Junts pel Sí desafía de nuevo al TC
El Parlament aprobará con toda probabilidad una moción de Junts pel Sí que plantea entre otras cuestiones un desacato a las decisiones del Tribunal Constitucional (TC) respecto a las leyes catalanas impugnadas por este organismo estatal, especialmente en políticas sociales. La moción ha sido transaccionada con la CUP en esta materia.
El texto incorpora un punto que afirma textualmente: "El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a que, aparte de las consideraciones del Tribunal Constitucional y mientras no sean aprobados los nuevos proyectso de ley, se hagan todos los pasos y acciones necesarias y despliegue legislativo para asegurar que los derechos sociales alcanzados por la ciudadanía de Catalunya mediante las citadas leyes recurridas puedan ser garantizados en cualquier caso. Dejando, así, sin efecto práctico la suspensión del Tribunal Constitucional".
TRANSACCIONES
La moción ha generado algunos pactos -transacciones- en algunos de los puntos del texto, por ejemplo con el grupo de Catalunya Sí que es Pot, si bien este grupo ha acusado a JxSí de "uso propagandístico" de la controversia con el TC.
El texto también denuncia la "instrumentalizaicón política" que hace el Gobierno del Estado del propio Constitucional poniendo en cuestión la soberanía del Parlament. Otro de los aspectos de la moción indica la necesidad de que el Govern lleve al Parlament de forma urgente los proyectos de ley que prmitan hacer aplicable la ley 24/2015 de medias urgentes en materia de vivenda y pobreza energética -suspendida parcialmente por el TC a instancias del Gobierno- y la ley 14/2015 sobre viviendas vacías, así como la referida al impuesto sobre las centarles nucleares y la de igualdad entre mujeres y hombres aprobada el pasado año. También se apela la ley de vivienda del 2007, en una enmienda de CSQP aceptada por Junts pel Sí.
El texto ha contado con la oposición del PSC -que ha acusado a Junts pel Sí de una actuación efectista-, Ciutadans -que ha recordado las numerosas actuaciones del Govern llevando también al Constitucional decisiones del Gobierno estatal- y del PPC.
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