y lo logró.

La Comisión Permanente del Consejo aprobó en su reunión del miércoles conceder a De Alfonso la plaza que había solicitado, ya que para este tipo de traslados no existe ningún tipo de discrecionalidad más allá del de antigüedad, con lo que el exresponsable de Antifrau tenía prácticamente asegurado el destino pedido. El único trámite que queda es que el nombramiento se publique en el 'BOE', lo que podría tardar aún un mes, ya que los nombramientos de magistrados se producen por real decreto, lo que requiere ciertos trámites. Una vez publicado, De Alfonso, como cambia de ciudad de residencia, tendrá 20 días para incorporarse a su nuevo juzgado.

De Alfonso, que ingresó en la carrera judicial en 1990, era desde 1998 magistrado de la Audiencia de Barcelona, plaza que conservó cuando fue nombrado director de la Oficina Antifrau, en sustitución por fallecimiento del fiscal David Martínez Madero.

De Alfonso se vio obligado a volver a la Audiencia al ser destituido,el pasado 29 de junio, por el Parlament tras publicarse la conversación que mantuvo con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la que buscaban asuntos para desprestigiar a políticos independentistas. Aunque la fiscalía no ve en ella indicios de delito, este martes sirvió para que la oposición pidiera en bloque en el Congreso la destitución del titular de Interior "por sus acciones y actitudes antidemocráticas y faltas de ética política".