La trama corrupta del 'caso Inipro' se extiende de Tarragona a Viladecans

La Guardia Civil ha practicado este miércoles cuatro detenciones y ha efectuado registros en los ayuntamientos de Tarragona, Viladecans y Palau-Solità i Plegamans, en relación con el 'caso Inipro', que investiga presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y alteración de precios de subastas cuando en estos tres consistorios gobernaba el PSC. Entre los arrestados se encuentran el primer teniente de alcalde de Viladecans, Joaquín Guerrero, el exjefe de gabinete del alcalde de Tarragona, Gustavo Cuadrado; Ricard Campàs, uno de los administradores de la empresa Inipro; y el también empresario Enrique Miró. Cuadrado ha quedado en libertad con cargos horas después. Entre los imputados por este caso también está el alcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.

Fuentes de la Guardia Civil han informado de que los registros (ocho en Barcelona y tres en Tarragona) se han realizado en los citados ayuntamientos, en sociedades mercantiles, despachos profesionales y domicilios particulares de los detenidos. El registo en el consistorio tarraconense tenía como objetivo intentar acceder al servidor del ordenador y obtener datos de Cuadrado. En Viladecans, los agentes han solicitado varios expedientes, entre ellos uno sobre la contratación de un servicio de juventud correspondiente al año 2009, según ha informado el propio ayuntamiento.

DENUNCIA DE LA CUP

La actuaciones de este miércoles se encuentran bajo secreto de sumario y están tuteladas por el juzgado de instrucción número 1 de Tarragona. La intervención forma parte de la llamada 'operación Anfiteatro', que se inició a finales del 2015 y que afecta al Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) del Ayuntamiento de Tarragona por la adjudicación de un contrato a la empresa Inipro, afín a los socialistas. Los hechos que se investigan se remontan a una denuncia presentada por la CUP de Tarragona en el 2013.

En calidad de policía judicial, la Guardia Civil ha llevado a cabo los registros y las detenciones de forma simultánea. El 9 de octubre del 2015 se produjo otro espectacular registro en las oficinas del IMSS del Ayuntamiento de Tarragona, donde la Guardia Civil buscó documentación durante más de ocho horas. Pocos días después, el 26 de octubre, Cuadrado presentó su dimisión como jefe de gabinete del alcalde Ballesteros.

En un auto judicial de mediados de enero, el juez instructor explicaba que el IMSS de Tarragona invitó en el 2010 a tres empresas (Inipro, Itinere y Gallets Asociados) a concursar en la adjudicación de servicios para la atención a inmigrantes. Curiosamente, las tres empresas están relacionadas entre sí, con lo que se habrían incurrido en las primeras irregularidades. "Inipro e Itinire presentaron dos proyectos tan iguales que incluso tenían las mismas faltas de ortografía", explicó Laia Estrada, actual portavoz municipal de la CUP y firmante de la denuncia presentada en el 2013.

BALLESTEROS, IMPUTADO

Ballesteros declaró ante el juez el pasado 26 de enero. El magistrado instructor considera que el alcalde de Tarragona autorizó pagos del IMSS a Inipro por un total de 214.000 euros a pesar de que había recibido hasta siete advertencias de irregularidades. En su declaración, el regidor defendió su inocencia y acusó a la CUP de promover contra él una "persecución política". A pesar de todo, la CUP ha insistido en sus denuncias y ha alertado en diferentes ocasiones de que el patrón del 'caso Inipro' se podría haber repetido en municipios como Cunit (Baix Penedès), Sant Boi y Viladecans (Baix Llobregat).

Estrada ha insistido en un comunicado en que "no estamos ante un caso aislado" de corrupción. "Inipro es un grupo empresarial que ha operado en municipios del área metropolitana de Barcelona y el 93% de sus contratos con la Administración local correspondían a ayuntamientos gobernados por el PSC", ha denunciado la portavoz del grupo municipal de la CUP.