RECTA FINAL HACIA LA INVESTIDURA

Pacto PSOE-Ciudadanos: texto íntegro del acuerdo

Pedro Sánchez y Albert Rivera, en la firma del acuerdo en el Congreso.

Pedro Sánchez y Albert Rivera, en la firma del acuerdo en el Congreso. / JUAN MANUEL PRATS

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EL PERIÓDICO / BARCELONA

Este es el texto íntegro del acuerdo de Gobierno firmado por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, con su homólogo de Ciudadanos, Albert Rivera:

ACUERDO PARA UN GOBIERNO REFORMISTA Y DE PROGRESO

ÍNDICE

Introducción

I. Impulsar un nuevo modelo de crecimiento inclusivo, medioambientalmente sostenible y fundamentado en la productividad, la estabilidad presupuestaria y un sistema fiscal justo y suficiente.

1. Innovación, empresas y autónomos.

2. Mercados e instituciones inclusivas para la igualdad de oportunidades.

3. Transición energética y lucha contra el cambio climático.

4. Finanzas públicas.

II. Un plan por un empleo estable y de calidad.

1. Medidas para recuperar el equilibrio en las relaciones laborales reformando la negociación colectiva.

2. Medidas para mejorar la calidad del empleo y combatir la inestabilidad y la precariedad laboral.

3. Negociar un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

4. Plan de choque por el empleo y la inserción laboral.

III. Alcanzar un Pacto Social y Político por la Educación, la Ciencia y la Cultura como uno de los ejes fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades.

1. El Pacto por la Educación.

2. El Pacto por la Ciencia.

3. La Cultura como eje vertebrador del país.

IV. Reducir las desigualdades sociales, combatiendo la pobreza y fortaleciendo los sistemas de protección social del Estado del Bienestar.

1. Plan de emergencia social.

2. Reconstruir y modernizar el Estado del Bienestar.

3. Medidas por la igualdad entre hombres y mujeres.

V. Impulsar reformas del sistema democrático para reforzar los derechos y libertades, asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y el compromiso contra la violencia de género, mejorar la calidad de las instituciones y luchar contra la corrupción.

1. Derechos y libertades.

2. Pacto social, político e institucional contra la violencia de género.

3. Reforma de los partidos políticos: más democracia interna y más transparencia.

4. Reforma de las Cortes Generales.

5. Procedimiento para el nombramiento de cargos de designación parlamentaria.

6. Reforma del sistema electoral.

7. Reforma del Gobierno y de la Administración General del Estado.

8. Lucha contra la corrupción.

9. Reforma de la Justicia.

10. Participación institucional.

11. Reforma del sistema de financiación autonómica.

12. Reforma de las instituciones locales.

VI. Potenciar el papel activo de España como miembro de la Unión Europea y de la Eurozona, nuestra política exterior y nuestra cooperación al desarrollo, con especial atención a África y Latinoamérica.

1. Unión Europea.

2. Política Exterior.

3. Política de Defensa y Seguridad.

4. Lucha contra el terrorismo Internacional.

VII. Reformar la Constitución para asegurar eficazmente los derechos sociales y completar el funcionamiento federal de la organización territorial de nuestro Estado.

ACUERDO PARA UN GOBIERNO REFORMISTA Y DE PROGRESO

El pasado 20 de diciembre, los españoles y españolas, con su voto, nos adentraron en una nueva vía política. Sus preferencias sobre quién debe dirigir su Gobierno, sobre lo que le exigen y sobre cómo quieren que éste y el resto de las instituciones actúen, habrán de marcar una nueva etapa.

España ha expresado un profundo deseo de cambio. El mayor pluralismo de las Cámaras y la falta de mayoría clara de un solo partido, hacen que la posibilidad de formar Gobierno dependa de acuerdos entre fuerzas políticas diferentes.

Esta evidencia es tan fuerte que hoy, en España, cambio político es sinónimo de diálogo, de pacto, de acuerdo.

En ese esfuerzo se han volcado el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos. Se trata de alcanzar un Acuerdo de Gobierno transversal que regenere nuestras instituciones y nuestro modelo económico a partir del consenso, la moderación y la responsabilidad.

Nuestro proyecto busca aunar a una mayoría de españoles sobre cinco ambiciones que deben estar en el corazón de cualquier programa reformista para España: la educación, la lucha contra la desigualdad y la pobreza, el empleo, la unión y la regeneración política.

Consideramos una obligación de todos los partidos el buscar puntos de encuentro y espacios de consenso para que, primando lo que nos une, podamos avanzar cuanto antes en la modernización de nuestro país.

Debemos ofrecer respuestas inmediatas a las enormes injusticias sociales que la herencia de la crisis nos ha dejado: el paro, la desigualdad, la precariedad y la pobreza.

Debemos volver a generar empleo de calidad sobre la base de un nuevo modelo de crecimiento cimentado en el conocimiento, la formación, el esfuerzo y el mérito.

Debemos apostar de verdad por la educación como fundamento de nuestro futuro y como herramienta principal en la lucha contra las desigualdades.

Debemos regenerar nuestra democracia, acabar con los privilegios y los abusos, luchar contra la corrupción y recuperar la independencia de nuestras instituciones.

Debemos mantener la solidaridad, la igualdad y la unión de todos los españoles dentro de la Unión Europea. Debemos reformar España entre todos, para fortalecerla y no fracturarla.

Para alcanzar estos objetivos no hay atajos ni fórmulas mágicas. Existen sociedades que han demostrado ser capaces de combinar economía de mercado y Estado Social, igualdad de oportunidades y seguridad para sus ciudadanos. España merece ser una de ellas.

Ha llegado la hora de poner a nuestro país por delante de los intereses de los partidos. Los españoles esperan respuestas. Nosotros, con este Acuerdo, queremos proporcionárselas y llamamos a todos a participar en él.

I. IMPULSAR UN NUEVO MODELO DE CRECIMIENTO INCLUSIVO, MEDIOAMBIENTALMENTE SOSTENIBLE Y FUNDAMENTADO EN LA PRODUCTIVIDAD, LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y UN SISTEMA FISCAL JUSTO Y SUFICIENTE

La consolidación de una recuperación económica vigorosa, sostenible y más inclusiva, que beneficie a una mayoría de la población, requiere: (i) un cambio en el modelo de crecimiento más basado en la innovación y la mejora de la productividad, (ii) una transición energética que combata firmemente el cambio climático y (iii) fortalecimiento de la estabilidad presupuestaria mediante una reforma fiscal progresiva que amplíe las bases y un análisis de eficiencia del gasto público.

1. INNOVACIÓN, EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

Innovación tecnológica

-Reforma del Estatuto del CDTI, que se transforma en la Agencia Estatal de Innovación, otorgándole más autonomía y mayores recursos.

-Incrementar significativamente, la inversión pública en I+D+i y facilitar la transferencia tecnológica de la universidad a la empresa.

-Eliminación de las trabas a los emprendedores y a la creación de empresas con el objetivo de estar en el top 10 del ranking Doing Business a final de legislatura. Implementar un plan integral de racionalización administrativa para simplificar y eliminar leyes y normas, locales, autonómicas y estatales que pongan trabas a los emprendedores y a la creación de empresas. Reducir trabas administrativas para crear un negocio.

-Red de Transferencia Tecnológica. Crear una red de institutos tecnológicos donde se lleve a cabo investigación aplicada y los investigadores resuelvan problemas tecnológicos que les plantean empresas (a través de contratos de investigación). La red propuesta es similar a la red alemana Fraunhofer que cada año ayuda a unas 8.000 empresas a mejorar sus procesos productivos con el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías.

-Mejorar la financiación pública a través de la creación de fondos de inversión público-privados de match-funding, especialmente para sectores estratégicos que coinvierta con capital especializado, mejorando los programas existentes (Fondos Invierte, ICO, CDTI, COFIDES, etc.) enfocado en sectores de alta tecnología y centrando los recursos especialmente en las etapas iniciales.

-Estimular la financiación privada reformando el sistema de deducciones fiscales por I+D+i y equiparar los incentivos fiscales al capital riesgo a los que tienen las empresas con beneficios.

