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El PSC reclama que Aigües Ter Llobregat vuelva a ser pública

Los socialistas impulsan una proposición a la Mesa del Parlament para que se revierta la mayor privatización de la Generalitat

Roger Pascual

Proposición de ley del PSC sobre Aigües Ter Llobregat

Proposición de ley del PSC sobre Aigües Ter Llobregat

El PSC presentará la semana que viene una proposición de ley en el Parlament para que la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) vuelva a ser declarada 100% pública. Eva Granados, portavoz del grupo socialista, y el diputado Jordi Terrades entregarán entre el lunes y el martes a la Mesa esta iniciativa para intentar resolver el embrollo que se produjo después de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) suspendiera el concurso de la gestión a un consorcio encabezado por Acciona.

“Dentro de 10 días se celebrará en París la cumbre del cambio climático. Y todos los estudios dicen que Catalunya sufrirá en los próximos años muchos periodos de sequía. Catalunya, que ya de por sí tiene problemas en este aspecto, necesita tener el control sobre un recurso tan estratégico como el agua”, ha señalado Terrades.

ADJUDICACIÓN CONFLICTIVA

El diputado, que ha recordado que esta propuesta ya era un compromiso contraído en su programa electoral, considera que fue un error muy grave que el Govern decretara esta licitación. “Creemos que fue un grave error no tan solo por la chapuza de la adjudicación, sino también por el concepto mismo de desprenderse de un elemento clave”, ha aseverado. Un consorcio encabezado por Acciona se impuso en el concurso celebrado en el 2012, superando en la liza a Aigües de Barcelona (Agbar). El Ejecutivo catalán se embolsó 298,7 millones al firmar el contrato en diciembre del 2012 y utilizó también los 696,9 millones para reducir el déficit del ejercicio de ese año en cinco décimas. 

Agbar, después de perder el concurso, decidió impugnar la mayor privatización acometida por la Generalitat. El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC) dio la razón a Agbar y el TSJC resolvió, el pasado mes de junio, que la concesión quedaba “nula” por considerar que se habían “vulnerado los principios de publicidad, concurrencia e igualdad”.

El Govern, tras conocer la resolución judicial, decidió interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la anulación. El 'conseller' de Economia, Andreu Mas-Colell, cifró en 326 millones el coste que supondría anular la concesión. “No les acompañaremos en esta deriva liberal”, señala Terrades. La iniciativa del PSC cuenta con el visto bueno de otros grupos del Parlament, como la CUP. La formación que encabeza Antonio Baños reclamó esta semana a Junts pel Sí la supresión de la venta del consorcio como una de sus exigencias para allanar la investidura.