El juez requiere a la Generalitat y a cinco empresas documentos sobre la organización del 9-N

El juez del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya(TSJC), Joan Manel Abril, ha requerido la Generalitat y a cinco empresas documentacióm sobre el proceso participativo celebrado el pasado 9 de noviembre del 2014. El magistrado de motu propio ha solicitado a la Conselleria d'Economia que certifique el coste que comportó la consulta alterntiva, con indicación de los diferentes conceptos y las partidas presupuestarias a las que se asignaron los gastos. Al Institut d'Estadística de Catalunya le pide que indique si a razín del 9-N cedió los datos del resitro de población de Catalunya y si esto se instrumentalizó mediante algún acuerdo o convenio.

El magistrado también ha admitido ocho peticiones realizadas por la fiscalía. La primera de ellas va dirigida al secretario general de la Presidència, al que se le solicita que certifique que dictámenes, asesoramientos o informes, verbales o escritos, se recabaron en relación a la con la inicial consulta impulsada por el Gobierno catalán, así como los vinculados al 9-N . Según ha podido saber este diario, se recabaron informes jurídicos sobre el riesgo que comportaba la celebración de la consulta. Algunos abogados apuntaron entonces que si se realizaba la consulta tras la prohibición del Tribunal Constitucional se podría estar cometiendo un delito.

PAPELETAS, URNAS Y ORDENADORES

El juez también a solicitado al Centre d'Inciatives per la Reinserciò (CIRE) que identifique la empresa logística contratada para efectuar las tareas de recogida, entrega y distribución del material confeccionado por los presos en un centro penitenciario. En concreto, hicieron las urnas y las papeletas y las urnas utilizadas en 9N. Además, reclama los expedientes administrativos de contratación.

A la empresa Servei de l'Espectácle Focus, el magistrado le pide la documentación técnica y financiera sobre la habilitación del centro de prensa que hizo servir la entonces vicepresidenta, Joana Ortega, para dar los resultados de la votación a los medios de comunicación, incluyendo las posibles subcontrataciones. A la compañía Fujitsu Technology Solutions, se le reclama documentación sobre la instalación de los programas informáticos en los ordenadores que fueron distribuicios en los centros educativos para registar a los votantes, así como quien realizó el transporte y cuando. Similar es la petición efectuada a T-System. También se solicitan documentos  a la compañía Telefónica sobre la adqusición de 7.000 ordenadores y a Hewlett Packar sobre el encargo para la instalación de programas.

El juez ha realizado ahora estas peticiones a raíz de las declaraciones de cinco testigos la semana pasada y en las que apuntaron que la Generalitat continuó colaborando con el proceso participativo a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, los ordenadores y las urnas fueron repartidas por los centros educativos del 4 al 9 de noviembre. La directora de un instituto de l'Hospitalet, además, aseguró que había recibido el 6 y 7 de noviembre llamadas de una cargo de la Conselleria d'Ensenyament para que entregara las llaves del centro, ante su negativa a abrir las puertas para la votación del 9-N.