-Crear una agencia de apoyo a las PYMEs (tomando como modelo el Small Business Services británico, o el banco único para PYMES de Luxemburgo) que concentre en un único interlocutor las funciones clave de apoyo en áreas críticas para el dinamismo de las PYMEs (p.ej. creación de empresas, gestión de cobros fiscales, financiación, etc.) y facilite su internacionalización.

-Dedicar el 3% de todas las nuevas inversiones públicas a Compra Pública Innovadora primando criterios de sostenibilidad ambiental.

Extensión de la digitalización por todo el país

-Nuevo Plan de Transformación Digital 2016-2019 de España, que permita extender la banda ancha de alta velocidad a todos los hogares españoles y al grueso de las PYMES y administraciones públicas. Se pondrá especial énfasis en reducir la brecha digital social y territorial.

Medidas para aumentar el tamaño empresarial

-Elevación de umbrales en el plano impositivo y contable para incentivar el incremento de tamaño empresarial. En concreto:

Elevar el umbral de facturación en los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades y en la liquidación del IVA de 6 a 20 millones de euros, cantidad a partir de la cual se producirá la integración en la Unidad de Grandes Contribuyentes.

Establecer un nuevo tipo de "auditoría abreviada" para empresas que cumplan al menos dos de los siguientes requisitos: cifra negocios entre 5,7 y 8 millones de euros; activos entre 2,85 y 4 millones de euros; y número de trabajadores igual o menor a 50. De esta forma la auditoría abreviada se equipararía con los umbrales de presentación de cuentas abreviadas.

-Combate contra la morosidad empresarial. Aprobar la implantación de un régimen sancionador en materia de morosidad a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa y exigir a los grandes contratistas en las licitaciones públicas certificación auditada del cumplimiento de los plazos legales de pago a las empresas que subcontratan.

-Unidad de Mercado: Reforma de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado para incorporar un procedimiento de colaboración entre diferentes administraciones basado en la lealtad institucional. Se buscará la coordinación de la legislación sobre horarios comerciales con las CCAA y Ayuntamientos, siempre dentro del estricto cumplimiento de la legislación laboral y; se avanzará decididamente en la armonización de las licencias y permisos dentro del país, a través del reconocimiento mutuo entre Comunidades Autónomas haciendo así efectiva la armonización de mercado.

-Impulso al ICO para transformarlo en un verdadero banco público de inversiones:

Impulsar el crédito directo del ICO a empresas, en particular en segmentos estratégicos como las start-ups, PYMES, proyectos de internacionalización, etc. El ICO compartirá riesgos con la banca privada y para ello reforzará ampliamente el departamento de Análisis de Riesgos.

Desarrollo de nuevos instrumentos, como línea de avales y garantías, e inversiones en modalidad primera pérdida (first-loss). Se abrirá una línea especial de avales y garantías especializadas en proyectos de licitaciones públicas en terceros países para consorcios de empresas españolas.

Mayor coordinación con COFIDES y ENISA con el objetivo de unificar los criterios de inversión.

Reforzar la profesionalización e independencia del gobierno corporativo del ICO, ampliando la representatividad del Consejo de Administración e incorporando consejeros independientes profesionalmente reconocidos en el ámbito financiero.

-Estrategia para implementación del Plan Juncker: aprobar un Plan de coordinación, dinamización e información sobre las posibilidades que ofrece el Plan Juncker para la inversión. Nominar un responsable de alto nivel a cargo de su implementación en España, encargado de la aceleración, la coordinación (con el BEI, el ICO y las CCAA y EELL) y el seguimiento de los proyectos que se presenten.

-Revisión y refuerzo del sistema de garantías recíprocas, con el objetivo de que juegue un papel más relevante de catalizador de la financiación privada. Se incentivará el aumento de tamaño de las Sociedades de Garantía Recíproca con fusiones o consolidaciones para crear un mercado a nivel nacional. Al tiempo, se reforzarán las contra-garantías públicas aumentando los recursos de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA).

-Impulso del Crowdfunding, modificando la Ley de Financiación Empresarial en dos aspectos: (i) incorporar medidas de transparencia que ayuden a limitar los riesgos para los inversores y (ii) aumentar los límites de inversión.

-Elaboración de una Estrategia Estatal para Emprendedores Tecnológicos, que se instrumentalizará mediante la reforma de la Ley de Emprendedores en aspectos como: tributación de las stock-options, incentivos para los business-angels, reforma de la sociedad de emprendedor de responsabilidad limitada.

-Creación del Observatorio de la Productividad y Competitividad, siguiendo las recomendaciones contenidas en el informe de la UE sobre la reforma de la Unión Económica y Monetaria. Dicho Observatorio se integrará en la red de Agencias Nacionales de Competitividad.

Medidas para apoyar a los autónomos y emprendedores

1. Cotizaciones sociales

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) requiere una reforma en profundidad para, entre otras cosas, avanzar hacia un sistema más justo y equilibrado, en el que las cotizaciones de los autónomos se acerquen a la realidad de los ingresos.

El nuevo gobierno constituirá de forma inmediata un Grupo de Trabajo de expertos que, en el marco de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, presentará una propuesta efectiva de reforma que pueda ser incorporada en los presupuestos de 2017, con los siguientes objetivos:

-Establecer un nuevo sistema de cotización en función de los ingresos reales del autónomo.

-Encontrar fórmulas de cotización para el trabajo autónomo a tiempo parcial, así como el de “vocación de no habitualidad” o complementariedad económica, fenómeno que se extiende con la nueva realidad de la economía colaborativa.

-Realizar una nueva reforma del sistema de módulos, haciendo que este se encuentre menos vinculado al tipo o sector de actividad y más a los niveles máximos de ingresos y ventas.

De manera inmediata y hasta que entre en vigor la reforma del Régimen especial de trabajadores autónomos, se introducirá una cotización reducida de 45 euros, que se aplicará a todos los autónomos cuyos ingresos reales no superen el SMI.

2. Medidas administrativas

-Permitir que en las altas y bajas a la Seguridad Social que no se realicen el primer día de mes, el importe de la cotización social se hará únicamente por los días efectivos de trabajo del mes correspondiente.

-Mayor periodicidad en el cambio de bases de cotización. Poder cambiar de base de cotización al menos en cuatro ocasiones dentro el periodo anual, y así acomodar la cotización a una realidad de ingresos que cada vez es más variable.

-Plazo del pago de cotizaciones. Eliminar la obligatoriedad mensual, pasando a trimestral, para dar respuesta a las actividades temporales o discontinuas.

-Reducir la penalización en el retraso de los pagos. Reducir el 20% de recargo por retrasos de veinticuatro horas, haciendo este extensible al menos a cinco días desde el final del plazo.

-Flexibilizar el acceso a la tarifa plana para aquellos autónomos que hayan tenido que abandonar la actividad por causas justificadas y que soliciten de nuevo la tarifa reducida al comenzar una nueva actividad.

-Declaración del IVA con carácter anual en el primer año de actividad y posibilidad de solicitarlo para el segundo año, previa consulta con las autoridades europeas.

-Eliminar las retenciones por IRPF a los nuevos profesionales hasta que no se llegue a un rendimiento neto de al menos 12.000 euros anuales en los dos primeros años de actividad.

-Extender los mecanismos de mediación extrajudicial en las controversias de carácter mercantil o comercial.

-Estudiar mecanismos de compensación de las deudas de los autónomos con Hacienda y la Seguridad, con aquellos créditos que los mismos tengan contra una administración pública.

3. Reforma de la Ley de Segunda Oportunidad

Reformar la Ley de Segunda Oportunidad para facilitar el acceso a la misma a emprendedores y microempresarios:

-Eliminar el periodo de 5 años en el que las deudas exoneradas pueden volver a ser reclamadas;

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-Incorporar las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social al mecanismo de segunda oportunidad, con un tratamiento similar al que gozan las entidades mercantiles en los concursos;

-Reducir los requisitos o condicionantes para poder acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho de la persona natural;

-Inembargabilidad de la vivienda habitual en caso de familias con dificultades.

2. MERCADOS E INSTITUCIONES INCLUSIVAS PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Contra el capitalismo de amiguetes: buena regulación y fomento de la competencia

-Revisar la regulación de sectores donde haya una gran concentración empresarial -sectores estratégicos, como el energético, telecomunicaciones o las infraestructuras- para favorecer la entrada de nuevos competidores, dotando de transparencia a las regulaciones.

