El Consejo de Ministros aprobará hoy medidas contra el desafío independentista del Parlament

El Consejo de Ministros de este viernes tiene previsto dar luz verde a la Abogacía del Estado para presente un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional contra la resolución del Parlament catalán sobre el proceso constituyente que autoriza debatir sobre la desconexión de Catalunya. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, comparecerá a las 13.00 para informar sobre este asunto en una rueda de prensa que se podrá seguir en directo desde la web de EL PERIÓDICO.

El Gobierno en funciones del PP considera que la resolución del Parlament, que autoriza iniciar un proceso de desconexión con el Estado que incluye la convocatoria de unas elecciones constituyentes y la celebración de un referéndum, "vulnera radicalmente" la sentencia del Tribunal Constituciónal del 2 de diciembre del 2015 que declaró inconstitucional y nula la resolución del Parlament catalán sobre el inicio del llamado 'proceso de desconexión', aprobada el 9 de noviembre del 2015.

Según el Ejecutivo, la decisión de la Cámara catalana, adoptada con los votos de Junts pel Sí y la CUP, también vulnera el reciente auto del TC del 19 de julio del 2016 en el que se advertía a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlament que preside Carme Forcadell, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandato del TC.

SEGUNDO INCIDENTE DE EJECUCIÓN

Será el segundo incidente de ejecución que planteará la Abogacía del Estado en relación con la actividad de la Comisión de Estudios, tras su creación el pasado 20 de enero. Solo unos días después, el 1 de febrero el Ejecutivo impugnó ante el Constitucional su formación, al considerar que la intención del Parlament era la de "eludir los pronunciamientos del TC" y seguir adelante con el proceso constituyente.

En aquella ocasión, el tribunal tardó un mes en admitir a trámite la cuestión, después de ofrecer a las partes un plazo de diez días para que presentaran las alegaciones que consideraran oportunas. Su decisión final se produjo la pasada semana, casi cinco meses más tarde. El Constitucional reflejó en esta resolución una advertencia directa a la Cámara catalana y, especialmente, "a la Mesa del Parlament". El auto indicaba expresamente que la Comisión de Estudios debe someterse "al cumplimiento de las exigencias de la Constitución" y no puede dirigir su actividad a "la apertura de un proceso constituyente en Catalunya encaminado a la creación de la futura constitución catalana y del estado catalán independiente".