El juez imputa a 19 personas más en Valencia por blanqueo

Estaba previsto que los interrogatorios a personas del entorno de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá por un presunto delito de blanqueo de capitales acabasen la próxima semana, pero finalmente no será así porque no dará tiempo. El juez que investiga el 'caso Imelsa' ha citado a declarar a otras 19 personas por la misma ilegalidad. Con estas citaciones, el número de imputados (calificados como ‘investigados’ tras la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal impulsada por el PP) por un presunto amaño de contratos en distintas administraciones públicas de la Comunidad Valenciana se eleva a 80, de los que 56 'solo' están encausados por blanqueo. 

Entre los 19 nuevos investigados están los exconcejales populares en el Ayuntamiento de Valencia Emilio del Toro y Ramón Isidro Sanchís, además de varios asesores del PP. Los interrogatorios del titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia se alargarán así una semana más, hasta el 24 de febrero. Por ahora han prestado declaración ante el juez los 24 investigados que fueron detenidos el 26 de enero a raíz de la operación Taula (entre ellos, el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y sus colaboradores más cercanos en la corporación) y otros 20 imputados. Todos mantienen su condición de investigados. Rus salió en libertad bajo fianza tras tres días en las dependencias policiales. 

ABOGADO EN VARIOS FRENTES

Uno de los 10 investigados que habían sido citados para este miércoles, que trabaja como asesor municipal del PP, no ha llegado a declarar por motivos de agenda de su abogado, que interviene en el juicio por el 'caso Nóos', que se está celebrando en Palma. Por ello, su comparecencia ante el juez se ha pospuesto. Entre el resto de personas que tenían que responder en esta jornada ante el instructor se encuentran María Ángeles Ramón-Llin, concejala del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, los exconcejales Silvestre Senent y Ana María Albert, y otros seis asesores del mismo grupo. Dos de estos encausados se han acogido a su derecho a no declarar. 

La investigación del caso se centra en la empresa pública Imelsa, vinculada a la Diputación de Valencia; la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital; Ciegsa (empresa creada por la Generalitat para la construcción de infraestructuras educativas y en la que se han detectado sobrecostes cifrados en 1.000 millones de euros) y la Fundación Jaume II El Just, por efectuar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. En todas estas empresas e instituciones públicas se investigan contratos desde el año 2003, época en la que el PP estaba a cargo de todas ellas.