-Reforma de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, dotándola de mayor independencia funcional y recursos, y en su caso acercándola al modelo alemán. La CNMC dispondrá de la autoridad necesaria de competencia, plenas capacidades normativas para los reguladores, independencia de recursos financieros y suficiente personal cualificado.

-Avanzar en la liberalización del acceso y ejercicio a los servicios profesionales, revisando todas las barreras de entrada y eliminando todas aquellas que no sean estrictamente justificadas. Los servicios no económicos de interés general quedan excluidos.

-Reorganizar la estructura institucional de la supervisión financiera, adoptando el modelo de dos pilares (twin peaks), uno para solvencia y otro para conductas, vigente ya en la mayor parte de los países de nuestro entorno. En concreto se plantea:

La creación de una Autoridad de control macroprudencial en el Banco de España, mediante la integración en su área de supervisión bancaria de la vigilancia de la solvencia de las compañías de seguros (actualmente en la DGS del Ministerio de Economía y Competitividad, contraviniendo el requisito de independencia aceptado en todo el mundo) y de las Empresas de Servicios de Inversión (actualmente supervisadas por la CNMV).

La creación de la Autoridad de Protección al Consumidor e Inversor Financiero que, a partir de la CNMV, unifique y refuerce los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros (banca, valores, seguros) para recuperar la confianza de los ahorradores en los productos financieros. Además, la nueva Autoridad se ocuparía de la supervisión de compañías de auditoría (siguiendo el modelo dominante en la UE) que actualmente desempeña el ICAC. Esta Autoridad mantendría un régimen de independencia similar a la CNMV actual y estaría financiada íntegramente por tasas de la industria, fijadas por Ley.

Medidas de promoción de la economía social

-Transposición de la Directiva de la Unión Europea sobre contratación pública que permite la reserva de contratos públicos a empresas sociales y de propiedad de trabajadores.

-Establecer un tratamiento fiscal favorable para las empresas de economía social. Se apoyará a las Sociedades Laborales que destinen excedentes empresariales para que sus trabajadores pasen a formar parte de las mismas con la condición de socios trabajadores.

-Reforma de la Ley de Cooperativas para hacer más operativo su funcionamiento económico y social. Se reformará la Ley de régimen fiscal de las Cooperativas de 1990, actualmente desfasada por las distintas reformas fiscales, para recuperar la eficacia tributaria en el fomento de este tipo de empresas.

-Reforma de la Ley de Mecenazgo para mejorar los incentivos fiscales al mecenazgo, la filantropía y la participación social (micro mecenazgo); así como para regular la figura del ¿endowment¿, o fondo fiduciario que se nutre de aportaciones de personas físicas o jurídicas para una finalidad social específica.

-Creación de un Protectorado único de ámbito estatal para las fundaciones que, junto al Registro único, sea un referente profesional y de calidad y que contribuya a mejorar la gestión y la transparencia de estas entidades.

-Regulación de la economía colaborativa: Se constituirá una Ponencia parlamentaria, que consultará con expertos, empresas e instituciones que representan la economía colaborativa para identificar los obstáculos para su desarrollo en nuestro país, con especial incidencia en los ámbitos laboral y fiscal.

Medidas de defensa de los consumidores

-Reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para convertirla en un nuevo Código de Consumo que incluya instrumentos adecuados para la protección de los consumidores de modo integral, que describa todos sus derechos y precise los mecanismos para su protección efectiva.

-Integración en la CNMC de las competencias en materia de consumo tal y como ocurre en la mayoría de países de la UE. De esta forma se unificarían en una misma agencia independiente de ámbito nacional las competencias en materia de defensa de la competencia y de protección de los consumidores, al menos en lo que respecta al ámbito de la competencia desleal y sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas en materia de consumo.

-Fomentar la reparabilidad de los productos y combatir la obsolescencia programada.

-Adoptar medidas para reducir el desperdicio de productos comestibles

-Revisar la normativa de cláusulas, préstamos abusivos y malas prácticas bancarias, incluida la eliminación completa de las cláusulas suelo.

-Reforzar la regulación de los préstamos no bancarios, entre particulares, para evitar los intereses usureros y abusivos, así como situaciones de fraude y estafa.

-Refuerzo de los mecanismos del ejercicio de acciones colectivas de consumidores y usuarios para la reparación de sus derechos, creando un sistema de reclamaciones efectivo y eficaz, con un ámbito de aplicación amplio, frente a infracciones o abusos de las empresas. Al mismo tiempo, se impulsará la puesta en marcha de un Plan Nacional de Apoyo al Sistema Arbitral de consumo que potencie y fomente entre consumidores y empresas el recurso al arbitraje de consumo como vía de resolución de reclamaciones.

Medidas para reforzar el gobierno corporativo

-Incorporar en la legislación correspondiente un nuevo modelo de gobernanza empresarial para las grandes empresas que: (i) refuerce el papel de la Junta de Accionistas ante decisiones relevantes de la empresa; (ii) separe las funciones de dirección estratégica (Consejo de Administración) de las de la gestión diaria; y (iii) refuerce los mecanismos de control y supervisión sobre los gestores, otorgando mayor poder y relevancia a las comisiones delegadas del Consejo, por ejemplo los comités de auditoría y remuneraciones, que deberán ser presididos por consejeros realmente independientes.

-Incorporar a la legislación actual fórmulas de representación de los trabajadores que fomenten el buen gobierno, especialmente en las grandes empresas.

-Regular adecuadamente el comportamiento de los llamados Asesores de Voto o Proxy Advisors, especialmente en lo referente a independencia, rendición de cuentas, transparencia y conflicto de intereses, entre otros.

-Revisar y hacer transparentes las cada vez más complejas estructuras de remuneración de los altos directivos y consejeros, de forma que tengan que ser aprobadas como punto independiente del orden del día, en votaciones individuales y con participación de los accionistas minoritarios. Obligar a las empresas a publicar indicadores de dispersión salarial en las cuentas anuales.

Mejoras en el funcionamiento de las administraciones públicas

Reforma de la Ley de contratos del sector público y sus disposiciones de desarrollo con el fin de:

-Endurecer los requisitos para garantizar la máxima concurrencia y transparencia a través del establecimiento de pactos de integridad de los licitantes, limitaciones estrictas al fraccionamiento de contratos y a las revisiones de costes.

-Incluir cláusulas equivalentes al Small Business Act de EEUU para reservar una parte del gasto de las Administraciones Públicas a las PYMES, incluidas las de nueva creación, con énfasis especial en la innovación y las actividades de reducción de la huella ecológica. En el diseño de estas cláusulas se incorporarán mecanismos para incentivar el crecimiento.

-Revisar los procedimientos de concesiones de obras públicas y de colaboración público-privada, particularmente en el ámbito de las infraestructuras, que incluya mejoras en los procedimientos de las licitaciones, en las obligaciones contractuales y en la distribución de los riesgos entre las partes, todo ello siguiendo las mejores prácticas internacionales.

3. TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

El objetivo último es alcanzar un sistema energético eficiente y sostenible que siente las bases para un sector eléctrico basado en las energías renovables en 2050 y una reducción de emisiones de CO₂ compatible con los compromisos de París.

-Promover un gran Pacto de Estado de la Energía para dotar a la política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición energética.

-Aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establezca objetivos de reducción de emisiones y su actualización, impulse el mejor conocimiento y la disponibilidad de escenarios climáticos y de trayectorias para el desarrollo sostenible, así como la sistemática toma en consideración de los elementos de riesgo climático en cualquier actuación pública y de transparencia y rendición de cuentas en empresas cotizadas, incluyendo:

La creación de una Comisión para la Transición Energética, que desarrolle escenarios progresivos de reducción de emisiones de CO₂ a 2020/2030 y 2050 que permitan identificar los retos y oportunidades del cambio de modelo, y elabore una memoria anual sobre reducción de emisiones de CO₂ del país, que se remitiría anualmente al Parlamento.

Obligaciones de transparencia sobre riesgos de carbono y de impacto climático en empresas cotizadas.

Modificación de la Ley de Contratación Pública, incluyendo nuevos requisitos ambientales y climáticos a todos los proveedores y contratistas.

Escenarios de largo plazo para Zero emisiones e informe anual sobre evolución.

