EL PULSO SOBERANISTA

Junts pel Sí y la CUP registran la primera de las leyes de "desconexión"

Ambos grupos presentan la proposición de ley para crear la Agència de Protecció Social, la primera de las tres leyes de "desconexión"

Los diputados de la CUP y Junts pel Sí Mireia Vehí y Chakir el Homrani, durante el registro en el Parlament de la proposición de ley de la Agència Catalana de Protecció Social.

Los diputados de la CUP y Junts pel Sí Mireia Vehí y Chakir el Homrani, durante el registro en el Parlament de la proposición de ley de la Agència Catalana de Protecció Social. / ACN / GARRIDO

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Junts pel Sí y la CUP han registrado este martes en el Parlament la proposición de ley de creación de la Agència Catalana de Protecció Social, que es el "embrión" de la futura Seguridad Social catalana y la primera de una de las tres leyes de "desconexión" del Estado previstas en esta legislatura según el pacto firmado por ambas formaciones.

La proposición de ley está recogida en una veintena de páginas elaboradas en el seno de una ponencia conjunta del Parlament, y los grupos que la impulsan han pedido que siga el "trámite de urgencia", por lo que el debate a la totalidad tendrá lugar en algún pleno aún por determinar del mes de julio.

El articulado crea la Agència Catalana de Protecció Social, que aglutinará a todos los organismos y estructuras de los que ya dispone la Generalitat actualmente en materia de protección social, pensiones no contributivas, sanidad y Seguridad Social. De hecho, han explicado este martes los ponentes de JxSí y la CUP, es una ley que cabe perfectamente en el actual "ordenamiento autonómico" y que no invade competencias del Estado, sino que se limita a reordenar las que ya posee la Generalitat en dichas materias.

Una ley de "fuegos artificiales" y "abocada al fracaso"

El PSC y Ciutadans han arremetido este martes contra la proposición de ley de creación de la Agència Catalana de Protecció Social que han presentado Junts pel Sí y la CUP. Según la portavoz socialista en el Parlament, Eva Granados, la ha calificado de "fuegos artificiales" y ha dejado claro que "en ningún caso" su partido apoyará una propuesta que, a su juicio, se "deriva de la resolución del 9-N". Carlos Carrizosa, de Ciutadans, ha considerado que la ley está "abocada al fracaso" y "nace muerta" porque desarrolla la declaración suspendida por el Constitucional.

Ambas formaciones prevén una futura Seguridad Social catalana desvinculada e independiente de la del Estado y que quedaría estructurada a partir de la nueva agencia, pero en el texto no se desarrolla esta cuestión y se deja intencionadamente "abierta" para una posterior concreción. JxSí y la CUP, además, han desgranado en dos partes la primera de las tres leyes de "desconexión" y este martes han presentado únicamente la primera, que tiene como finalidad crear la estructura jurídica y aglutinar competencias ahora mismo distribuidas entre varios departamentos, especialmente el de Salud y el de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia.

SIN GASTO ADICIONAL

La nueva agencia se crea como un organismo autónomo dependiente de la Generalitat y no comporta un gasto económico adicional ni más personal, puesto que se nutrirá de los organismos ya existentes que, simplemente, quedan aglutinados en torno a ella.

JxSí y la CUP contemplan regular el modelo de la futura Seguridad Social catalana y el sistema de pensiones en la segunda parte de la ley, que la ponencia aún no ha empezado a redactar.

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El presidente de la agencia será designado por el Parlament, especifica el articulado, y el capítulo tres se dedica a la regulación del régimen jurídico y económico de la agencia, además de incluir principios bajo los cuales tendrá que actuar como son el de transparencia y rendición de cuentas.

Según el diputado de JxSí Chakir el Homrani, la ley crea "la estructura para gestionar todas las prestaciones sociales que hay en Catalunya y ser el embrión de la Seguridad Social catalana". La diputada de la CUP Mireia Vehí ha destacado, por su parte, que la ley es meramente autonómica y "no supone desobedecer el actual marco legal" por lo que, en teoría, no debería ser suspendida por el Tribunal Constitucional si no fuera porque este último "suspende casi todas las leyes que aprueba el Parlament".