La reforma electoral se ceñirá a recortar la campaña y los gastos

La reforma de la Ley Electoral entra en el Congreso con todas las posibilidades de ser aprobada este jueves, pero lejos de adentrarse en la revisión en profundidad que reclama una parte de la oposición. De momento, este martes se aprueba la admisión a trámite de la proposición de ley del PP, pero los aspectos que se modificarán distan de los anhelos de grupos como ERC, que quería aprovechar para reducir la edad mínima de sufragio a los 16 años, o la de PDC, que busca eliminar el voto rogado. Aunque estas enmiendas se presentarán el miércoles, la suma de PP y PSOE impedirá que prosperen esas iniciativas, como adelantó este diario. La reforma se limitará reducir el periodo electoral cuando se repitan los comicios de 54 días a 47. Esto implica un recorte de la campaña a la mitad y poco más. Los populares se avinieron a última hora a reducir también las subvenciones por voto y escaño, como guiño a los socialistas, que condicionan el apoyo a que el recorte afecte también a los gastos electorales. 

Durante el debate en el hemiciclo, el portavoz de ERC, Joan Tardà, mostró su malestar por la decisión de los socialistas de no apoyar su enmienda para abrir el voto a los 16 años. El republicano albergaba esperanzas de que el PSOE votase a favor, como hizo en abril en una iniciativa que decayó por la convocatoria del 26-J, y se enteró por la prensa del rechazo a su llegada al Congreso. "Nosotros, ilusos, creíamos que tenían amor propio. Pero se han entregado al enemigo", reprochó a los socialistas, en un discurso especialmente áspero desde la tribuna. El PSOE se defendió, dijo que una reforma tan profunda requeriría un debate sosegado y no una tramitación por urgencia, como es el caso. Los socialistas dijeron que votarían, en cambio, a favor de la proposición del PP desde una posición que definió como "favorable pero sin ningún entusiasmo" y muy vinculada a una reducción de gastos.

VETO DEL GOBIERNO

Más allá del debate en pleno, la Cámara baja ha dado una muestra más de la beligerancia que mantiene con el PP. El Gobierno ha vetado diez iniciativas de la oposición bajo el argumento de que suponen un incremento presupuestario, una posibilidad que le concede el reglamento. Sin embargo, la Mesa ha rechazado este veto en dos proposiciones de ley del PSOE porque considera que no implican ningún aumento del gasto: la paralización de la Lomce y otra sobre subcontratas de empresas vinculadas a la administración. El PP se ha quedado solo y en minoría. 

Aún así, hay otras ocho proposiciones que la oposición considera vetadas injustamente, entre ellas, un aumento de las pensiones. Los parlamentarios han pedido a los servicios jurídicos del Congreso que emitan informes caso por caso para determinar si su aplicación derivaría, como sostiene el Gobierno, un incremento de gasto. El análisis tardará en materializarse en decisiones concretas. Aunque la semana que viene está previsto un pleno ordinario, el previsible calendario de investidura de Rajoy se colaría en la agenda, y a la práctica, el bloqueo permanecerá por lo menos hasta finales de noviembre. 

“Nos preocupa que Rajoy no entienda cuál va a ser su nueva relación con el Parlamento. Ya no puede ser de veto o de rodillo. Ha de ser de diálogo”, ha señalado el portavoz de Podemos, Íñigo Errejón. 

Su homólogo en Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha criticado que el Gobierno intente mantener “formas propias de la etapa de la mayoría absoluta” y ha lamentado que el partido conservador “no haya interioridad” que va a necesitar apoyos a cada paso. 

Ese equilibrio cambiante de respaldos va a materializarse esta tarde en el pleno, que debate la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la reforma de la Ley Electoral para recortar la campaña. El diputado socialista Rafael Simancas ha puesto como ejemplo lo sucedido como tendencia de legislatiura.