Generación de mapas de riesgos e incorporación en análisis de impacto y en planificación sectorial en ámbitos tales como la territorial, urbana, hidráulica, energética y de infraestructuras.

-Apoyar la creación de una interconexión eléctrica con Europa a través de Francia para hacer posible la exportación de excedentes de energía que en estos momentos existen.

-Impulsar el ferrocarril de mercancías, como paso esencial hacia la descarbonización de la economía española.

-Establecer una moratoria durante esta legislatura para las prospecciones con fractura hidráulica (fracking) y restringir las autorizaciones de nuevas exploraciones de gas e hidrocarburos.

-Cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir los 40 años de vida útil.

-Reformar el Real Decreto 900/2015, que regula las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, incluido el denominado "impuesto al sol", y aprobar en su lugar un marco regulatorio estable para el autoconsumo eléctrico y la generación a pequeña escala, en la modalidad de balance neto.

-Acometer una reforma del mercado eléctrico, incluida una auditoría sobre los costes regulados integrados en la tarifa eléctrica, así como del mercado gasístico, facilitando su progresiva adecuación al nuevo modelo energético disminuyendo los costes de la transición.

-Avanzar en la autonomía energética garantizando la seguridad de suministro que incluya la solución al consumo del carbón nacional contemplada en el Marco de Actuación acordado con las agentes sociales y la Unión Europea para el periodo 2013-2018 que incluye el fomento de tecnologías de combustión limpia.

-Creación de un fondo verde para la transición energética, alimentado con parte de la nueva fiscalidad medioambiental, dedicado a impulsar la eficiencia, la movilidad sostenible y el apoyo a una transición justa.

Medio ambiente urbano: Ciudades resilientes y Zero emisiones

-Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios, y Regeneración Urbana, que tiene como objetivo pasar de las 23.000 viviendas/año rehabilitadas actualmente a 200.000 viviendas/año en 2025, generando unos 200.000 empleos nuevos en el sector. En el ámbito de los edificios públicos se fijará como objetivo la rehabilitación energética con carácter anual del 3% de la superficie de los edificios de la Administración General –edificios de servicios administrativos– y, a su vez, trasladarlo al resto de administraciones.

-Desarrollar plenamente el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes (Smart cities), mediante la creación de un consejo asesor de ciudades inteligentes.

Política forestal y usos del suelo

-Recuperar la prohibición absoluta de cambio de uso de suelo en zonas forestales incendiadas.

-Impulsar un estatuto básico para agentes y bomberos forestales.

Biodiversidad y cadenas de valor

-Recuperación y desarrollo de la Ley de Patrimonio Natural y Protección de la Biodiversidad de 2007, derogando las limitaciones y excepciones impuestas por la Ley de 2015.

Una gestión sostenible y eficiente del agua

El nuevo gobierno recuperará la consideración del agua como un derecho así como un bien ambiental y de la correcta integración de este principio en la planificación hidrológica, para ello:

-Hacer efectiva la garantía del derecho a un agua de buena calidad (con un mínimo vital) así como el saneamiento antes de su devolución a los cauces naturales respetando la calidad ambiental. Asimismo, se buscarán mecanismos para facilitar la utilización de agua desalada a precios asequibles.

-Otorgar especial prioridad a los territorios afectados por la sequía y las medidas previstas en los decretos para paliar los daños que éstas producen, así como las proyecciones hídricas y climáticas que, necesariamente, han de ser tomadas en consideración en los ciclos de planificación. En este contexto, se hará un uso eficiente de las desaladoras y demás infraestructuras existentes, se impulsará la inversión en eficiencia y las medidas prioritarias y urgentes que faciliten una gestión eficaz y satisfactoria de los recursos hídricos.

-Aprobar un Plan de Restauración de ríos y humedales.

-Aprobar un Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización del Agua.

Costas y espacios marinos

-Recuperar los plazos de protección del dominio público marítimo terrestre de la Ley de Costas de 1987.

-Prohibición total de cualquier intervención nueva salvo para su protección.

-Plan de usos de espacios marinos, primando su valor ambiental y velando por la plena compatibilidad de los autorizados. Desarrollo de la Ley de protección del medio marino.

-Estrategia de adaptación de la costa al cambio climático.

Economía circular

-Impulsar el objetivo de Vertido cero.

-Impulsar el ecodiseño, la utilización de materiales recuperados y el impulso de la trazabilidad de todo tipo de productos.

-Fomentar la concienciación y sensibilización de la ciudadanía. Incentivar la cooperación y compartir experiencias de éxito con otras ciudades y establecimiento de procedimientos que faciliten el acceso a la información en materia de gestión de residuos.

4. FINANZAS PÚBLICAS

España tiene un problema de déficit de las administraciones públicas. En 2015, el déficit fue uno de los más elevados de toda la Unión Europea, muy lejos del objetivo acordado con Bruselas. Además, el nivel de endeudamiento público se ha disparado en la pasada legislatura hasta alcanzar el 100% del PIB.

El nuevo gobierno se muestra comprometido de forma inequívoca con la estabilidad presupuestaria. Pero la consolidación de las cuentas públicas no se puede hacer a costa de reducir aún más nuestros niveles de bienestar, por lo que no se llevará a cabo ningún recorte de gasto social. Tras años de austeridad que han deteriorado los servicios públicos fundamentales, se compromete a blindar los derechos sociales en la Constitución, elevándolos a derechos fundamentales y garantizando una financiación pública suficiente.

La recaudación fiscal en nuestro país es una de las más bajas de la Unión Europea y está muy concentrada sobre pocos contribuyentes y bases imponibles estrechas. Como consecuencia, el sostenimiento del estado del bienestar recae en buena medida sobre las rentas del trabajo, fundamentalmente medias y bajas. Por todo ello, el nuevo gobierno propondrá reformas del sistema impositivo que eleven la recaudación sin subir los impuestos a la clase media trabajadora, desplazando parte del peso de la carga tributaria hacia la riqueza y el uso de recursos naturales finitos. La mejora en los ingresos se logrará también ensanchando las bases imponibles, mejorando la eficiencia recaudatoria, simplificando el sistema y combatiendo decididamente al fraude y la evasión fiscal.

Se configurará así una fiscalidad más justa, en la que la contribución de cada ciudadanos se realice de acuerdo a su capacidad de pago, tal y como establece la Constitución. Al tiempo, las reformas fiscales promoverán la transición hacia un nuevo modelo económico, incentivando la inversión productiva, el emprendimiento y la innovación, frente a otro tipo de actividades, que deben ser desincentivadas como la especulación, la contaminación o aquellas que contribuyen al cambio climático.

Junto a reformas en el ámbito tributario, la consolidación fiscal debe ir acompañada de medidas por el lado del gasto público que permitan mejorar la eficiencia y la reducción de duplicidades, burocracia y gasto superfluo.

En base a estos principios y objetivos, el nuevo gobierno se compromete a:

Estabilidad presupuestaria y compromisos con la UE

-Mantener un firme compromiso con la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE.

-Cumplir los nuevos objetivos de déficit que se negocien con las autoridades europeas, situando el déficit por debajo del 3% en 2017, hasta lograr unas finanzas públicas saneadas al final de la legislatura.

-La senda concreta de reducción del déficit público se acordará con las autoridades europeas en base a la situación real de las finanzas públicas heredadas del actual gobierno. Será necesario conocer la liquidación final del déficit de 2015, que presumiblemente presentará una importante desviación, especialmente las cuentas de la Seguridad Social y las CCAA.

Gasto publico

-Mejorar la eficiencia en el gasto público a través de la eliminación de duplicidades administrativas. Se llevará a cabo una revisión integral e independiente del gasto (spending review), siguiendo las mejores prácticas internacionales, para mejorar su eficiencia, limitar las inercias e identificar gasto superfluo.

-Potenciar la evaluación de los programas de gasto público, para lo que se reforzará la independencia y recursos de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas (AEVAL).

-Asegurar la total independencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), que dejará de depender, a efectos organizativos, del Ministerio de Hacienda y estará dotada de un presupuesto propio y estable.

