INVESTIGACIÓN JUDICIAL POR PRESUNTA DESOBECIENCIA

Homs comparece ante el tribunal por el 9-N arropado por diputados y 'consellers'

El magistrado deberá decidir si hay responsabilidad penal y remite el asunto al Supremo

La fiscalía considera que el diputado y entonces 'conseller' soslayó la prohibición del Constitucional

Francesc Homs acude a declarar ante el juez por el 9-N, arropado por los diputados de Junts pel Sí. / F. NADEU / VÍDEO: M. TUDELA

Francesc Homs acude a declarar ante el juez por el 9-N, arropado por los diputados de Junts pel Sí.
Francesc Homs, arropado por miembros de Junts pel Sí, a su llegada al TSJC para comparecer por el 9-N.

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J. G. Albalat
J. G. Albalat

Redactor

Especialista en Judiciales

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El diputado en el Congreso por Democràcia i Llibertat Francesc Homs ha declarado este lunes ante el juez del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Joan Manel Abril por el proceso participativo del 9 de noviembre del 20149 de noviembre del 2014 para responder sobre la "responsabilidad penal" en la que podría haber incurrido cuando era  'conseller' de Presidència, según le atribuye la fiscalía. La Associació Catalana de Municipis y las entidades soberanistas Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y la Associació de Munipis per la Independència (AMI) han convocado a las nueve de la mañana, media hora antes de que empezara el interrogatorio, una concentración de apoyo al político frente a la sede del alto tribunal catalán bajo el lema '9-N som tots'.

Más de 200 personas, entre altos cargos, diputados y 'consellers' de Junts Pel Sí, han esperado a las puertas del Palau de Justícia la entrada de Homs, que ha tenido lugar a las 9.15 horas. Con paraguas y banderas independentistas, personalidades como Carme ForcadellOriol JunquerasRaül RomevaJosep RullMeritxell Borràs, Santiago Vidal o Neus Munté han querido estar presentes a la llegada del diputado del Congreso. Vía Twitter, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, también ha querido expresar su "afecto y apoyo" a Homs. "Poner las urnas no es ningún delito", ha subrayado el jefe del Govern. 

Los fiscales del caso, Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled, pidieron a principios de febrero al magistrado que instruye la causa contra el expresidente Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la 'exconsellera' Irene RigauArtur MasJoana Ortega Irene Rigau por presunta desobediencia, que elevara una exposición razonada de inculpación al Tribunal Supremo por la condición de aforado de Homs.

Sin embargo, el juez Abril acordó dar la posibilidad al diputado de Democràcia i Llibertat de declarar voluntariamente en el TSJC, una prerrogativa prevista en la ley pero sin apenas precedentes en España, antes de decidir si remite o no la causa (entera o parcial) al Supremo. El diputado aceptó. La cita estaba prevista para el pasado viernes, pero a causa del debate de investidura de Pedro Sánchez, se aplazó hasta este lunes.

LA ACUSACIÓN

La fiscalía sostiene que 'exconseller' tuvo "un comportamiento consciente e intencionado" de "indudable trascendencia" encaminado a garantizar que los preparativos de la consulta alternativa continuaran su curso, "soslayando" la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional (TC). En su escrito, relata que al conocer la decisión del TC, la empresa T-Systems, que diseñó los programas informáticos para el desarrollo de la votación, requirió a la Generalitat que le informara de si debía o no continuar con dichas labores. Y desde el Gobierno catalán se le dijo que siguiera.

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Los fiscales desvelan la existencia de una carta del 6 de noviembre del 2014 en la que el entonces 'conseller' de Presidència responde a una consulta de Felip Puig, entonces titular de Empresa i Ocupació y presidente del consejo de administración del Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Generalitat (CTTI). Según relata Homs, los servicios encargados a T-Systems "no están explícitamente afectados" por la decisión del TC.

En opinión de la fiscalía, en esa carta el entonces 'conseller' no solo legitima la continuación de los servicios, sino que contiene "la implícita advertencia" de las consecuencias de un eventual incumplimiento del contrato, pues pone a disposición del CTTI los servicios jurídicos de la Generalitat. La acusación pública destaca que, "en apoyo a sus informaciones", Homs alega que ha hecho consultas a los servicios jurídicos de la Generalitat y otros expertos juristas. La fiscalía ha solicitado, por ahora sin éxito, esos informes externos.