El Constitucional admite el recurso del Govern contra su reforma exprés
La Generalitat considera que el texto pretende frenar las aspiraciones independentistas

Tribunal Constitucional / JLR
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso presentado en diciembre por la Generalitat contra la 'reforma exprés' del citado tribunal. Este paso no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, que el tribunal resolverá en los próximos meses, ni tampoco suspende la vigencia de la ley. De momento lo que se ha hecho es dar traslado de la petición al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno en funciones, que disponen de un plazo de quince días para personarse en el proceso y formular alegaciones.
Como la norma sigue estando vigente, el TC ya tiene sobre la mesa la aplicación de esta reforma tras la impugnación por parte del Gobierno central de la creación en el Parlament de una comisión de estudio para analizar el llamado "proceso constituyente".
La Generalitat recurrió el texto al Constitucional al entender que la reforma de este tribunal "vulneraba garantías constitucionales" y alteraba el equilibrio de los poderes del Estado.
Tanto en el Congreso como en el Senado, el texto se tramitó por la vía de urgencia y en plazos muy cortos, 13 días en el caso de la Cámara alta, donde es además la última ley aprobada en esta legislatura. Se trata de una reforma que ha sido muy criticada por toda la oposición, que la tildó de electoralista porque considera que cambia la naturaleza jurídica del Constitucional y que fue elaborada 'ad hoc' contra el anterior presidente de la Generalitat Artur Mas.
LA UNIDAD DE ESPAÑA
Durante la tramitación, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando -en línea con la posición mantenida por el presidente del grupo del PPC en el Parlament, Xavier García Albiol-, admitió que era necesario reforzar al alto tribunal para evitar que Mas y su "movimiento político" de "ideología antagónica" pueda «destrozar España».
De ahí que los partidos nacionalistas e independentistas consideran que la norma pretende "explotar la idea de unión nacional empleando el discurso del miedo" para frenar el independentismo en Catalunya.
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