Ingresos Públicos

-Reforma integral del sistema tributario. El nuevo gobierno nombrará una Comisión de Expertos, que estudie y presente una propuesta concreta sobre cómo mejorar la progresividad y eficiencia del sistema tributario y, en particular, de la tributación de la riqueza. Las conclusiones de dicha Comisión deberán estar listas para su incorporación en los presupuestos de 2017.

-Reformar en profundidad el Impuesto de sociedades con un doble objetivo de acercar los tipos efectivos a los tipos nominales, y de aproximar la recaudación por este tributo en España a la media de la zona euro.

-Reformar el IRPF con el objetivo de reducir la tributación de las rentas del trabajo cuando la situación presupuestaria lo permita y, mientras tanto, no subirles los tipos.

-Estudiar la creación de un impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas para ayudar a conseguir el equilibrio presupuestario.

-Crear una Oficina Nacional de control fiscal de grandes fortunas en la Agencia Tributaria.

-Armonizar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de Patrimonio, estableciendo unas horquillas de bases y tipos mínimos y máximos para todo el territorio del estado. De esta forma se terminará con la competencia en ambos impuestos por parte de las CCAA que provoca, en la práctica, su vaciamiento, sin penalizar a la clase media, que quedará exenta de ambos gravámenes.

-Reducir el IVA cultural al 10%, promover el mantenimiento del IVA del libro en el 4%, e impulsar en el seno de la UE su equiparación para el libro electrónico.

-Revisar la configuración de los impuestos especiales para hacer de los mismos unos auténticos impuestos medioambientales. Eliminar el Impuesto especial sobre determinados medios de transporte (impuesto de matriculación) y sustituirlo por un impuesto a las emisiones de CO2 y de dióxido de nitrógeno, en línea con los principales países europeos.

-Combatir decididamente el fraude, la evasión fiscal y la economía sumergida. Se aprobarán, entre otras, las siguientes medidas:

Aprobar un nuevo Estatuto de la Agencia Tributaria que refuerce su autonomía y profesionalidad, evitando las injerencias políticas. Se aumentarán los medios materiales y humanos de la AEAT.

Reformar la figura del delito fiscal, para hacerla más efectiva, endureciendo las penas y alargando los periodos de prescripción.

Eliminar el régimen de ETVE y revisar la lista de paraísos fiscales, volviendo a incluir en la misma a aquellos Estados que no cooperan de forma efectiva con la Administración Tributaria Española.

Revisar el régimen de estimación objetiva con el objetivo de minimizar el fraude fiscal que se pudiera producir a través de tal instrumento tributario.

Exigir a las entidades financieras que informen sobre las operaciones de sus clientes en sus filiales en paraísos fiscales, en las mismas condiciones que dan información de los demás clientes.

Devolver a la Agencia Tributaria el control fiscal de las SICAV, y reforzar su control para evitar el fraude en las mismas.

Reforzar el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), y endurecer las multas a los bancos que cooperen en el blanqueo o en el fraude de sus clientes.

Liderar de forma activa en la UE, OCDE y cualquier ámbito internacional, una agenda ambiciosa de transparencia y armonización de la fiscalidad europea e internacional, y de lucha contra la evasión fiscal, la elusión y los paraísos fiscales.

Exigir los 2.800 millones de euros que el anterior Gobierno perdonó ilegalmente a los defraudadores de la amnistía fiscal (al cobrarles el 3% en lugar del 10%) y remitir a los Tribunales todos los casos de acogidos a la amnistía en donde existen indicios de delitos relacionados con la corrupción o de blanqueo de capitales.

Aumentar el número de inspectores y subinspectores de Trabajo y Seguridad Social, y reforzar las actuaciones de la Inspección de Trabajo contra el fraude en sectores y áreas específicos.

Aprobar una nueva Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, adaptada a combatir la precariedad, que refuerce la cuantía de las sanciones en materia de relaciones laborales, favorezca la disuasión ante las infracciones e incentive el cumplimiento de la normativa.

Limitar los pagos en efectivo en las transacciones financieras a los 1000 euros. Además, se establecerá el derecho de los consumidores a pagar cualquier bien o servicio cuyo importe supere los 25 euros a través de tarjeta de crédito.

II. UN PLAN POR UN EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD

Reducir el desempleo y la precariedad son los dos grandes retos prioritarios para España. El mercado de trabajo español produce sistemáticamente unos niveles de paro extraordinarios y un altísimo nivel de temporalidad. España ha sido el único país de la OCDE en el que la tasa de paro ha superado el 20% hasta en tres ocasiones desde 1980. Además, desde la introducción de los contratos temporales en 1984, el porcentaje de trabajadores temporales respecto del total ha ido aumentando progresivamente, hasta superar significativamente la media de la UE, de forma que en los últimos 30 años uno de cada cuatro españoles en edad de trabajar ha sufrido sistemáticamente algún tipo de precariedad laboral. Esta situación continúa sucediendo en la recuperación actual: más de nueve de cada diez contratos que se crean son temporales. Solo por estas cifras se podría señalar que el funcionamiento del mercado laboral ha sido uno de los grandes fracasos de nuestra democracia.

Nuestro plan de gobierno plantea un cambio en el marco de las relaciones laborales para empezar a resolver los problemas del paro y la precariedad laboral. Es necesaria una redefinición del marco de relaciones laborales que cierre la brecha entre contratos temporales y fijos. Para ello proponemos un nuevo contrato estable con indemnizaciones crecientes, acompañado de un sistema de seguro contra el despido que incentive la movilidad laboral sin perder derechos adquiridos y que se convierta de no ser despedido el trabajador, en un complemento a su pensión. Además, se introducirán penalizaciones a las empresas que abusen de la rotación laboral, al tiempo que se incentivará a las que creen empleo estable mediante reducciones en las cotizaciones sociales.

En segundo lugar, para favorecer la estabilidad laboral es necesario permitir a las empresas formas de flexibilidad y adaptación para responder a los desafíos económicos y tecnológicos, de forma que el despido sea el último instrumento de ajuste. Proponemos por tanto una mejora de la flexibilidad interna de las empresas, basada en la negociación colectiva y en el acuerdo entre la empresa y sus trabajadores.

Por otro lado, uno de cada cuatro desempleados, más de un millón de personas, lleva cuatro años sin trabajar, y más de dos millones, lleva dos años o más en situación de desempleo. No solo es esta una situación dramática e inaceptable, sino que a medida que el ciclo económico va mejorando, estas personas permanecen excluidas del mercado de trabajo. Las tasas de participación en formación son bajísimas y caen fuertemente con la edad. Solamente uno de cada cuatro parados de larga duración menores de 25 años participa en algún proceso formativo, porcentaje que cae por debajo del 10% en caso del grupo de edad entre los 25 y 34.

Pese a esta situación, en los últimos años se ha recortado drásticamente el gasto en políticas activas, y destinado fundamentalmente hacia bonificaciones y subvenciones ineficaces. Nuestro programa de gobierno propone incrementar el gasto en políticas activas para que converja con la media europea, reorientar el gasto hacia la formación e introducir medidas destinadas a permitir un mayor control por parte de los desempleados sobre sus decisiones de formación. La profunda reforma de las políticas activas de empleo que planteamos está dirigida a acabar, en el largo plazo, con el drama del paro en nuestro país.

1. MEDIDAS PARA RECUPERAR EL EQUILIBRIO EN LAS RELACIONES LABORALES REFORMANDO LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

-Supresión de la prioridad absoluta del convenio de empresa sobre los convenios de ámbito superior. En materia de jornada y salario base cuando exista regulación contenida en el nivel sectorial superior al de empresa no podrá alterarse -a salvo de los procedimiento de descuelgue establecidos-. No obstante en el resto de las materias la preferencia residirá en el ámbito de la empresa.

-Mantenimiento de la ultraactividad de los convenios durante el periodo de renegociación y establecimiento de un periodo máximo de 18 meses, durante el cual deberá acudirse a resolver las discrepancias en un procedimiento arbitral.

-En el caso de la modificación de la estructura y cuantía del salario, el procedimiento que permite al empresario la modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual y colectivo se aplicará por una cuantía máxima del 5% y por un período máximo de 12 meses, tras el cual deberá demostrarse de nuevo la causa por el empresario y negociarse con un nuevo período de consulta.

