operación petrum iii
La Guardia Civil se incauta de toda la contabilidad de CDC
J. G. ALBALAT / MARGARITA BATALLAS / BARCELONA / MADRID
La Guardia Civil se incautó ayer en la sede central de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en Barcelona la contabilidad del partido nacionalista, según han confirmado a este diario fuentes judiciales. Los agentes clonaron el disco duro de los ordenadores donde estaba instalado el programa informático que se utiliza para llevar la contabilidad.
El registro del tesorero del partido y administrador de Catdem, Andreu VilocaCatdemAndreuViloca, duró pocos minutos, ya que la Guardia Civil se llevó los documentos que les interesaba, entre ellos la contabilidad de la fundación convergente, el pasado 28 de agosto. Los agentes se entretuvieron más en buscar en los despachos del exgerente del partido y secretario del patronato de la fundación, Carlos del Pozo, y de la administrativa detenida.
En la entrada y registro de ayer, que duró todo el día, la el instituto armado también se llevó unas cajas en las que había la inscripción CatDem y que contenían fotocopias de la contabilidad de esta entidad, que ya está en poder los investigadores desde el pasado mes de agosto.
Los 10 detenidos han sido trasladados a las dependencias de la Guardia Civil en Tarragona. Allí han sido interrogados por los agentes que llevan el caso de presunta financiación ilegal de CDC. Tanto Viloca, como Del Pozo y la administrativa del partido detenidos está previsto que acojan al derecho a no declarar y esperan a comparecer ante el juez del Vendrell que instruye el proceso judicial.
MEDIDAS CAUTELARES
Los fiscales anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo tienen la intención de pedir medidas cautelares para algunos de los detenidos y probablemente solicitarán prisión para el tesorero de CDC, Andreu Viloca, y para Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructures, la antigua Gisa, bajo el argumento del riesgo de destrucción de pruebas. A los empresarios arrestados se les atribuye el pago de comisiones (la media es del 3%) a cambio de la adjudicación de obra pública o servicios.
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