El Constitucional anula la ley de la Agencia Tributaria Catalana

El Tribunal Constitucional ha declarado ilegal la creación de un cuerpo propio de inspectores y gestores de Hacienda en Catalunya porque considera que vulnera la competencia del Estado sobre los funcionarios. Con esta decisión, el alto tribunal apuntilla la intención del Govern de Artur Mas de contar con una estructura del Estado como la “Hacienda propia”.

La sentencia rechaza la norma catalana porque configura “una modalidad de acceso a un cuerpo de funcionarios públicos” de la Generalitat en el que están “vedadas varias categorías de personal”. Y es que la legislación anulada buscaba “la integración voluntaria” de estos funcionarios siempre y cuando tengan destino definitivo en Catalunya o presten servicios en la Generalitat o en el sector público que de ella dependa.

Los magistrados sostienen que este planteamiento contradice el “derecho de acceso en condiciones de igualdad a la función pública”. Y rechazan que este cuerpo de funcionarios se considere como un sistema de provisión de puestos de trabajo, como alegó la Generalitat.

ARGUMENTOS Y RÉPLICA

Los jueces explican que en la función pública es normal que se cambien de puestos de trabajo, pero que la pretensión de la Generalitat no es esa movilidad, sino restringir la participación en ese cuerpo a funcionarios que trabajen en Catalunya. Por ello, afirma que esta norma “contradice de un modo efectivo e insalvable la norma básica de acceso a la función pública”. El TC ya suspendió esta norma el pasado mes de julio tras admitir el recurso del Gobierno central.

Mas legisló esta normativa con la intención de crear una “Hacienda propia” que recaudara todos los impuesto que se generen en Catalunya. Por ello, en los últimos presupuestos CiU y ERC acordaron incrementar la partida para la Agencia Tributaria de Catalunya de 33 a 54 millones de euros y aumentar la plantilla de 168 a 500 funcionarios. Además, esta norma buscaba dar cobertura a los funcionarios estatales de la Agencia Tributaria que querían incorporarse a la catalana, ya que para poder integrarse en ese cuerpo debían pedir una excedencia ante la negativa de la Hacienda estatal de autorizar su traslado en comisión de servicios. La 'consellera' de Governació, Meritxell Borràs, ha replicado que el Govern "sigue adelante" con el proyecto porque la resolución solo afecta a un artículo (el de la incorporación voluntaria de funcionarios) que la Generalitat ya está trabajando para reformularlo. 

FRACCIONAMIENTO DEL FLA

En el terreno de la confrontación entre administraciones, el Ministerio de Hacienda tiene previsto fraccionar en un máximo de 10 tramos los 3.000 millones de euros del excedente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Con esta medida, Cristóbal Montoro quiere asegurarse de que el Govern destina el dinero al pago de proveedores y no al proceso soberanista. Para Mas, en cambio esas condiciones representan un "ahogo" y una "humillación"ahogohumillación.