-Supresión del arbitraje obligatorio de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos en los procedimientos de inaplicación (“descuelgues”) de los convenios colectivos. Si no se alcanza acuerdo tras el período de consulta se ha de acudir, a un procedimiento arbitral según el procedimiento de los acuerdos estatal o autonómicos de solución de conflictos.

-Desde la consideración de que la ordenación de la estructura de la negociación colectiva corresponde a la autonomía colectiva, el ámbito provincial de la negociación colectiva sectorial debe ser superado.

-El mantenimiento de la configuración legal del convenio colectivo de eficacia general debe acompañarse de mecanismos efectivos de adaptación negociada a las necesidades reales de las empresas.

2. MEDIDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL EMPLEO Y COMBATIR LA INESTABILIDAD Y LA PRECARIEDAD LABORAL

-Junto a los contratos de relevo y para la formación, las modalidades de contratación se reducen a dos: un contrato de trabajo indefinido para la cobertura de puestos de trabajo indefinidos; un contrato estable y progresivo para la cobertura de puestos de trabajo de duración determinada.

-La nueva reforma perseguirá:

Clarificar mejor las condiciones del contrato indefinido, especialmente respecto a las causas de despido, para reducir una excesiva litigiosidad interpretativa que incrementa las incertidumbres a todos los agentes,

Reforzar la protección de los trabajadores en el contrato estable y progresivo, para evitar la precariedad derivada de una excesiva rotación no justificada e

Incentivar adecuadamente la conversión de los segundos en los primeros.

-El nuevo contrato estable y progresivo no tendrá una duración superior a dos años aunque la negociación colectiva podrá acordar una duración menor según sectores de actividad productiva. Dichos contratos tendrán:

Una indemnización creciente por despido por causas económicas, organizativas, productivas, técnicas y de finalización del trabajo que tendrá un coste de 12 días el primer año, que se transforman en 16 días el segundo año y confluya con los 20 existentes hoy para los contratos indefinidos, reduciendo los saltos en la cuantía. En caso de despido improcedente la indemnización será de 20 el primer año, 25 en el segundo hasta confluir con los actuales 33 días por año.

Tutela judicial efectiva que evite su uso abusivo.

Supervisión dentro de la negociación colectiva que podrá llevar a cabo desarrollos específicos.

-En el tercer año se convertirá en un contrato indefinido. Para incentivar la conversión de los contratos de duración determinada en contratos indefinidos, se establecerá conjuntamente los sistemas, mencionados más abajo, de incentivos sobre cotizaciones sociales en función de la temporalidad (bonus/malus) y el nuevo fondo para financiar parte del coste del despido conocido como “fondo austríaco”.

-La regulación establecerá desincentivos para las empresas que abusen de un exceso de despidos por contratos estables y progresivos, mediante el incremento de las cotizaciones sociales por desempleo que deban satisfacer (malus), a la vez que se establece un nuevo incentivo (bonus) en las cotizaciones de aquellas empresas que despidan menos por esta causa y que incrementen su porcentaje de contratos indefinidos.

-Se creará un nuevo fondo (de forma similar al modelo desarrollado por Austria) en el marco del diálogo social, que se hará cargo del pago de 8 días por año de antigüedad en la indemnización que corresponda en caso de despido individual o colectivo. Cuando la empresa convierta contratos estables en indefinidos, se tomará en consideración la totalidad de la antigüedad del trabajador. Los trabajadores que no hayan dispuesto del fondo a lo largo de su carrera laboral, acumularán dicho fondo a la pensión de jubilación.

-Puesta en marcha con la mayor urgencia de un Plan de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que luche contra la explotación y la precariedad laboral

3. NEGOCIAR UN NUEVO ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

Junto a las medidas de carácter urgente para restablecer los derechos perdidos de los trabajadores y el equilibrio en la negociación colectiva, es necesario abordar la modernización de nuestro marco de relaciones laborales pues son muchas las condiciones que han cambiado desde que se aprobó el primer Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, el nuevo gobierno impulsará un proceso de negociación entre los principales interlocutores sociales, que culmine en el plazo de un año con la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere su naturaleza originaria de carta de garantía de los derechos laborales.

4. UN PLAN DE CHOQUE POR EL EMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL

-Nuestro gasto en acciones de empleo y de formación es claramente insuficiente en comparación con otros países europeos con menores problemas de paro y exclusión, y poblaciones activas con menores deficiencias en las competencias básicas para el empleo. Durante esta larga recesión, se aplicaron importantes recortes en materia de políticas de empleo, a la par que se producía un aumento desenfrenado del desempleo. De ahí que el esfuerzo en políticas de empleo deba ir convergiendo progresivamente hasta alcanzar una cifra similar a la de los países europeos más avanzados en materia de políticas activas de empleo (PAE). Para ello se duplicará a lo largo de la legislatura la correspondiente dotación presupuestaria. Sin embargo, este aumento del gasto no puede realizarse sin un cambio en el diseño y contenido de nuestras políticas activas.

-Una parte sustancial de las políticas activas que se han aplicado en los últimos lustros se han revelado escasamente eficaces y casi siempre ineficientes. Además, nuestra combinación de acciones de empleo y formación es claramente anómala en el contexto de los países europeos más avanzados. Nadie gasta tanto en incentivos al empleo como nosotros, y nadie destina tan pocos recursos a la orientación laboral. Otra anomalía adicional es la transferencia de la financiación que en España se concentra en las empresas y en los centros proveedores de servicios, contrariamente a los países europeos más avanzados que suelen transferir buena parte de la financiación a los beneficiarios de las acciones de empleo y formación.

-Por otra parte, algunas políticas, en especial las de formación, se han ganado un enorme desprestigio entre la población originado por los grandes fraudes descubiertos. La modernización de las políticas activas no pasa sólo por su fiscalización, sino, ante todo, por una evaluación rigurosa y permanente de sus resultados, persiguiendo tanto la eficacia como la eficiencia. Esta es una condición sine qua non para que la apuesta por las políticas activas sea creíble.

-La orientación laboral y formativa, hasta ahora residual, pasará a tener un rol protagonista para el desarrollo de las políticas de empleo. Se movilizarán los recursos necesarios, incluyendo los procedentes a tal efecto de la UE, para que cada Comunidad Autónoma pueda ofrecer una orientación personalizada a cada desempleado. El objetivo es que los Servicios de Orientación regionales puedan alcanzar un número óptimo de tutores por demandante registrado, con suficiente formación y que garantice la eficacia y eficiencia en orientación profesional.

-Después del drástico ajuste presupuestario en el inicio de la pasada legislatura, los incentivos al empleo se han vuelto a convertir en la política activa que más presupuesto absorbe, situándose de nuevo en niveles similares a los del 2008. En la actualidad existen más de 70 modalidades de bonificaciones, exenciones y reducciones de cuotas. En total, si sumamos los 2.100 millones de euros en reducciones y exenciones previstos en los PGE del 2016 (principalmente destinados a las tarifas planas y reducidas), se superan los 7.300 millones destinados a políticas activas, de los que más de la mitad se destinan a incentivos al empleo.

Existe un amplio consenso avalado por la evidencia, respecto de la escasa eficacia de este tipo de políticas activas, basadas en reducciones y bonificaciones sociales: cuando se generalizan de forma indiscriminada, tienen un elevado peso muerto y perjudican a los colectivos más vulnerables. Además, generan una seria limitación del gasto hacia otras políticas activas tales como la orientación y la formación, necesarias para superar el problema del paro de larga duración y el déficit de competencias del que adolece nuestra población activa. Junto a ello, los incentivos a la conversión de contratos temporales terminan siendo herramientas ineficaces para corregir los excesos de rotación laboral, si se mantienen de forma prolonga en el tiempo y, finalmente, las exenciones y reducciones han ido sustituyendo a las bonificaciones como principal forma de incentivo, causando un gran perjuicio a los ingresos de la Seguridad Social.

-Por todo ello, nuestra propuesta consiste en sustituir la inmensa mayoría de las exenciones y reducciones que supongan una merma de los ingresos a la Seguridad Social por programas eficaces para reintegrar a los desempleados en el mercado laboral, reorientar las bonificaciones para la conversión de contratos temporales en indefinidos, y centrarse en los colectivos más vulnerables a través de un programa de subvenciones para los parados de larga duración.

