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PIEZA SEPARADA DEL 'CASO MERCURI'

El Supremo da carpetazo a la causa por las dietas de la FMC a alcaldes catalanes

El alto tribunal establece que el archivo de la Audiencia de Barcelona de marzo del 2015 no es recurrible

J. G. Albalat

Manuel Bustos, ayer, en el Parlament.

Manuel Bustos, ayer, en el Parlament. / JOAN CORTADELLAS / EFE (TONI GARRIGA)

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupcíon contra el auto de la Audiencia de Barcelona de marzo de 2015 que decretó el sobreseimiento del proceso tramitado por un juzgado de Sabadell por supuesta malversación en el pago de dietas de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) a más de  40 alcaldes. El alto tribunal establece que el auto de archivo no era recurrible en casación, al no haber auto de imputación formal equivalente al de procesamiento del sumario ordinario.

Esta causa nació a raíz del 'caso Mercuri' sobre presunta corrupción en el Ayuntamiento de Sabadell, siendo el eje de las pesquisas el exalcalde de la ciudad, Manuel Bustos. La Fiscalía Anticorrupción puso en tela de juicio las dietas que cobraban 40 alcaldes de Catalunya por su pertenencia a los órganos de gobierno de la entidad, durante los años 2011 y 2012, y el juzgado abrió un procedimiento para esclarecer este asuntos.

FINANCIACIÓN PÚBLICA O PRIVADA

Cantidades diversas según el cargo, que, al ser fijas, eran prácticamente un sueldo, según la fiscalía, que esgrimió que el 94% de la financiación de la FMC es pública, proveniente de los ayuntamientos, diputaciones, consejos comarcales y subvenciones. Por tanto, al entender de la acusación, se estaba ante una presunta malversación de fondos públicos.

Sin embargo, los abogados defensores de los alcaldes, entre ellos el de Manuel Bustos, el letrado Cristobal Martell, llevaron el caso ante la Audiencia y argumentaron que la FMC es una entidad privada a las que se afilia quien quiere, y que el dinero que recibe, por tanto, pierde el carácter público. Es como una empresa privada que recibe subvenciones, aunque esté liderada por alcaldes. La Audiencia de Barcelona les dio la razón en el 2015, al considerar que la federación se trata de una entidad privada. El Tribunal Supremo ha dado ahora el carpetazo definitivo.

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