Una economía en prórroga
Unas elecciones pueden ser una salida a una situación política vista por el empresariado como un bucle
Agustí Sala
Redactor jefe de Economía
Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca, de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG) 2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School
AGUSTÍ SALA / BARCELONA
O pacto y Govern estable o elecciones. El mensaje más reciente del Cercle d'Economia, un foro cuyas opiniones se suelen tener muy en cuenta, fue contuntende un mes antes de los comicios autonómicos del 27 de septiembre (27-S) con respecto a la situación política de Catalunya. El mundo económico no quiere incertidumbres o, al menos, que estas duren demasiado tiempo.
Ni tampoco son de su agrado los llamamientos a incumplir con la legalidad procedentes de las fuerzas defensoras del soberanismo. Es por ello que la declaración soberanista de Junts Pel Sí y la CUP el pasado 9 de noviembre -- para conmemorar la consulta celebrada un año atrás--, provocó una gran inquietud en el mundo empresarial. Tanta que el propio 'president', Artur Mas, hoy en funciones, se vio forzado a convocar a la cúpula del Cercle para calmar los ánimos. No pareció lograrlo.
Y en la actualidad se configura un panorama encaminado a unas nuevas elecciones, sin garantías de que estas se salden con la ansiada estabilidad que reclama el mundo empresarial. En todo caso podrían suponer una salida del bucle en el que parece instalada la situación política.
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La última legislatura de CiU se ha caracterizado por una escaso margen de gestión. Por un lado, el aparato del Estado ha paralizado varias medidas de política fiscal para incrementar los ingresos, desde el gravamen sobre los depósitos bancarios hasta los que recaen sobre las centrales nucleares; y por el otro, se ha agrandado el rol del Gobierno central como acreedor de la Generalitat a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
DOS PERIODOS DIFERENCIADOS
Lo cierto es que el mandato de CiU ha tenido dos periodos diferenciados. El primero estuvo marcado por unos recortes de 6.423 millones entre el 2011 y el 2015, según un informe del ministerio de Hacienda. El grueso de los ajustes, que hizo de Catalunya, la comunidad más aplicada en políticas de austeridad, se concentró en la primera legislatura convergente, que duró hasta el 2012. Tras estos tijeretazos, el gasto social en Catalunya se situó al mismo nivel que una década atrás.
El otro mandato, el finalizado en septiembre pasado, se centró en los ingresos, sin alcanzar el objetivo de obtener más de 2.000 millones con la venta de activos. Y en una fiscalidad acordada con ERC, que, según muchos expertos, nada tiene que envidiar en su tinte izquierdista a la que propone Podemos. En todo caso, la formación de Artur Mas ha protagonizado reformas que iban contra su propia actuación previa, como la recuperación del impuesto de sucesiones y donaciones, que en la primera legislatura, prácticamente suprimió, con el apoyo del PP.
MÁS DEUDA
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El Ejecutivo de CiU se hizo con las riendas de la Generalitat a finales del 2010. Entonces la deuda catalana superaba los 31.000 millones de euros. Desde entonces, el pasivo con el que carga la Administración catalana superaba los 68.000 millones de euros en el tercer trimestre del 2015. Pero no todo se explica por una acumulación exagerada de déficits, pese a que el Govern no ha cumplido ningún año el mandato del Estado. El ritmo de crecimiento se ha ralentizado. No obstante ha habido factores que han influido mucho más que en etapas anteriores.
Una es el mecanismo de pago a proveedores, destinado a pagar facturas atrasadas y que se mantuvo hasta el 2014, para luego fusionarlo con el FLA. El otro elemento, y quizá el de más peso, la incorporación de nuevos criterios contables por mandato comunitario que han ampliado el pasivo en los últimos años. De hecho, en el 2015, esas variables sobrevenidas significaron más de 9.000 millones de la deuda total, explican fuentes del Govern.
Pero si algo ha caracterizado al Ejecutivo de Artur Mas, han sido las prórrogas presupuestarias. Una de siete meses en el 2011, otra que duró todo el 2013 y otra más corta en el 2015, después de que el PP impugnara las cuentas. Y otra en el 2016. Algunos ven en ello un resquicio de italianización: una política incapaz de avanzar y una economía que va a la suya. Pero, como con la deuda o el déficit, todo tien un límite.
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