-Se desarrollará un Plan de recolocación externa de trabajadores despedidos (PREX) destinado prioritariamente a los mayores de 45 años, desvinculados definitivamente de su empresa de manera voluntaria o forzosa, como consecuencia de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en un proceso de reestructuración empresarial, para que sean asistidos inmediatamente en la búsqueda de empleo y lograr que estén el menor tiempo posible en situación de desempleo.

-En el ámbito de la formación conviene diversificar la oferta de acciones de formación abriendo el abanico de políticas activas mediante, por ejemplo, cheques destinados a los desempleados para la realización de cursos de formación de su elección. La posibilidad de beneficiarse de estos cheques se verá acompañada con los consejos de orientadores para la formación y por la información sobre la calidad de los cursos ofrecidos por cada centro previa evaluación de los mismos. Todo ello se acompañará de una evaluación experimental previa que determine las características óptimas que deben tener (cuantía, tipo de formación y tipo de beneficiarios), en comparación con otros instrumentos que ya se están utilizando. El objetivo no es que los nuevos instrumentos sustituyan totalmente a los antiguos, sino buscar la combinación de políticas activas que se muestren más eficaces y eficientes.

-Nuestra política laboral necesita un enorme salto en la modernización de la gestión de las políticas activas. Sobre todo resulta imprescindible impulsar definitivamente una atención individualizada basada en el perfilado de los desempleados. Para ello, los orientadores tendrán a su disposición un programa de perfilado estadístico, basado en los datos personales del desempleado, sus competencias profesionales, la evolución del mercado de trabajo y las competencias requeridas para salir del desempleo y para trabajar en una determinada ocupación. También tendrá a su disposición los indicadores de eficacia esperados de cada una de las políticas activas disponibles con los que podrá formular propuesta de itinerarios. Esta nueva herramienta incorporará toda la información disponible para todo el territorio nacional, con datos procedentes de los registros del SEPE y de los portales de empleo y podrá ser perfeccionada en cada Comunidad Autónoma con la información que se considere más relevante.

-Es fundamental llevar a cabo una estrategia de evaluación permanente de las políticas activas de empleo. Es necesario acentuar la orientación a resultados y aumentar el control sobre los programas y la selección de los participantes. Junto a ello, tanto en el ámbito de la intermediación laboral, como en el de la formación, la colaboración público-privada puede contribuir a incrementar la efectividad de las políticas fomentando la competencia entre centros formativos y generalizando la evaluación de los programas y la vinculación de la financiación a los resultados obtenidos. Una Agencia específica y autónoma se creará para, entre otras cosas, mantener estrategia de evaluación continua en la formulación y los resultados de todos los instrumentos utilizados en la política activa de empleo.

-Es necesario poner en marcha un Plan de choque contra el paro de larga duración. Se trata del problema más dramático al que nos hemos de enfrentar con decisión a lo largo de los próximos años. La recuperación económica no está beneficiando por igual a todas las personas que desean trabajar. Las tasas de salida del paro hacia el empleo de las personas que llevan más de 2 años buscando empleo apenas ha respondido al inicio de la recuperación, por eso, reintegrar a estas personas en el mercado de trabajo es una emergencia social que hay que afrontar con absoluta prioridad. Para ello se impulsarán las siguientes medidas:

Programa de subvenciones para la contratación de parados de muy larga duración para aquellas empresas que contraten a parados de larga duración. Irá dirigido especialmente a aquellos parados de larga duración, con escasa experiencia laboral o que requieran de movilidad sectorial u ocupacional para su integración en el mercado de trabajo. Los incentivos tendrán el objetivo de compensar a las empresas por los costes de formación que generarán estos trabajadores. Además, se exigirá al empleador que provea algún tipo de formación o acreditación de competencias del empleado beneficiario de la subvención.

Plan de Reintegración Laboral que quintuplique el actual presupuesto destinado al Programa Prepara, financiables con la supresión de las exenciones y reducciones en las cuotas a la Seguridad Social y con los fondos europeos para combatir el paro de larga duración. Este plan debe garantizar un nivel de cobertura suficiente y atender las necesidades de orientación y formación.

Las personas desempleadas de larga duración que no dispongan de prestaciones y que requieran de un intenso proceso de formación para su reinserción en el mercado de trabajo tendrán derecho al cobro de una Renta de Reintegración durante la duración de este proceso de formación. La cuantía y duración de esta renta se realizará en función de las necesidades económicas y formativas del desempleado y estarán condicionadas a la estricta participación en el proceso formativo. Los parados de larga duración podrán beneficiarse de este programa, no sólo por una duración de 6 meses como ocurre en la actualidad, sino durante todo el tiempo necesario hasta que se culmine su reintegración en el mercado de trabajo.

-Una prioridad esencial consiste en el fomento de la adquisición de competencias básicas para el empleo. Para ello debe desarrollarse un Plan para la Adquisición de Competencias Básicas para el Empleo. Aunque en España la tasa de abandono escolar ha caído de forma sustancial en los últimos años, existen hoy más de 800.000 jóvenes que no consiguen alcanzar ni tan siquiera el nivel correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria. Además, nuestra población adulta está entre las que menor nivel de competencias en lectura, matemáticas, idiomas y alfabetización digital de toda la Unión Europea. El plan iría destinado a otorgar una certificación a quienes no ha alcanzado un nivel educativo básico, con una partida presupuestaria propia y un diseño de incentivos que fomente el aprendizaje permanente entre los adultos. Y en cuanto a los jóvenes, se trata de que tengan la posibilidad de acreditarse en competencias clave de nivel imprescindibles para optar a la especialización formativa en un plazo de 6 meses. El programa se desarrollará con la suma de tres acciones: (i) oferta pública de cursos de competencias clave de nivel 2; (ii) elaboración de un dispositivo de formación a distancia para realizar estos cursos; (iii) realización masiva de pruebas de acreditación de las competencias clave. También en el ámbito de la lucha contra el paro entre los jóvenes, es necesario dotar de recursos suficientes el Plan de Garantía Juvenil para financiar programas de segunda oportunidad para luchar contra las consecuencias de abandono escolar temprano y financiar programas de primera experiencia profesional.

-La introducción y aplicación de las nuevas tecnologías en la empresa está produciendo una progresiva desvalorización de la experiencia laboral. En consecuencia, la falta de cultura del aprendizaje permanente en una economía de conocimiento ha aumentado considerablemente el riesgo de desplazamiento de los trabajadores con más edad y antigüedad en la empresa, que necesitan de procesos de reciclaje. Una vez separados de su empleo, su reintegración en el mercado de trabajo con un puesto de trabajo similar resulta especialmente costosa, y en muchos casos imposible. Es pues necesario actuar de forma preventiva, desarrollando las acciones que puedan facilitar la conservación de los empleos a cambio de realizar procesos intensivos de formación. A tal fin debe desarrollarse un Programa de recualificación profesional para empleados que combine procesos de formación con la percepción de una prestación, en forma de renta de recualificación. Irá destinado a los trabajadores mayores de 45 años, con un largo período de antigüedad en la empresa y estarán sometidas al compromiso de reserva del empleo por parte de las empresas.

-Con independencia de las medidas hasta aquí descritas es razonable poner en marcha un programa público de formación y empleos de transición. Con proyectos concretos propuestos por las propias personas paradas, por las administraciones locales o por entidades sin ánimo de lucro cuyo coste salarial se asume durante seis meses. Para la financiación del Plan se contará con los ingresos procedentes de la supresión y reorientación de las actuales reducciones y bonificaciones a la contratación (salvo las dedicadas a las personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social o víctimas de violencia de género).

III. ALCANZAR UN PACTO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA COMO UNO DE LOS EJES FUNDAMENTALES PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

La educación y la formación, la cultura, la ciencia y la investigación, es decir, el conocimiento, son condición de empleo y también de participación eficaz en los asuntos públicos, en el desarrollo personal como ciudadano y en la asunción de valores democráticos. Son la única garantía de un desarrollo sostenible y justo. Su extensión al conjunto de la sociedad tiene a su vez una profunda dimensión social como garantía de una efectiva igualdad de oportunidades.

El derecho a una educación universal y gratuita es uno de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y corresponde a los poderes públicos desarrollar políticas que proporcionen una formación equitativa y de calidad a la ciudadanía y una educación pública de calidad que garantice la equidad y la igualdad de oportunidades. A pesar de los importantes logros alcanzados, nuestro sistema educativo sigue adoleciendo de importantes carencias, tanto en calidad como en la corrección de desigualdades.

Transitar hacia la sociedad del conocimiento es una tarea colectiva. Para conseguirlo, es imprescindible restablecer los consensos y recomponer lo que se ha venido desarticulando por ausencia de procesos de acuerdo. Se requiere estabilidad legislativa, de objetivos y recursos. Ello solo es posible si se sustenta en grandes acuerdos sociales y políticos por la educación, la ciencia y la cultura.

1. EL PACTO POR LA EDUCACIÓN

Educación no universitaria

-Pacto Educativo. Constituir una Mesa para alcanzar un Pacto Social y Político por la Educación que, en el plazo de seis meses, permita la elaboración de un marco legal consensuado. Mientras tanto, se paralizará con carácter inmediato el calendario de implantación de la LOMCE en todos aquellos aspectos que no han entrado en vigor.

-Promover los instrumentos que aseguren, preserven y potencien el carácter inclusivo e integrador de la enseñanza, impulsando la atención individualizada, los modelos tutoriales personalizados y la flexibilización de los currículos.

-Configurar la beca como derecho subjetivo que garantice su reconocimiento efectivo a todo el que reúna las condiciones establecidas para obtenerla, de modo que el crédito correspondiente en los PGE tenga la condición de ampliable. Y garantizar, asimismo, la gratuidad de la enseñanza pública obligatoria, con las ayudas precisas para la adquisición y la compartición de libros de texto.

-Universalizar de manera progresiva la oferta de Escuelas Infantiles en la primera etapa de 0 a 3 años. El Gobierno asegurará la oferta pública asequible suficiente para cubrir progresivamente la demanda.

-Reforzar el reconocimiento social y profesional de los profesores, mejorar su formación y fijar sistemas acordados de evaluación. Aprobar un Estatuto del Personal Docente que impulse su profesionalización, dignifique la función docente, regule sus condiciones de trabajo, establezca los criterios para su promoción e incorpore un sistema de acceso a la docencia a través del MIR Educativo. Se trata también de asegurar una sólida formación académica, pedagógica, comunicativa y social, a partir de una evaluación rigurosa y útil.

-Constituir un grupo de trabajo que, en el plazo de tres meses, proponga una revisión global del sistema de formación profesional (reglada y para el empleo), que incluya medidas de fomento para las medianas y grandes empresas destinadas a lograr su cooperación y compromiso con la formación profesional de personas ajenas a sus propios trabajadores o aspirantes a serlo. El sistema de FP debe adaptarse continuamente a los cambios técnicos y las demandas a medio plazo de la sociedad, por ejemplo mediante la FP en alternancia.

-Dotar de más autonomía y flexibilidad interna a los centros educativos para el mejor cumplimiento de sus fines de calidad y equidad, dotándoles de evaluaciones periódicas y eficaces. Debe perseguirse también la mayor implicación posible de las familias en los proyectos educativos.

-Nos proponemos establecer un modelo educativo bilingüe o trilingüe añadiendo una lengua extranjera, de preferencia el inglés, a la oficial u oficiales de cada Comunidad Autónoma, respetando las competencias de cada Autonomía para establecer el peso ponderado de cada lengua en el horario escolar.

-Mejorar las competencias cognitivas y no cognitivas, mejorando el aprendizaje de habilidades como el uso crítico de la información, el fomento del trabajo en cooperación, el espíritu emprendedor y la ciudadanía crítica.

-Crear un Plan Estatal de Convivencia Escolar que asegure una prevención y un control eficaces frente al acoso escolar, el ciberacoso y el bullying, en cuya ejecución se impliquen los centros docentes.

Educación universitaria

-Impulsar una política universitaria que renueve y fortalezca nuestras universidades, como parte esencial del “sistema del conocimiento”, para que cumplan con autonomía y mayor eficacia sus altas funciones sociales: la creación, desarrollo, especialización, transmisión y crítica de la ciencia, la técnica y la cultura; la difusión, el fomento de la competencia, la valorización y la transferencia del conocimiento; la preparación para el ejercicio de actividades profesionales; y la formación permanente de la ciudadanía.

-Establecer la evaluación rigurosa de la calidad del sistema, el diálogo social e institucional y la búsqueda de acuerdos para afrontar los problemas y retos de nuestras universidades.

-Fomentar la internacionalización del sistema universitario en todos sus ámbitos, tanto docente como investigador, y la fluidez en los intercambios dentro del sistema universitario y con otros centros de investigación y docencia. Crear las condiciones para el retorno de los investigadores de excelencia españoles en el extranjero y para la atracción de investigadores de primera línea mundial.

-Presentar una propuesta de Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) que regule las condiciones de acceso, trabajo y carrera profesional, para su debate y acuerdo con las universidades, las comunidades autónomas y los interlocutores sociales. Promover un plan especial para reparar los efectos de las limitaciones en la tasa de reposición. Priorizar los méritos de investigación en el acceso del PDI, determinando el uso de los sexenios como criterio mínimo de calidad. Modificar la reglamentación de la ANECA para resolver sus deficiencias. Incentivar la internacionalización del PDI. Incorporar periodos obligatorios en otras universidades.

-Promover, en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Universidades, un nuevo marco estatal de precios públicos de matrícula que tenga en cuenta los niveles de renta de la unidad familiar de cada estudiante y permita mantener un marco coherente en el conjunto del Estado asegurando así la igualdad de oportunidades.

-Establecer el carácter de las becas como derecho subjetivo de todas las personas con necesidad de ayuda para igualar oportunidades. Promover programas de becas de excelencia y de becas-salario, para las familias con más necesidades.

-Definir un nuevo modelo de financiación de las universidades públicas que sea transparente, que garantice la suficiencia de recursos, la eficacia y la eficiencia, y que genere estímulos consistentes para la mejora de los resultados y la calidad del sistema. Mantener el objetivo europeo a medio plazo de invertir el 3% del PIB en educación superior. Llevar a cabo un análisis riguroso sobre la situación financiera real de las universidades. Una parte relevante de la financiación debe distribuirse estableciendo objetivos y evaluando resultados (en investigación y en docencia), mediante los incentivos adecuados y garantizando no obstante la financiación básica. Establecer incentivos en forma de financiación adicional ligada a la empleabilidad lograda y a la consecución exitosa de programas de investigación. Desarrollar una nueva ley de mecenazgo con incentivos fiscales atractivos.

-Mejorar la gobernanza de las universidades públicas, evaluando sus resultados, impulsando su profesionalización, e introduciendo los cambios de estructura y funcionamiento que se deriven del debate, la participación y el consenso de toda la comunidad universitaria.

-Impulsar un programa específico para recuperar al alumnado que haya tenido que abandonar sus estudios universitarios por motivo de los cambios legislativos del anterior gobierno o cambios sobre sus condiciones socioeconómicas desde el inicio de la crisis. Promover un programa de ayudas para personas tituladas universitarias en situación de desempleo para que puedan pagar la matrícula de master en universidades públicas.

2. EL PACTO POR LA CIENCIA

-Promover un amplio acuerdo social y político que, partiendo del Acuerdo Parlamentario por la Ciencia suscrito en 2013, permita alcanzar el máximo consenso en torno a las políticas de ciencia, tecnología e innovación.

-Crear el Consejo para la Ciencia y la Innovación, presidido por el Presidente del Gobierno.

-Impulsar la inversión pública en I+D+i civil y recuperar como objetivo estratégico el consenso europeo del 3% del PIB. Defender en las Instituciones Europeas la aplicación de la “regla de oro” a las inversiones en I+D+i.

-Promover un Plan Especial para la incorporación, recuperación y consolidación del talento científico que permita, en colaboración con las comunidades autónomas, las universidades, los organismos públicos de investigación y otros centros de investigación públicos y privados, incorporar con criterios de excelencia a 10.000 investigadores en cuatro años, con especial atención a los que se encuentren en las etapas iniciales de su carrera, dotándolo de los medios y recursos necesarios para alcanzar ese objetivo.

Noticias relacionadas

-Reforma del Estatuto de la Agencia Estatal de Investigación para que responda al modelo del European Research Council y al papel previsto para ella en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011.